De forma sucinta, el ministro aboga por una especie de sistema mixto.
Los planes de pensiones, como producto, tienen un problema importante hoy día. Son una herencia del pasado que sólo quiere una minoría. Es un producto demasiado rígido que no encaja en la visión cortoplacista de los actores económicos del s. XXI. Fíjese si no en qué época las entidades financieras empiezan a hacer campañas. No son campañas continuadas de todo el año. Siempre venden el producto a final de año que es cuando el cliente bancario es más susceptible a hacer desgravaciones fiscales (siempre se deja todo a última hora).
Observe también en qué consisten los ganchos de los planes de pensiones. Muchas organizaciones, especialmente gubernamentales, se quejan de los regalos asociados a estos productos. Los bancos regalan desde jamones, a ‘home cinemas’, pasando por licuadoras en la venta de sus planes de pensiones. Lo que no encaja es que un producto financiero a tan largo plazo tenga un reclamo a tan corto plazo como un bien de consumo vulgar. ¿Cómo es que en las campañas de fondos de inversión –producto cuya gestión es la misma que un plan de pensiones– no se regalan productos para la cocina y el hogar también?
En realidad, para una parte importante de la demanda, los planes de pensiones no son tal, sino que consisten en el pago de un producto (aportación por un regalo), que adicionalmente va acompañado de una inversión en un instrumento de ahorro a largo plazo y que, además, desgrava. La fuerza del Estado y la habilidad de los bancos han convertido un producto que no duraría ni dos días en el mercado libre en una urgente necesidad que canaliza el dinero del agente económico sin que realmente lo quiera.
¿Qué pasaría si en un ataque de sensatez al Gobierno le diera por abolir las pensiones públicas y retirar las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones privados? Muy probablemente desaparecerían, o quedarían como un producto minoritario; el dinero se canalizaría más bien a otros productos financieros (renta fija, variable directa, fondos, seguros de ahorro, etc.), o simplemente se destinaría a consumo. Ésta última opción sería la mayoritaria. Es la más acorde a nuestros tiempos.
Si a usted le diesen la opción de destinar 6.000 euros al año a un plan de pensiones o quedarse el efectivo íntegro en su cuenta corriente, ¿qué escogería? Mayoritariamente el actor económico preferiría el dinero en ‘cash’, en su bolsillo ya.
El Estado no es tan abierto de mente como para darnos opciones. Los burócratas del Gobierno, "los Corbachos", nos sacan la pistola y nos dicen: "la bolsa o la vida". Nos retiran esos 6.000 euros (o los que a usted le correspondan) y se los quedan. Mientras nos encañonan con el arma de la ley, nos intentan aliviar diciendo que es para nuestro bien, para nuestro futuro. Consideran que somos idiotas en el manejo de nuestro dinero y lo toman por la fuerza para sus intereses.
Desglosemos qué son las pensiones públicas. Primeramente, son un robo. Desde el momento en el que el Gobierno se ve con autoridad suficiente para obligarnos a qué hacer con nuestro dinero sin que nosotros podamos tomar cartas en la decisión, se convierte en un delincuente a gran escala. El dinero de nuestras pensiones no se ha ahorrado, el Estado se lo ha gastado en lo que le ha dado la gana. De ahí todo el alarmismo actual. El Gobierno no sólo es la mafia legal, también es el peor gestor del mundo. Recuerde que sus ingresos sólo provienen del expolio de la propiedad privada y del robo al ciudadano.
Asimismo, las pensiones públicas no sólo son dirigismo que estimulan estilos de vida (economía del fascismo) de la sociedad hacia el pensamiento único (todo el mundo ha de ahorrar mediante la fuerza), sino que también son un fraude. Si una entidad privada hiciera lo que el Estado con el dinero de su cliente, meterían a su responsable máximo en la cárcel. De hecho, Bernard Madoff fue condenado a 150 años de prisión por gestionar sus fondos de la misma y exacta manera que el Estado gestiona las pensiones públicas. Si a Madoff le cayeron 150 años, "los Corbachos" del parlamento tendrían que ser condenados a trabajos forzados de por vida. Tal vez sería la única forma de que los políticos sirvan de verdad a la comunidad.
Las pensiones públicas son totalitarismo, son un robo, son un fraude, sólo sirven como herramienta para comprar votos, y en el pensamiento de Gustavo Bueno, una forma más de corrupción del Estado del Bienestar y la democracia actual.
La solución a los campos de concentración nazi no era privatizarlos (por razones pragmáticas), sino abolirlos. Con las pensiones del Estado igual. El objetivo no es un sistema de capitalización obligatoria, sino abolir las pensiones públicas y los estímulos a los planes privados: que la gente decida qué hacer con su dinero, que elija en el mercado si quiere este tipo de productos o no. Eliminemos los impuestos correspondientes a las pensiones (que es una tercera parte de su salario; mire cuántos impuestos paga aquí), los estímulos fiscales y dejemos que el ciudadano libre escoja cómo manejar su dinero.
Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana
