Echar la culpa a un partido o a otro, blanquear un caso y exagerar otros no va a solucionar el problema.
«He took our game for his own needs». Steve Harris.
La publicación de la sentencia de los ERE ha generado una sorprendente campaña de blanqueo de la corrupción que nadie podría haber imaginado, sobre todo ante la correcta indignación creada por otros casos.
Durante días hemos leído que todo esto de los ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia, ha sido una especie de Robin Hood desorganizado. Un problemilla insignificante de gestión equivocada de fondos. Una minucia.
Hemos leído cosas como que no es lo mismo robar que crear una red clientelar. Pues sí, si lo es. La idea de que el lucro ilícito es malo cuando es privado pero excusable cuando es para comprar votos e inflar la administración solo esconde una visión totalitaria del Estado.
Hemos leído que nadie se lucraba. Como si crear una red de transferencia de fondos a entes clientelares para comprar votos no fuese lucro, como si los fondos en paraísos fiscales y los gastos en locales de entretenimiento horizontal no fueran lucro.
En una sociedad donde se demoniza constantemente el afán de lucro es curiosa la facilidad con la que se ignora el afán de despilfarro.
Incluso hemos leído que gracias a este sistema de corrupción organizado se evitó destruir empleo. Como si los miles de empleos mensuales perdidos por la creciente cuña fiscal y escollos burocráticos no importasen.
Piensen ustedes, por un momento, si a alguien se le hubiera ocurrido decir algo parecido del caso Pujol, Malaya o Gürtel. Como es lógico, la reacción sería de indignación.
El problema del caso ERE no es solo la corrupción. La corrupción ni es de partidos ni de países, sino de personas. La justicia ha actuado y seguirá con los casos de este sumario que quedan. El problema, en mi opinión, es mayor y anterior. Está en la misma existencia de estos mecanismos que se suponen que van a dar ayudas sin atender primero a lo que causa desempleo y dificultades financieras. De hecho, al ignorar las causas, se convierten en sistemas extractivos de redistribución negativa.
Las empresas, familias y trabajadores que se esforzaron y salieron a flote, manteniendo empleo y sobrepasando la crisis, siguieron penalizadas con una de las fiscalidades más altas de España, mientras el sistema de ayudas no solo no suponía un alivio para las empresas, sino que se gestionaba por afiliación política.
No solo se mantuvo un sistema fiscal y administrativo extractivo, sino que se justificaba precisamente por el paro y dificultades que creaba el sistema mismo.
Parece que a nadie se le ocurrió que lo mejor para ayudar a esas empresas y desempleados no era asfixiarles a impuestos y escollos a la creación de empleo y luego «repartir» ayudas tras la consiguiente deducción de gastos de administración y representación. A nadie se le ocurrió que era mejor tener una administración facilitadora y una fiscalidad atractiva. No.
De la sentencia hemos aprendido que: «Al no haberse publicado unas bases reguladoras de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general… se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas, un importante número de trabajadores afectados por el desempleo y situaciones de crisis empresarial». La utilización política de ayudas al desempleo no solo genera una red clientelar destinada a mantener el poder político, sino que ha desprovisto de ayudas a muchos de los necesitados. Eso, en economía se llama doble incidencia económica negativa. El procedimiento de ayudas a los desempleados y empresas en crisis no solo no cumple con su función, sino que muta a un resultado todavía peor: designar ganadores y perdedores por afinidad política o cercanía al poder.
La sentencia también refleja que: «Personas que nunca han pertenecido al (colectivo afectado), han percibido rentas de pólizas abonadas por la Consejería de Empleo». Es decir, no solo no se ayudaba a los desfavorecidos, sino que se ayudaba a los que no lo necesitaban. Doble incidencia económica negativa.
También dice la sentencia que «un número de ellos siguiese percibiendo las rentas, aun habiéndose incorporado al mercado laboral». Otro ejemplo de redistribución negativa. Mientras, la región se mantenía con unos niveles de paro inaceptables para su potencial.
En demasiadas ocasiones olvidamos que estos gastos no son un juego de suma cero. En el otro lado de la transacción hay contribuyentes esforzándose y soportando la creciente presión tributaria. No existe el dinero público. Existe el dinero del contribuyente. Ese contribuyente que sufrió el aumento de la cuña fiscal mientras se creaba este caso.
Es sorprendente lo rápido que olvidamos el efecto negativo doble sobre los que han seguido creando empleo y trabajando por la región. La sentencia muestra que «en cuanto a las ayudas a empresas en crisis, al no haberse efectuado una convocatoria de estas ayudas, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de empresas en situación de crisis económica». ¿Cuántas empresas, mientras tanto, cayeron por la crisis, fiscalidad depredadora y escollos burocráticos? Miles.
Si algo nos muestra el caso que nos ocupa es que «el que parte y reparte y se lleva la mejor parte».
Son muchas las lecciones de este caso, como el de cualquiera del resto de casos de corrupción.
La primera es que introducir mecanismos de ayudas en economías donde el propio sistema fiscal y administrativo penaliza la creación de empleo y la atracción de inversiones siempre va a partir de ser un fracaso.
La segunda es que la eficacia de los mecanismos de ayuda no se puede medir por la cantidad presupuestaria que se destina a los mismos. El mayor éxito de un programa de ayudas debe ser no tener que ponerlo en marcha.
La tercera es que estos mecanismos de ayudas no deberían estar gestionados por la administración pública, sino por entidades independientes, supervisadas y auditadas también de manera independiente.
Echar la culpa a un partido o a otro, blanquear un caso y exagerar otros no va a solucionar el problema. El problema es que, si se continúa promoviendo una visión extractiva y confiscatoria de la economía, lo único que se va a conseguir es que el potencial de nuestro país se pierda.
El verdadero trasfondo de todos estos casos de corrupción es la constante equiparación entre público y político. Un sistema de ayudas público no debería estar gestionado por políticos. En el momento en el que confundimos servicio público con gestión política vuelve a aparecer la corrupción.
