Hace dos fines de semana ante su propio partido. El último en el diario El Mundo. El domingo dejó caer, ante Casimiro García-Abadillo, un puñado de propuestas que el periódico de Pedrojota, por darle algo de relevancia, ha convertido en un decálogo. La vieja veneración a los números perfectos. No es que estén mal. Pero son mucho más interesantes las reformas que no se atrevió a proponer. A saber:
La liberalización de la economía. La sociedad está atada por infinidad de regulaciones medioambientales, de calidad, sanitarias, laborales, que echan a perder valiosísimos esfuerzos empresariales y laborales, bien porque se destinan a aspectos que no son tan necesarios, bien porque no llegan a realizarse nunca. Simplemente desatando la economía con una regulación más racional (es decir, menor), seremos más ricos. Y el Estado mejoraría sus ingresos, sin necesidad de subir los impuestos. De todas ellas, junto con la medioambiental, la regulación que más daño está haciendo a España es la laboral, responsable de gran parte de la lacerante cifra de paro que sufrimos. Y ello incluye eliminar el salario mínimo.
Reformar el Estado Providencia. El Estado asistencial nos hace menos responsables ante nuestro propio futuro y rompe la solidaridad natural que lleva a preocuparnos por los que tienen necesidades insatisfechas a nuestro alrededor, en la confianza de que de todo ello se ocupará el Estado. Además, el Estado vierte sus ayudas en grandes paquetes, sin entrar en cuál es el comportamiento de las personas que las reciben. Y lo que remedia la pobreza no es el dinero, como creen los socialistas, sino el comportamiento. Por eso la caridad privada triunfa donde fracasa el Estado de Bienestar. Como primera medida, propongo eliminar todo rastro de gasto asistencial y dedicar la cantidad que cueste a repartirlo de forma equitativa entre los ciudadanos. Nos liberaríamos de centenares de miles de funcionarios que seguro que están deseando hacer algo útil a la sociedad, y el resultado sería menos dañino que lo que tenemos.
Acabar con el sistema público de pensiones. Percibir una pensión de 5.900 euros al mes es argumento suficiente.
Reformar los servicios públicos. Tanto en Sanidad como en Educación se puede dar más cancha a la iniciativa privada directamente o por medio del bono, sanitario o escolar. Éste aseguraría el acceso de estos servicios a todo el mundo, independientemente de su renta, y favorecería la competencia.
Un Estado federal. Mariano Rajoy ha dicho que las autonomías, "ni tocarlas". Pero todo el mundo reconoce que son una oportunidad para el politiqueo, para la generosidad con el dinero ajeno, para el gasto como si no hubiese futuro (más allá de las próximas elecciones, es decir), para el despilfarro y el empobrecimiento de todos. Si todo el mundo lo sabe, ¿por qué no optar por una solución eficaz y que enfrentaría a cada gobernante regional con sus propios ciudadanos a la hora de pedir dinero? Más, cuando fomentaría la competencia fiscal y en la prestación de servicios, y todo ello sin necesidad de incurrir en costosísimas duplicidades.
Una reforma fiscal. Hay que disociar el nivel de gasto de las partidas a las que se destina. Se podría separar la tramitación parlamentaria de los Presupuestos en dos fases. Una en primavera, donde se fijaría el nivel de gasto, sin posibilidades de revisión al alza. Otra en otoño, cuando se debatiría cómo se reparte ese gasto. De este modo se debatiría al comienzo de año qué nivel de gasto se puede permitir la economía y al final el aumento de una partida tendría que ser a costa de otra. Y como impuesto un tipo marginal único sin desgravaciones, único para familias y empresas.
Reforma energética. Que consistiría en dejar caer las energías que no se han ganado el derecho a competir, porque son brutalmente caras, hasta que se hagan competitivas. Y permitir el desarrollo de las que sí lo son, como la energía nuclear. Rajoy habla de alargar la vida laboral de las centrales, pero se debería permitir a cualquier empresa abrir nuevas centrales, si considera que España las necesitará.
A Mariano Rajoy le falta el conocimiento, el convencimiento o el patriotismo necesarios para plantear los cambios que necesita nuestro país. Y eso que sólo hablamos de economía.
