Normas que desde el púlpito político se visten como diseñadas para afectar a las grandes empresas, acaban repercutiendo en la mayoría del tejido empresarial.
Y finalmente, tras las elecciones, Bruselas confirma que el Gobierno debe efectuar un nuevo ajuste. Y del mismo modo que cuando el PP llegó al poder en 2011 los ajustes debieron acometerse por la falta de visión y reformas del PSOE en los años precedentes, el Gobierno del PP que se forme (si es que llegamos a ver tal fenómeno) deberá hacer los ajustes por la falta de visión y reformas del propio Gobierno del PP de los últimos años.
La solución de Rajoy, la misma que la de entonces: subir impuestos. Esta vez, elevar los pagos fraccionados de las empresas, los anticipos que deben ingresar al fisco a cuenta de la deuda fiscal correspondiente a todo el año.
Rajoy ha afirmado que no hay subida de impuestos, dado que se suben los anticipos pero la deuda total será la misma, y que no afecta a la liquidez de las empresas, pues ya están saneadas. De dichas declaraciones parece que el presidente considere que lo único relevante de la liquidez es tenerla, no de su monto. ¿Como ya se han saneado, qué más da que tengan un poco menos de liquidez? ¿Qué empresa quiere tener caja? Normal que lo diga un gestor que ha logrado más que duplicar la deuda de su empresa, el Reino de España, hasta el 100% del PIB y con un elevado déficit que, a fuerza de no hacer las liberalizaciones necesarias, lo está transformando en estructural.
El problema es que esta medida que afectará a las empresas con mayores niveles de facturación (de nuevo, leña al rico/gran empresa, que son los malos) sí conlleva importantes efectos fiscales y económicos que al final todos padeceremos en mayor o menor medida.
Las empresas realizan tres pagos al año adelantando la deuda correspondiente a todo el año, que se liquida en julio del año siguiente mediante la declaración del Impuesto sobre Sociedades en donde a la deuda total del año se le resta lo que ya se ha anticipado. Si suponemos que el Ejecutivo incrementa los pagos anticipados en 2017 en esos 6.000 millones que espera recaudar, en julio de 2018 las empresas no tendrán que ingresarlos (pues ya lo han hecho en 2017) pero sí tendrán que ingresar anticipadamente otros 6.000 millones a cuenta del ejercicio fiscal 2018. Por tanto, en 2018 se anulan los efectos: 6.000 millones que dejarán de ingresar en julio (cuando se liquida la declaración anual de sociedades de 2017) porque ya los pagaron en el año anterior anticipadamente, y 6.000 que tendrán que ingresar a cuenta del año en curso 2018. En resumen, la medida incrementa los impuestos el primer año de aplicación (en 6.000 millones), los siguientes años el efecto es nulo, y cuando la norma revierta y se reduzcan los pagos anticipados a los niveles previos, el Gobierno dejará de ingresar esos 6.000 millones que adelantó en 2017.
Rajoy ha vendido la idea de que esta modificación fiscal se queda en nada, lo comido por lo servido, porque los pagos se compensan: lo adelantado, dejará de ingresarse en el futuro, luego efecto cero. Sin embargo, esta modificación fiscal oculta más de una subida fiscal. En efecto, aunque el adelanto de 6.000 millones de euros se compense con la devolución de esos 6.000 millones cuando la norma revierta, este lapso temporal hace que esos primeros 6.000 millones adelantados por las empresas no valgan lo mismo que los 6.000 millones que luego se devuelvan el año en que expire la reforma. Y eso asumiendo que la norma algún día revertirá y este aumento de pagos anticipados no sea definitivo. Y es que el dinero no vale lo mismo ahora que en el futuro, existe una preferencia temporal por el presente que hace que los bienes presentes valgan más que los futuros. Es por ello que, para equipararlos, debe añadirse a los segundos una compensación, un tipo de interés.
