Hace tiempo logró que un juez con pocos conocimientos sobre las leyes de nuestro país (concretamente la denostada LSSI) fallara en contra de la Asociación de Internautas por albergar ésta en sus servidores el sitio web PutaSGAE. Pese a que la ley exime de responsabilidad a los proveedores de espacio web de los posibles delitos que puedan cometer sus clientes, el juez dictaminó que la asociación debía pagarle 36.000 euros a los titiriteros.
El caso es que la SGAE también obtuvo del juez una orden para retirar de dicha web los contenidos "vejatorios", aunque se daba el caso de que la Asociación de Internautas lo había hecho ya en cuanto tuvo noticia de la demanda. Pues bien, en un escrito presentado al juez, los de "Ramoncín somos todos" afirman que es mentira, que los contenidos siguen presentes y, para probarlo, han impreso las páginas. Eso sí, puede observarse que no las han obtenido de ningún servidor propiedad de la AI, sino que las han sacado del Internet Archive. Y como todo internauta bien educado sabe, ese extraordinario sitio web sirve como una enorme hemeroteca en la que se conserva la historia de Internet a través de las antiguas versiones de muchas de sus páginas. Por ejemplo, pueden ver en ella cómo era Libertad Digital allá por abril de 2000. No soy abogado e ignoro si hacer esto es delito. Pero no cabe duda de que la intención, al menos, es la de engañar al juez para que haga un dictamen injusto.
Y es que parece que esto de engañar a los jueces es una costumbre en tan santa institución. Vean si no la querella que acaba de presentar Apemit, la asociación que representa a las pequeñas tiendas de informática de España. Resulta que, en numerosos juicios contra tiendas de informática en los que se exigía el pago retroactivo del canon en soportes digitales, que no estaba regulado por ley hasta que la Camarada Carmen Calvo Poyatos y la titiritera del PP se pusieron de acuerdo en aprobarla, se presentó un documento impreso en papel oficial de la Universidad Politécnica de Madrid y con el sello en el que se apoyaban las tesis de la SGAE. Según Apemit, la SGAE encargó un informe a un catedrático de robótica (que ya me dirán qué tiene que ver su especialidad con los derechos de autor), cabe suponer que previo pago, y lo fue presentando por todos los juzgados de España como si la institución entera avalara sus tesis. De este modo podría haberle sacado a las tiendas de informática de barrio unos 100 millones de euros.
El asunto de la propiedad intelectual y los derechos de autor da para mucha demagogia fácil. Por ejemplo, comparar al multimillonario David Bisbal y sus propuestas de prohibir el eMule con tantos pequeños y esforzados empresarios que se arruinado debido a la voracidad de la SGAE. O mirar las nuevas sedes que Teddy Bautista va inaugurando por todo el país mientras decenas de pequeñas tiendas de informática han de cerrar para pagarselas. Pero no creo que las empresas sean más valiosas por el hecho de ser minúsculas, más bien al contrario: siempre crecerán más quienes más valor aporten, al menos mientras su crecimiento se realice en el ámbito del mercado libre. Sin embargo, la empresa de recaudación llamada SGAE simplemente se limita a presionar para que se aprueben leyes que legitimen que puedan quitarle su propiedad a otros, y cuando no las tienen se las inventan. Una sociedad sana y capitalista debería deshacerse de semejante parásito.
