Cuando se trata de subirles los impuestos a las empresas, impera una desgracia de pensamiento único entre nuestra casta política.
La recaudación del Impuesto sobre Sociedades hasta el mes de julio se hundió un 85% con respecto al mismo período del año anterior: mientras que en 2015 el Estado ya había obtenido unas regalías de 3.010 millones de euros, en 2016 apenas contaba con 433. Desde el Gobierno se apela a estas contundentes cifras para justificar su extemporánea reforma de esta figura tributaria con la que promete recaudar 6.000 millones de euros adicionales y cuadrar las deficitarias cuentas del Reino.
La explicación suena verosímil: el gobierno reforma el Impuesto sobre Sociedades en 2015, la recaudación se hunde de manera imprevista en 2016 y ello obliga a deshacer sobre la marcha parte de esa reforma para no agrandar el déficit. Se trata, sin embargo, de una tramposa narrativa contra la que, empero, no hallarán ninguna voz discordante dentro del hemiciclo. Cuando se trata de subirles los impuestos a las empresas, impera una desgracia de pensamiento único entre nuestra casta política: desde Podemos a Ciudadanos, pasando desde luego por PP y PSOE, todos apuestan para minimizar (o revertir) los recortes del gasto a costa de maximizar las mordidas tributarias sobre familias y —con un coste electoral mucho menor— empresas.
Al cabo, la razón esencial del colapso de la recaudación por Sociedades hasta el mes de julio cabe hallarla en la fuerte reducción experimentada en el primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades (abonado en el mes de abril): su monto se redujo desde 5.622 millones de euros (en julio de 2015) a sólo 2.917 millones. Ella sola, pues, ya explica toda la merma de recaudación de esta figura tributaria. ¿Y por qué caen los ingresos derivados del primer pago fraccionado de Sociedades? Según la propia Agencia Tributaria, por tres motivos.
El primero, la electoralista reforma fiscal aprobada por el PP meses antes de los comicios del 20-D: la minoración de los tipos impositivos y otros aspectos secundarios de la misma han tenido, hasta la fecha, el efecto de rebajar el monto de este pago fraccionado en 377 millones de euros. El segundo motivo es que en 2015 concluyeron las medidas extraordinarias aprobadas por el PP para aumentar artificialmente en 2013, 2014 y 2015 la base de cálculo de los pagos fraccionados (pagos mínimos, integración de los dividendos interiores y exteriores, tipos incrementados para las grandes empresas…): la expiración de tales reglas de carácter —repetimos— extraordinario lastró la recaudación en otros 1.434 millones de euros (si bien, en este caso, se trata de una caída de la recaudación meramente temporal, ya que como reconoce la propia Agencia Tributaria, “este segundo tipo de cambios supuso una merma de 1.434 millones que se recuperarán en la cuota diferencial del próximo año”). Y el tercero, que la privatización de parte de Aena en 2015 engrosó de manera igualmente extraordinaria los ingresos del pago fraccionado de abril de ese año, lo cual no se ha repetido en 2016.
En otras palabras, de los 2.577 millones en los que se reducen los ingresos por Sociedades hasta julio, sólo 377 millones se explican por la reforma fiscal: menos del 15% del total. El resto de la caída se debe a elementos que inflaron extraordinariamente los ingresos por Sociedades hasta julio y que no se renuevan en 2016: por un lado, entradas de dinero vinculadas a la privatización de Aena; por otro, medidas de excepción implantadas durante los años más duros de la crisis para inflar los adelantos de recaudación de ejercicios venideros.
Que tales ingresos revistieran un carácter extraordinario —tanto en su importe cuanto en el momento de su cobro por Hacienda— debería haber empujado a nuestras Administraciones Públicas a ajustar sus gastos a su nivel de ingresos ordinarios. El Partido Popular, sin embargo, no lo hizo: antes que recortar sus desembolsos, prefirió encomendar la cuadratura del déficit al providencial aumento de la recaudación que se derivare del crecimiento económico. Pero la recaudación no respondió lo suficiente y, por eso, los números rojos del Estado han continuado ahí. Ahora, a las puertas de cerrar el ejercicio presupuestario y de que Bruselas vuelva a tirarnos de las orejas por no reconducir nuestro déficit, el Ejecutivo propone in extremis lo único que verdaderamente sabe hacer: subir impuestos.
Para ello, el PP quiere restablecer el sistema de determinación de los pagos fraccionados vigente en 2013, 2014 y 2015: sí, ese sistema que iba a tener tan sólo un carácter transitorio y extraordinario. Con ello, obligará nuevamente a las empresas a determinar estos pagos fraccionados en función de una base imponible artificialmente inflada: una absoluta irregularidad que forzará a las compañías a anticipar al Fisco unos importes que ni le adeudan ni le adeudarán en el futuro. La maniobra sólo servirá, en realidad, para maquillar ante Bruselas los números rojos del Estado a costa de tensionar la tesorería de las empresas. La tramposa contabilidad creativa del Estado a favor de la deuda y en contra de la prosperidad. ¿Dónde quedan ahora las pomposas declaraciones pre-electorales del gobierno anunciando una nueva fiscalidad en Sociedades para impulsar el crecimiento económico?
Lo peor, sin embargo, es que no parece existir propósito de enmienda alguno en el Partido Popular. El mismo día que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, amenazaba con incrementar los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, anunciaba que la prórroga de los presupuestos de 2016 no maniataría al Ejecutivo para subir las pensiones y los sueldos de los empleados públicos en 2017. Subir impuestos sí, bajar (o al menos, congelar) el gasto no. Ya sabemos por lo que apuesta el PP: más impuestos, más gasto y menor corrección del déficit. El mismo programa pauperizador por el que, con distintos grados de intensidad, apuestan todas las restantes formaciones políticas.
