El terremoto y los maremotos subsiguientes que asolaron Indonesia, Sri Lanka, La India, Tailandia, y una larga lista de infortunados países asiáticos y africanos es, sin duda alguna, una de las mayores tragedias humanas provocada por una catástrofe natural en las últimas décadas. Cerca de 150.000 muertos, millones de heridos y afectados, 6.000 kilómetros de costa dañada y la destrucción de cuantiosísimos bienes de capital –especialmente en el sector turístico y pesquero– dan una ligera idea de la magnitud del seísmo y de los efectos de los maremotos que le siguieron. Como suele suceder en sucesos similares, los habitantes de los países desarrollados se han movilizado ante esta catástrofe de proporciones bíblicas enviando todo tipo de recursos para tratar de paliar los devastadores efectos sobre la población damnificada. Estos hechos invitan a reflexionar sobre algunas de las ideas del pensamiento único intervencionista en el caso de los grandes desastres.
La primera fantasía intervencionista que ha quedado al descubierto tras el paso de las olas es la supuesta necesidad de aparatos estatales para hacer frente a los efectos de este tipo de catástrofes. La ayuda de los ciudadanos de medio mundo está llegando a las zonas afectadas desde los primeros instantes sin necesidad de directrices gubernamentales ni confiscaciones impositivas. Con estas acciones auténticamente solidarias, millones de individuos y organizaciones privadas impugnan la teoría del usuario gratuito según la cual en un mundo de relaciones voluntarias, es decir, en el tan odiado mercado libre, no se socorrería a las víctimas porque todo el mundo esperaría a que fuesen otros los que les auxiliasen. Con la refutación práctica que están llevando a cabo millones de personas de este imprescindible argumento de la teoría de los bienes públicos, debería quedar felizmente deslegitimada la justificación más manida para la existencia del estado en general y del estado del bienestar en particular, con toda su parafernalia económica apoyada en la pretendida necesidad de ayuda estatal a los pobres.
Sin embargo, los políticos, en su línea habitual, sacan rocambolescas conclusiones de estos hechos dramáticos: El mundo necesita que la Unión Europea cree una fuerza de reacción rápida con el dinero de los ciudadanos. ¡Como si el dinero que envían los europeos no fuese a pagar los servicios de personas y empresas que reaccionan rápidamente! Que los políticos hayan reaccionado con lentitud no es justificación para ampliar el aparato estatal sino, más bien, para todo lo contrario. A estas alturas de la historia de la humanidad no parece haber dudas sobre la superioridad del ámbito privado sobre el público en el uso de los recursos escasos para lograr la satisfacción de todo tipo de necesidades humanas. Si tenemos que mandar una carta o un paquete de forma urgente, lo hacemos a través de una empresa de mensajería privada; si tenemos que operarnos inmediatamente de una enfermedad grave, intentamos hacerlo en un hospital privado; y si queremos una formación de calidad para nuestros hijos, procuramos ahorrar para pagarles una institución educativa privada. Pues lo mismo ocurre con las catástrofes. Si queremos que los recursos –esos que la gente envía de manera tan solidaria como masiva– se utilicen lo más efectiva y eficazmente posible, sólo se conseguirá a través de empresas privadas cuyos dueños y empleados viven de la realización eficiente de su cometido y misioneros que han dedicado sus vidas a ayudar a sus semejantes en situaciones desesperadas.
Alguno se preguntará si no hay algo que puedan hacer quienes dirigen los estados de Europa. Pues sí. Los gobiernos europeos podrían rendir un tributo a las víctimas del terremoto devolviendo el dinero que piensa usar en esas “unidades de reacción rápida” a quienes se lo haya quitado. De este modo, los ciudadanos europeos tendrían mayores recursos para donar, posibilitándose una verdadera y todavía mayor ayuda, tan solidaria, rápida y eficaz como es posible imaginar, a quienes han perdido a sus seres más queridos o han visto como quedaban destruidos sus bienes más preciados.
