La Comisión Europea exige a España emprender reformas estructurales para acceder a los 140.000 millones de euros del fondo Covid creado por la Unión Europea para relanzar la economía. Sin embargo, no todas las medidas que desde hace tiempo recomiendan desde Bruselas para facilitar la movilidad laboral entre Comunidades Autónomas se podrán llevar a cabo sin complicar la legislatura y los apoyos del bloque que facilitó la investidura.
Las fuentes consultadas aseguran que Sánchez cumplirá con las reformas más perentorias que ayuden a flexibilizar el mercado laboral, pero parece poco probable que cumpla otras cláusulas de las recomendaciones específicas de Bruselas para España. Por ejemplo, la unificación de las normativas regionales o que se ponga fin a la limitada capacidad de transferir prestaciones sociales entre regiones que representan un escollo para la movilidad laboral de empresas y trabajadores.
En todos sus informes sobre España, la Comisión Europea pide que se mejore la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y en frecuentes ocasiones la Comisión se refirió a la Ley de Unidad de Mercado -aprobada con el Gobierno de Rajoy- “como un importante instrumento que podría utilizarse para reducir la fragmentación normativa”, explica un portavoz de la sede de la Comisión en Madrid a
En los considerandos de las Recomendaciones específicas 2020 para nuestro país se menciona que “la fragmentación normativa y las barreras en España impiden que las empresas se benefician de economías de escala y afectan negativamente a la productividad”. “La Ley de Unidad de Mercado, que ya está siendo aplicada por los tribunales y las autoridades de la competencia, debería utilizarse más activamente para promover una mejor regulación y competencia”, detalla el informe.
Las razones que da la Comisión para explicar el bajo grado de movilidad laboral son «la elevada propiedad de la vivienda, la segmentación del mercado laboral, la limitada eficacia de las políticas activas del mercado laboral y la limitada transferibilidad de las prestaciones sociales regionales».
El Ejecutivo comunitario no ha hecho referencia a los requisitos lingüísticos para acceder a un puesto público como uno de los factores que también contribuyen a la baja movilidad laboral, pero también es una de las peculiaridades nacionales. En autonomías como el País Vasco, Cataluña o las Islas Baleares el conocimiento de la lengua autóctona es imprescindible para poder trabajar en la administración pública.
Las fuentes consultadas tampoco ven posible que Sánchez acabe con este tipo de discriminación lingüística, ya que sería abrir un conflicto con algunos de sus principales socios, como el PNV, EH-Bildu o ERC que han aplicado estas políticas en sus regiones.
Impuestos
La Comisión también aboga por «impuestos que sean menos perjudiciales para el crecimiento». España tiene regiones, como Cataluña o Asturias, donde se aplica una alta presión fiscal mientras que otras, como la Comunidad de Madrid, son más atractivas, porque tienen una bonificación del 99% en impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones.
El fiscalista Esaú Alarcón explica a este periódico que el sistema de fiscalidad que tenemos, donde las Comunidades Autónomas “tienen ciertas competencias en materia normativa”, hace que haya “grandes diferencias de trato entre unas comunidades y otras”. “Una armonización fiscal lo que haría es acotar la capacidad normativa de las Comunidades, pero la más perjudicada podría ser Madrid”, apostilla.
De hecho, uno de los principales objetivos del Gobierno de coalición antes de la eclosión del virus era lograr una “armonización” de los impuestos en las autonomías de régimen común que, en la práctica, iba a afectar a la capital por su elevada competitividad fiscal.
Duplicidades
El analista económico Santiago Calvo destaca que entre autonomías “se producen duplicidades que generan costes innecesarios”. “La producción normativa es muy elevada, según datos de la CEOE, el número de páginas publicadas en boletines oficiales autonómicos y el estatal supera el millón, es decir, más de 2.700 páginas por día”, explica.
El también investigador del Instituto Juan de Mariana también cree que la Ley de Unidad de Mercado es una buena opción para “reducir parte del coste de la fragmentación”. “Simplificar legislación, coordinar políticas entre autonomías, reducir ciertas normas proteccionistas que ponen en ventaja a agentes locales sobre el resto de agentes del territorio nacional y se permite que, con una única licencia, operar en todo el territorio nacional, probablemente se logrará reducir”.
