El economista francés Frédéric Bastiat explicó en 1839, en su obra titulada «Lo que se ve y lo que no se ve», la paradoja de los cristales rotos. El argumento está dirigido, principalmente, a políticos, economistas y analistas miopes.
La historia es bien sencilla: un gamberro rompe un cristal de una tienda con una piedra. «Lo que se ve» es que el dueño de la tienda va a tener que gastar dinero en reparar el cristal y que esto va a traer un efecto positivo en el cristalero que lo repare.
Sin embargo, «lo que no se ve» es que el dinero que el tendero gastará en el cristal son sus ahorros para adquirir unos zapatos nuevos y, por lo tanto, el zapatero dejará de obtener el beneficio de ese trabajo.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, es sin duda uno de esos miopes que debería analizar mejor «lo que no se ve» cuando dice en su blog presidencial que «el decreto-ley aprobado por la Junta de Andalucía, que permite la expropiación temporal del uso de la vivienda, es un paso especialmente interesante, que conviene estudiar con detenimiento en todos sus términos» para evitar el «drama» de los desahucios.
Es evidente que la falta de vista del señor Rivero sólo le permite ver cómo «ayudar» de forma directa a las personas desahuciadas. Lo que no ve es a aquel trabajador que llevaba años ahorrando y pagando religiosamente su hipoteca hasta adquirir una vivienda y que ahora ha perdido la renta que pensaba recibir después de duros años de ahorro porque su inquilino le deja de pagar al perder su empleo, y el Gobierno le expropia su propiedad.
Lo que no ve es al trabajador que prefirió, en vez de comprar un piso, guardar su dinero ahorrado a base de sacrificios en un banco y que ahora lo pierde porque un gobierno impone la paralización de los desahucios y la dación en pago con efectos retroactivos, causando un enorme agujero extra en los balances de bancos y cajas que podría terminar provocando la insolvencia y la quiebra de las entidades financieras y la pérdida de la mayoría de los ahorros de los trabajadores.
Lo que no ve es que los contribuyentes, ahorradores o no, tendrían que pagar durante años elevadísimos impuestos para costear la inyección de aún más dinero público a la banca para evitar que los depositantes pierdan sus ahorros.
En definitiva, lo que Paulino Rivero y otros muchos políticos miopes como él no ven es que los embargos hipotecarios, el respeto a la propiedad privada y a los contratos son necesarios para garantizar la seguridad jurídica, y que si se llevaran a cabo medidas tan disparatadas como estas se acabaría con la mayoría de la clase media de las Islas y se daría paso a una sociedad aún más pobre.
