A mí ya me ha quedado perfectamente claro. Todo lo que aparece en los Barcepapers es falso salvo algunas cosas, el PP se va a querellar contra todo el mundo excepto algunos medios, María Dolores de Cospedal puso fin a algunas prácticas internas pero no a todas y El País asegura que en el PP se han cometido delitos pero en realidad no muchos. Más claro, agua.
La intervención anoche de María Dolores de Cospedal en una televisión privada contribuyó notablemente a despejar ciertas dudas sobre este ominoso asunto de los sobrepagos y recobros que tiene al PP últimamente tan acojonado. En sintonía con la línea de firmeza expresada por Rajoy esa misma mañana desde Berlín, De Cospedal aseguró que el Partido Popular se va a querellar contra… contra mucha gente, ya verán, ya. No sólo eso. Para que no quedara ninguna duda, a continuación afirmó con absoluta rotundidad que el partido actuará judicialmente contra Bárcenas… si es que los abogados estiman, en su caso, que puede haber materia de litigio, que no está eso todavía nada claro. Y por si fuera poco añadió que todas esas iniciativas judiciales van a ser puestas en marcha… en cuanto sea posible. Haciendo gala de esa contundencia, normal que apareciera a espaldas de los periodistas invitados al programa como una testigo protegida; protegida por Antonio Jiménez.
El PP de Rajoy, tan poco dado a los excesos, se ha visto obligado a actuar como una máquina de matar bien engrasada, con todas sus piezas perfectamente coordinadas para el ataque, a causa de la perseverancia diamantina mostrada por el diario El País en las acusaciones que viene vertiendo sobre la honorabilidad de los altos cargos del partido. El diario de referencia para los progres de EGB llevó en su portada del pasado 31 de enero la denuncia de que Rajoy había estado recibiendo 25.200 euros anuales en sobresueldos durante más de una década. Cinco días más tarde, sus acusaciones sobre la trama de corrupción en el seno del Partido Popular consisten en aclarar que los implicados, en realidad, no tienen nada que ocultar porque esas entregas de dinero fueron perfectamente legales.
A la espera de que se consume la batalla cuerpo a cuerpo en los tribunales, sólo cabe buscar un lugar discreto entre el público, adonde no lleguen las salpicaduras de sangre. Si el caso Bárcenas fuera el título de un videojuego, a estas alturas ya habría sido prohibido por el ministerio de Ana Mato. Y es que, con tanta violencia apenas contenida, no sería raro que acabáramos leyendo en El País hasta una leve crítica a Alberto Ruiz-Gallardón.
