«María, tienes que votar a Ayuso. Todo lo demás es comunismo». Esta frase me la dijo un miembro del PSOE. Uno de los socialistas de toda la vida que ya ha agotado su inventiva para tratar de defender lo que está haciendo el sanchismo. Me lo dijo en privado y no voy a revelar su nombre, entre otras cosas, porque lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Me explicó que no creía que Edmundo Bal fuera a sacar votos suficientes y «votar a Gabilondo es votar a Pablo Iglesias». Me lo dijo antes del destape del candidato socialista en el debate de televisión.
La campaña de la izquierda en la Comunidad de Madrid, con la inigualable ayuda del Gobierno de la nación, ha tenido varios componentes, entre los cuales, destaca el miedo. En concreto, miedo a los fachas. Yo no tengo ninguna duda de que, para Ayuso, gobernar con Bal tiene que ser más fácil que gobernar con Monasterio. Pero Vox es uno de los partidos que ha permitido que el PP y Ciudadanos gobiernen en Madrid, ¿por qué habría que temérseles ahora? ¿Qué cosa tan terrible van a hacer?
Así que, como estrategia complementaria, la campaña de la izquierda ha tratado de desmontar todo aquello que hace que los madrileños, voten lo que voten, estén a gusto en la Comunidad de Madrid. Sin estridencias, con fallos en la administración, con errores políticos descontados, pero a gusto. O al menos, más a gusto que en otras comunidades autónomas.
Este sentimiento se ha reforzado durante la gestión de la pandemia, con el resultado de que la actividad económica ha sufrido menos y los ciudadanos, dentro de las restricciones que nos agobian a todos, llevamos una vida más normal. Le pese a quien le pese, la gestión de Ayuso es ejemplo en varios países porque ha logrado un equilibrio complicado entre rigor sanitario y apertura económica.
En consecuencia, el gobierno de la nación decidió abrir el frente de los impuestos, que es una de las banderas de Ayuso, levantada por el Consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.
A riesgo de poner en evidencia otros regímenes fiscales privilegiados, se señaló a Ayuso y a los madrileños como insolidarios con el resto de las regiones. No importa que sea una de las comunidades que más aporta, no importa que en España exista libertad para que las autonomías gestionen la parte de los impuestos cedida por el Gobierno de la nación como más les convenga. Madrid es egoísta e insolidaria porque lo hace mejor.
En cambio, hay un silencio absoluto hacia el régimen foral de País Vasco y Navarra, cuya excepcionalidad histórica les permite recaudar todos los impuestos y ceder al gobierno la parte correspondiente. Ya lo denunció Luis Garicano el pasado noviembre en el Parlamente Europeo con ninguna repercusión.
El siguiente foco se ha centrado en la gestión sanitaria. Y aquí, han disparado a todo lo que se mueve. Si los hospitales privados han colaborado con los públicos en los primeros momentos, malo. Si algunos hoteles también han servido de desahogo para el cuidado de los pacientes en cuarentena, malo. Si se construye, en tiempo récord, un hospital público, especialmente diseñado para la atención a los afectados por la pandemia, peor.
La crueldad en este tema ha llegado hasta el paroxismo y la delincuencia. Los sanitarios del Hospital Zendal han sufrido el boicot de sus propios compañeros que han atascado inodoros, desenchufado calentadores e incluso, han hecho desaparecer equipos y han saboteado el instrumental necesario para medir las constantes vitales de los pacientes.
Está en manos de la policía. No tengo mucha fe en su resolución. El Ministerio de Sanidad y los representantes de los partidos políticos no dicen nada. Los sindicatos y mareas de sanitarios, que nos afeaban la conducta a quienes les aplaudíamos cada día a las 8 de la tarde, no se han manifestado pidiendo respeto a los trabajadores del Zendal, y sobre todo, a los enfermos atendidos en el Zendal. Si de verdad fueran defensores de la sanidad pública tendrían que haber apoyado esta iniciativa. Pero el odio hacia quienes no son los suyos está por encima de la atención a los enfermos.
El tercer punto afecta al Estado de derecho, que es el único marco en el que puede darse progreso económico. Esta vez, el protagonista es Vox, el partido que le daría o no el gobierno a los populares madrileños, a menos que todo el mundo vote a Ayuso y logre una mayoría absoluta, que sería lo ideal.
Todo empezó cuando Vox decidió convocar un mitin en Vallecas y fueron agredidos, porque al parecer no hay libertad de expresión y de pensamiento en el antiguo barrio de Pablo Iglesias.
A continuación, empezaron a llegar cartas con amenazas: ocho cartas con amenazas de muerte dirigidas a varios representantes políticos, entre ellos, dos candidatos a las elecciones del 4M, dos ministros, un exvicepresidente del Gobierno y la directora general de la Guardia Civil. Desde el primer momento, Pablo Iglesias y la izquierda radical lo han asociado con Vox. Pablo Iglesias protagonizó una desagradable situación con Rocío Monasterio llegando a levantarse y abandonar un debate. Fue bochornoso.
El pasado fin de semana se ha sabido que quienes agredieron a los asistentes al mitin de Vox y a la policía en Vallecas eran trabajadores de seguridad de Podemos. El «cordón sanitario» contra Vox debería aplicarse a los verdaderos violentos.
Pero hay más: se sabía hace tiempo y no se dijo, manteniendo la imagen de Vox como partido camorrista. La connivencia del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, cierra el círculo de la ignominia. Y aún no ha dimitido. Estamos ante una grave agresión al Estado de derecho. Iglesias ya ha insinuado que si la derecha pierde en Madrid se va a reproducir el episodio del Capitolio en Madrid. Después de los incidentes de Vallecas no queda claro si, en realidad, está amenazando a los madrileños con desencadenar actos violentos asaltando la democracia española. Este es el candidato comunista que quiere gobernar la Comunidad de Madrid.
