Lo que estamos viviendo es un asalto político en toda regla contra el Poder Judicial con la entusiasta complicidad de una parte de la ciudadanía.
No soy de los que sacraliza ni al Poder Judicial, ni los jueces, ni a las sentencias. El primero es un poder más del Estado y, por tanto, susceptible de ser abusado a la hora de recortar nuestras libertades. Los segundos son personas de carne y hueso: por tanto, entes imperfectos, sesgados y abocados al error. Las terceras son la expresión del ejercicio de esa peligrosa autoridad estatal por parte de esas personas imperfectas: ergo, mecanismos que, en el mejor de los casos, resuelven los conflictos sociales de modos normalmente subóptimos.
En este sentido, la reflexión y crítica pública de las sentencias me parece un sano ejercicio para minimizar en lo sucesivo el alcance de tales errores y abusos: todos los poderes del Estado, también el judicial, deben ser sometidos a una permanente vigilancia para preservar nuestras libertades. Yo mismo lo he hecho y lo seguiré haciendo siempre que tenga ocasión e interés. Ahora bien, del mismo modo que la vigilancia y crítica del Poder Judicial, de los jueces y de las sentencias puede hacerse con el ánimo de preservar los derechos y libertades individuales, también puede hacerse con el objetivo de socavarlos.
Así las cosas, algunas de las actitudes políticas, periodísticas y sociales que hemos visto recientemente a raíz de la sentencia sobre la violación de La Manada tienen poco que ver con esa sana fiscalización externa del imperfecto sistema judicial y mucho con reemplazarlo por algo notablemente peor. En particular, dos son las derivas que me parecen especialmente preocupantes en la actual coyuntura: la primera, la perversión del concepto de justicia; la segunda, el ataque a las garantías del procedimiento judicial encargado de impartir justicia.
Primero, ¿qué es la justicia? Un conjunto de normas que establecen cuáles son los derechos y las obligaciones dentro de una sociedad, así como las consecuencias derivadas de violar esos derechos y obligaciones (“dar a cada uno lo suyo”). Al ideal de justicia se lo suele definir como universal e igualitario, por cuanto de ese modo se les reconoce a todas las personas idénticos derechos y obligaciones frente a terceros. A su vez, tal igualdad jurídica vuelve imprescindible un procedimiento imparcial (no sesgado sistemáticamente en favor de ninguna persona) de resolución de controversias acerca de la aplicación terrenal de la justicia general y abstracta: un procedimiento que asigne derechos y obligaciones, o repare su conculcación, sin discriminar a nadie.
Frente a esta visión clásica de la justicia, durante estos días hemos visto renacer una visión populista de la misma: justicia es el veredicto social. El clamor popular —según sea interpretado por los arúspices de las tribunas periodísticas o de las redes sociales— es, o debe ser, quien asigne, caso por caso, derechos y obligaciones a cada persona, convirtiendo así a la muchedumbre en irrestrictamente soberana frente a cualquier individuo. Nótese que no estoy hablando de que los ciudadanos debatan públicamente sobre cuestiones relativas a la justicia, sino de equiparar la voluntad popular —sea cual sea su contenido material— con la justicia: a saber, justicia es aquello que quiere el pueblo.
Bajo tal prisma, resulta del todo inevitable que la aplicación de la justicia se vuelva emocional, impulsiva, incoherente, discriminatoria y, en definitiva, arbitraria. Lo mismo cabe blandir la presunción de inocencia (y su consecuencia procesal de ‘in dubio pro reo’) para exculpar a unos, como saltársela para condenar a otros; lo mismo cabe moderar las penas para favorecer la reinserción de unos criminales, como endurecerlas para reprimir a otros. Justicia a la carta: es decir, injusticia.
Segundo, con tal de reemplazar el concepto clásico de justicia por su concepción populista, también se está atacando a aquellos principios procesales que, dentro de nuestra muy imperfecta y muy mejorable administración de justicia, tratan de garantizar la imparcialidad en la aplicación del derecho. A la postre, si lo que se está reclamando es un veredicto social que se desentienda del Código Penal vigente, que se superponga al juez y que conjure sin siquiera haber consultado las pruebas o haber escuchado en pie de igualdad a ambas partes, lo que en definitiva se está minando son principios procesales tradicionales como el de igualdad (las partes deben ser tratadas de forma igualitaria en un contencioso), el de audiencia (nadie puede ser condenado sin haber sido oído), el de legalidad (nadie puede ser condenado por hechos no tipificados como delito en el momento de su comisión) y el de independencia judicial (es el juez quien dicta sentencia sin someterse al dictado de nadie más).
No es que la aplicación de algunos de estos principios no pueda resultar problemática: el principio de legalidad, por ejemplo, puede criminalizar actuaciones pacíficas o eximir de sanción a actuaciones liberticidas; a su vez, la independencia judicial puede otorgar un excesivo y exclusivo poder al juez para imponer sus designios a las partes. Pero si lo que se pretende es arrasar con todos esos principios, ¿qué otros fundamentos procesales son los que se pretende implantar en su lugar? ¿El de desigualdad de las partes? ¿El de no contradicción? ¿El de alegalidad? ¿Acaso todos ellos ofrecerán mayores garantías de aplicación imparcial de la justicia que los actuales?
A estas alturas, es evidente que no me tengo por una persona que se aferre al ‘statu quo‘: estoy convencido de que el sistema actual —también el judicial— puede mejorarse en casi todos sus aspectos. Pero, al mismo tiempo, creo que también puede empeorarse muy notablemente en todos ellos, y muchas de las soflamas contra el proceso penal que vienen articulándose durante los últimos días nos llevarían justo en esta última dirección.
Tan es así que los políticos han olido la sangre del prestigio judicial y han comenzado a enseñar la patita para controlar (¡todavía!) más de cerca la actuación de los jueces. No solo se trata del ministro de Justicia instando al Consejo General del Poder Judicial a sancionar a un magistrado que hasta anteayer creíamos independiente: también tenemos al PSOE reclamando la primacía de los veredictos sociales sobre las sentencias judiciales o a Pablo Iglesias proponiendo filtros ideológicos para el acceso a la judicatura.
Es decir, lo que en última instancia se está buscando es concentrar todo el ‘imperium’ del Estado en las manos de los políticos para que no solo redacten las normas generales de la sociedad desde el Parlamento, sino también para que se arroguen el poder de subsumirlas a cada caso particular según les interese o convenga. De nuevo, ¿en qué sentido entregarles el control de los tribunales a los políticos —o a unos votantes movilizados según la verborrea de los distintos políticos o de sus respectivas terminales mediáticas— acercará a nuestra sociedad al ideal de justicia?
En definitiva, más allá del contenido particular de la sentencia sobre la violación de La Manada —en el que no puedo entrar pues no he analizado el caso—, lo que estamos viviendo durante estos días es un asalto político en toda regla contra el Poder Judicial con la entusiasta complicidad de una parte significativa de la ciudadanía. Un asalto no para mejorarlo, sino para doblegarlo, subyugarlo y, en última instancia, empeorarlo. Pues no se mejora la Justicia arengando a las turbas y atacando de raíz aquellos principios que tratan de garantizar la mayor imparcialidad posible: se la convierte en una farsa para convalidar la represión bruta y arbitraria del Estado.