De hecho, cuando un obligado tributario solicita a Hacienda que le fraccione una deuda, la Administración Tributaria, si lo concede, se cobra un tipo de interés para compensar la dilación en el pago. Todo lo contrario a lo que ocurre con los pagos que anticipan las empresas (y personas físicas), en donde no hay compensación por ninguna parte desde la Administración a nosotros. Esa desigualdad administración/administrado es otro de los atropellos de los sistemas fiscales actuales que poco a poco van comiéndonos más terreno. Esa falta de compensación por la pérdida de valor del dinero que compensará a las empresas en el futuro esuna subida fiscal que el gobierno oculta a través de esta aparentemente medida sin importancia y que se ha cifrado entre 500 y 2.000 millones de euros. Como mínimo.
Y es que, no es sólo esa subida fiscal, porque todavía hay otra: la redistribución impuesta para que los agentes económicos se distribuyan el impacto fiscal del primer año, esos 6.000 millones de euros (que no se verá compensado –y, además, parcialmente- hasta que no se devuelvan, pudiéndose prolongar años). Las empresas buscarán atenuar la maldad de esta medida viéndose obligadas a incurrir en más costes. Por ejemplo, financiando en el banco el circulante o endeudándose a medio o largo plazo para cubrir esa falta de liquidez que tanto preocupa al presidente, contratando a menos personal del que podrían haber hecho, tratando de bajar los sueldos y pagando peor a los proveedores, o, en el peor de los casos, malvendiendo activos. De hecho, son decisiones que pueden estar empezando a tomarse desde ya mismo. Es decir, poca cosa. Y estas consecuencias, aunque sean difíciles de estimar, suponen un coste: otra subida fiscal que acarrea la modificación que al Gobierno le parece inocua.
Y, además, a falta de saber los detalles de qué empresas serán las afectadas, ha de tenerse mucho cuidado con la demagogia fiscal de turno: que son las grandes empresas las que pagarán. De acuerdo con el último informe de Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario Español del Ministerio de Hacienda (2003-2013), efectivamente, las empresas que facturaron más de mil millones ingresaron el 27,9% del total de pagos fraccionados, pero las siguientes que más aportaron facturaron entre 100 y 250 millones, y el tercer tramo que más aportó fue el de empresas que facturaron entre 10 y 25 millones, un tamaño realmente pequeño. Es más, las empresas pequeñas y medianas que facturaron entre 10 y 50 millones aportaron casi el 16% de pagos anticipados en 2012, año de terrible crisis económica, la segunda mayor aportación. Y no es porque la legislación se establezca para favorecer a las grandes empresas, sino porque estas son minoría y nuestro tejido empresarial está formado mayoritariamente por Pymes, empresas mucho más pequeñas que las existentes en países industrialmente punteros como Alemania. Normas que desde el púlpito político se visten como diseñadas para afectar (perjudicar) a las grandes empresas, acaban repercutiendo en la mayoría del tejido empresarial, en nuestro caso Pymes, obstaculizando y dificultando que crezcan, aumenten su tamaño y eficiencia, sean más competitivas, más sólidas y con mayor productividad que permita pagar mayores sueldos y crear más empleo e inversión.
En definitiva, el efecto económico de esta medida sin importancia para el presidente trae muchas más consecuencias que el efecto recaudatorio: no sólo un incremento fiscal y financiero para las sociedades, sino un efecto económico perjudicial para trabajadores, proveedores y accionistas, que sufrirán también empresas que deberían continuar con un proceso de reestructuración y saneamiento que permita absorber los millones de desempleados que todavía tenemos.
Pero he ahí la magia del PP: podemizar un entorno en donde la alternativa siempre será peor, y convencer a quienes no son proclives a este tipo de políticas para que voten a un partido que las aplica a la mínima oportunidad. Desgraciadamente, no aplicar las medidas alternativas que el PP se empeña en rechazar (reducir impuestos y liberalizar la economía para tener crecimientos de dos dígitos como Irlanda), no tiene coste político actualmente.
