Es paradigmático el caso de Mercadona, que recientemente ha anunciado la exclusión de sus supermercados de un gran número de estas referencias.
En un mercado libre, los afectados no perderían el tiempo discutiendo sobre derechos de usuarios y defensa de la libre competencia, y se dedicarían a innovar en cómo llegar al cliente o mejorar su producto para que se siguiera comprando. Pero, claro, en España no hay nada de eso y sí un Estado con poder para decidir de qué forma se utiliza la propiedad de otras personas.
Así que, bajo los auspicios de Promarca, algunas de estas empresas han optado por el discursito lastimero de reclamar la libre competencia y, sobre todo, "el derecho fundamental del consumidor a elegir libremente". Como si no lo tuviera. Malo cuando alguna empresa se dedica a proteger tanto al ciudadano. Más pistas: en opinión de Premarca "las marcas propias de los distribuidores y las de los fabricantes deberían vivir en los puntos de venta en condiciones de libre competencia".
Ya se están estableciendo los cimientos para pedir al Gobierno algún tipo de intervención, que obligue a los canales de distribución a reservar espacio para estos fabricantes. Y como no siempre uno quiere ser crítico, hoy les brindo gratuitamente mi consejo, basado en la valiosa experiencia que ofrece el sector de telecomunicaciones, y que seguro les podrá servir de guía para conseguir estos objetivos.
Lo primero es conseguir que se declare a todas las grandes superficies como dominantes o con poder de mercado. Poco importa que haya montones de agentes compitiendo en la venta minorista, incluyendo muchas pequeñas tiendas. Seguro que alguna autoridad de competencia, nacional o regional, está abierta a encontrar a todas conjuntamente con posición dominante. O, al menos, a la que le interese a Promarca.
Una vez hecho esto, lo siguiente es hacer valer el recién definido derecho fundamental de la libre elección. Para llevarlo a cabo, habrá que expropiar parte de la superficie y de las estanterías a sus dueños, de forma que se puedan dedicarlos a productos alternativos. Ya, a lo mejor no los quiere el consumidor, pero por lo menos los podrá elegir. Como expropiación suena un poco feo, mejor le llamaremos derecho de acceso a las infraestructuras del hipermercado.
Como el supermercado es dominante, fijaría precios abusivos –no cabe duda– por el arriendo de estas estanterías. Es mejor anticiparse y pedir a la autoridad que regule los precios de este alquiler con orientación a costes, para lo cual se le puede imponer la adecuada obligación contable, que también sale baratita.
Claro que, con esos precios tan ventajosos, puede haber muchos fabricantes que quieran meter sus productos en las estanterías. Así que es necesario que el supermercado no pueda discriminar entre fabricantes, ni siquiera con respecto a sus propios productos. De este modo se previene otra posible tentación, cual sería la de dejar los mejores sitios para la marca blanca. ¿Cómo va a poder alguien utilizar su propiedad para promocionar sus productos?
Y con la providencial asistencia de la autoridad, los fabricantes conseguirán tener su espacio en los supermercados; espacio para unos productos que los clientes no quieren (si los quisieran, ¿qué supermercado no los vendería?), y que, por tanto, resultarán ruinosos para el supermercado. Igual esto lleva a que nadie vuelva a poner supermercados y a que disminuya la calidad de los existentes. Todo será por el derecho fundamental de los consumidores a elegir.
Ánimo, señores de Premarca, la regulación de las telecos es su hoja de ruta.
