Desde la aprobación de la ley, el concepto de anuncio se ha expandido por la vía judicial eliminando la necesidad de que haya pago de por medio, mientras Internet ha sido incluido dentro de los medios regulados por la ley, pese a no aparecer listado en ésta. El resultado es que esta ley puede meter en problemas legales a cualquier blogger que exprese su opinión sobre cualquier asunto que pueda afectar a unas elecciones si quedan menos de uno o dos meses de la celebración de las mismas.
Un grupo de congresistas propuso una nueva ley para evitarlo, excluyendo explícitamente Internet del alcance de la regulación estatal. El partido demócrata, que pasa por nuestros lares por ser un gran defensor de las libertades civiles frente a los pérfidos republicanos, dispuestos a aplastarlas a favor de las grandes multinacionales, ha impedido que dicha ley se aprobara. Los republicanos votaron a favor de la misma por 179 a 38, mientras que los demócratas la rechazaron 143 a 46. Dado que se necesitaba una mayoría de dos tercios, la moción fue rechazada. No obstante, cabe esperar y desear que termine aprobándose por otros medios, más lentos pero que no requieren una mayoría de dos tercios, aunque parece difícil que sea antes de que la comisión electoral estadounidense regule los límites de la libre expresión en Internet. Aún así, esto sólo sería un primer paso: tampoco parece una restricción aceptable de la libertad de expresión que se limite la opinión, pagada o no, de terceros acerca de los temas más candentes en unas elecciones. La transparencia es adecuada; la prohibición, no.
La blogosfera norteamericana se ha levantado como un solo hombre, a izquierda y derecha, para denunciar este intento de silenciarla por la vía legal y judicial. Los efectos de cualquier ley no son sólo los visibles –por ejemplo, las bitácoras que desaparecen debido a las demandas judiciales– sino también las que no se ven, como las bitácoras que pueden no nacer debido al miedo a ser demandadas. Esta regulación, como sucede con tantas otras, eleva las barreras de entrada a la blogosfera, hoy nulas, obligando a tener un cierto apoyo financiero que permita pagar a un abogado que te susurre a la oreja lo que puedes o no escribir. No es por tanto de extrañar que periódicos progres como New York Times o Washington Post apoyen estas medidas. Poner barreras legales a la competencia siempre ha sido el deporte preferido de los actores ya establecidos en cualquier mercado, y el sector de la información y opinión política no tendría por qué ser distinto.
El Estatuto del Periodista es un intento más directo de lograr el mismo resultado: limitar la libertad de expresión. También en nuestro país ha provocado reacciones contrarias desde ambos bandos del espectro político. Pero tengo bastante menos confianza en que, finalmente, los intentos de censura política sobre la libertad de expresión no prosperen en España. No hay más que ver cómo se está desarrollando el caso del Zapatuto, ahora transformado repentinamente en caso COPE.
