No es «la gente» la que está detrás de estas campañas, sino unos grupos de presión muy reducidos y con claros objetivos políticos.
Leí en El Periódico que el Ayuntamiento de Barcelona ya multa a los bancos con pisos vacíos: la alcaldesa Ada Colau empezó con sanciones de 5.000 euros a tres entidades. Esto ha sido muy festejado, decía el diario, por parte de «los activistas por el derecho a la vivienda». Uno de estos individuos declaró: «Lo que para los desahucios es la fuerza de la gente en la calle».
Todas estas celebraciones se basan en la demagogia y el engaño. Multar a una empresa para forzarla a que entregue un activo a un precio menor que el que resulta rentable para ella no es un beneficio neto obvio para la colectividad. Es evidente que si el poder expropia a un banco, o prohíbe los desahucios, eso tiene consecuencias. Típicamente, lo que sucederá es que los bancos aumentarán el coste de las hipotecas que conceden, para cubrirse del riesgo de impago. En otras palabras, estos luchadores por los derechos lo que consiguen es premiar a las personas que no pagan, castigando no a los malvados banqueros sino a las personas corrientes que sí pagan. Lo que hacen es garantizar un derecho violando otros.
Curiosamente, presentan esta cuestionable estrategia como si fuera la épica de la libertad y la conquista: «La fuerza de la gente en la calle». Como sabe cualquiera, no es «la gente» la que está detrás de estas campañas, sino unos grupos de presión muy reducidos y con claros objetivos políticos. Sin ir más lejos, el objetivo de ocupar alcaldías, como lo ha logrado la señora Colau, sobre la base de no contar la verdad de lo que significa el “activismo por el derecho a la vivienda”. Estos populistas nunca hablan del coste de sus heroicas luchas, son populistas que nunca hablan del pueblo que paga.