En realidad, el sistema fiscal por entero está plagado de dobles imposiciones.
Manifestaciones en Asturias, en Sevilla, próximamente en Extremadura, en la redes sociales… ¡contra un impuesto! El Impuesto sobre Sucesiones. Una, hasta ahora, anónima octogenaria, Clavelina García, que tuvo que pagar casi el 30% de su herencia de 300.000 euros, capitanea mediáticamente estas protestas. ¿E s posible que en España estemos ante una revuelta fiscal?
Lo cierto es que protestas y revueltas fiscales se han sucedido continuamente en el mundo desde el momento en que existieron los impuestos. Desde la era de los Hammurabi en Babilonia (1792-50 A.C), la dinastía Han en Asia (años 25 a 220) o en el Imperio Romano. Incluso en EEUU en los 70, con la famosa Proposición 13 en California (denominada Iniciativa Popular para Limitar los Impuestos sobre la Propiedad) que, tras su adopción, llegó a extenderse por otros Estados.
Llama la atención, sin embargo, dos hechos. En primer lugar, que al contrario que en EEUU en la Gran Depresión de los años 30, época en la que se engrandecía más y más el Estado pero muchos americanos se organizaron en contra de los asfixiantes impuestos sobre la propiedad y lograron oponerse con cierto éxito al expolio de entonces, en España quedará para el estudio por qué no hubo una mayor protesta fiscal contra los continuos sablazos de los sucesivos gobiernos que sufrimos en una de la peores crisis económicas que se recuerda.
En segundo lugar, sorprende que después de esta década de Gran Recesión, parte de los sufrientes contribuyentes hayan «despertado», como dice la abuela Clavelina, y se hayan organizado espontáneamente para pedir la eliminación del impuesto sobre sucesiones, que no es más que un impuesto sobre el patrimonio (del fallecido). Como siempre, algunos partidos políticos, como el PP, han querido aprovecharse pidiendo en Andalucía la supresión del impuesto que a nivel nacional no derogan. Y como motivo de esperanza, quizá ciega, el que también estemos asistiendo al despertar de otros protagonistas, como la CEOE o la asociación de asesores fiscales Aedaf, que lancen ahora estudios contra las falsedades del ministro Montoro después de que éste haya sacado humo al BOE a base de subir todos los impuestos. Llama poderosamente la atención que lo hagan ahora, después de la crisis, pero, desde luego, nunca es tarde si la dicha llega.
Y al igual que en el Imperio islámico Mogul en la India (a. 1500-1750) en donde los campesinos tenían que abandonar las tierras por no poder afrontar los excesivos impuestos, la renuncia a las herencias ha ido incrementándose sin parar debido, fundamentalmente, a que debe pagarse con renta cuando no ha habido una ganancia de renta sino de patrimonio. Si a eso le añadimos que las valoraciones que hace el Fisco de los bienes son enteramente arbitrarias y alejadas de la realidad, hallamos el cóctel injusto que denuncia Clavelina y centenares de miles de ciudadanos y que, esperemos, se extienda por toda España. Un hecho fiscal que, por cierto, se da en otros muchos impuestos, sin ir más lejos en el propio Impuesto sobre el Patrimonio, que como es para ricos no parece atraer tantas protestas. Pero también en el IRPF, que incluso llega a crear rentas ficticias que graven inmuebles en desuso, por ejemplo).
Pero hay más defectos injustos que este impuesto comparte con otros. De hecho, el otro gran argumento esgrimido en su contra es el de la doble imposición que se sufre cuando se grava una herencia que ya tributó por múltiples impuestos. En realidad, el sistema fiscal por entero está plagado de dobles imposiciones (lo que ganamos, lo que ahorramos, lo que gastamos…, la misma renta que se transforma, se grava reiteradamente por distintos impuestos).
El caso es que una de las derivas que ha seguido el debate acerca de este impuesto ha sido, como es habitual, el relativo a la homogeneidad de los impuestos y si debe haber armonización fiscal en todo el territorio o, por el contrario, competencia fiscal entre administraciones.
Muchos de los que protestan (la propia Clavelina García) también aducen el principio de igualdad ante la ley: «o pagamos todos mucho, o pagamos todos poco». Incluso alguna sentencia llega a afirmar que no puede discriminarse en función de la residencia del contribuyente, cuando las leyes fiscales son la discriminación personificada, en función de las condiciones particulares de cada obligado tributario, de sus allegados, y de aquellos con los que se relaciona, del sector en el que opera, del servicio o bien que venda…
Aparte de que la igualdad de trato no implica que deban armonizarse los impuestos al alza, invocar tal principio exige que previamente debamos analizar la justicia de ese trato. La igualdad ante una ley injusta no es justa. No dejaría de ser injusto el servicio militar obligatorio para los hombres por el hecho de extenderlo a las mujeres. Sería un avance en la igualdad legal, pero desde luego una vulneración de la libertad. Lo mismo ocurre con el caso de otras disposiciones fiscales, como las deducciones y bonificaciones. Pretender eliminarlas porque no las disfrutan todos no tiene por qué ser justo.
Al final, no se trata de ser iguales en el disfrute de más o menos libertad. No es un ideal el que todos tengamos la misma poca libertad en poder elegir el modo en que educamos a nuestros hijos o en cómo queremos establecer nuestras relaciones laborales o preparar nuestra vejez. Lo crucial, por tanto, no es la igualdad del grado de libertad que se goza sino la maximización de esa libertad.
Y por ello decir que todos deberíamos heredar el patrimonio de nuestros padres no es lo mismo a que deberíamos heredar de igual modo el patrimonio de nuestros padres: lo segundo podría ser cierto sufriendo un impuesto (del 1% al 100%), mientras que lo primero se refiere a no ser sojuzgado por un tercero que nos impida adquirir la herencia familiar (toda).
Por tanto, si realmente se pretende acabar con este impuesto injusto debería evitarse que la exigencia de su eliminación derivara en la exigencia de su igualación (como muchas voces políticas claman). En lugar de hablar de igualdad de restricciones a la libertad, habría que hablar de maximizarla. Y esto se consigue, precisamente, con la competencia fiscal, que ha facilitado que los ciudadanos que sufren más impuestos puedan compararse con ciudadanos que no los sufren tanto, y protestar. Veremos cómo queda esta protesta fiscal y si no es reconducida por lo políticos en un nuevo intento de armonización.
