Nada más aprobarse este apuntalamiento del edificio en ruinas de las pensiones numerosos expertos y políticos han afirmado que pronto habrá que elevar aún más esa edad, o reducir las prestaciones de otra manera. En España esta suspensión de pagos encubierta se ha concretado recientemente en la elevación de los años mínimos de cotización para acceder a la prestación, dejándose sin jubilación a los que no haya cotizado más de 14 años. Pero los verdaderos problemas financieros del sistema –y las soluciones más drásticas– se prevén de aquí a 2050, año en el que el gasto público en pensiones rondará el 14,5% del PIB.
En realidad estas supuestas soluciones son bombas de achique que tratan de evitar el inminente naufragio de los sistemas de pensiones públicas. Sin embargo, el esquema de reparto público, fundamentado en la necesaria entrada de un número creciente de contribuyentes forzados en la base de la estructura poblacional, sigue siendo inviable a largo plazo. Si la realidad demográfica le da la espalda a este esquema a lo Ponzi, el timo se destapa a través de humillantes suspensiones de pagos que se reconocen en sucesivas pero continuas entregas por episodios en los que los partidos, los sindicatos y la patronal anuncian la consumación de la estafa como si de logros sociales se tratara.
Como bien indica un reciente estudio del Instituto Juan de Mariana titulado "Una sociedad de propietarios: el camino de los ciudadanos hacia la independencia financiera", la verdadera solución pasa por "elevar la cultura financiera media de las familias, mejorar notablemente la fiscalidad del ahorro y", sobre todo, "afrontar la transición a un sistema de capitalización". De este modo, las desoladoras perspectivas podrían evitarse si alguno de nuestros políticos tuviese la valentía de reconocer la tomadura de pelo –y de recursos– y observara sin prejuicios reformas como la australiana. En 1992 Australia decidió reconocer la inviabilidad del sistema social de pensiones y modificarlo de arriba a abajo. Así se pasó de un sistema de reparto a uno de capitalización. En la actualidad el 90% de los trabajadores australianos está disfrutando de la capitalización de un mínimo obligatorio del 9% de sus sueldos. Pues bien, la revalorización de estas aportaciones está convirtiendo las prestaciones subsidiarias públicas en auténtica calderilla. Pero todavía más importante que el esperable éxito económico ha sido la reubicación de las pensiones en el lado ético de la prestación de servicios, es decir, en el mercado.
