Bachelet podría estar tratando de arañar votos para el candidato oficialista, Alejandro Guillier.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, ofreció en agosto una conferencia ante la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA), que agrupa a las principales compañías adjudicatarias de contratos de la Administración para la realización de obras públicas y gestión de infraestructuras. Ante esos empresarios presumió de que su Gobierno habría iniciado a lo largo de estos cuatro años procesos de licitación por 4.870 millones de dólares (4.052 millones de euros).
Bachelet espera que, de esa cantidad, se hayan adjudicado 4.543 millones de dólares (3.787,6 millones de euros) antes de finalizar el mandato. Según dijo, para ella eso es mostrar preocupación por la economía. Presumió también de que el único gobierno de Chile que ha adjudicado concesiones por una cifra mayor fue el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), pero aclaró que aquel mandato fue de seis años frente a los cuatro actuales.
De hacer caso a las previsiones de Bachelet, en tan sólo unos meses (la primera vuelta de las elecciones se celebra el 19 de noviembre y la segunda el 17 de diciembre) se van a adjudicar concesiones por una cifra superior a lo que se ha hecho en los casi cuatro años completos anteriores. Como ella misma señaló en su intervención, el monto total hasta este momento es de 2.189 millones de dólares (1.823,6 millones de euros), por debajo de los 2.354 millones de dólares (1.960,6 millones de euros) restantes hasta la cifra que espera alcanzar. Sin duda alguna se trata de una buena noticia para los empresarios en aquel encuentro, puesto que augura jugosas ganancias para sus compañías. Sin embargo, es una manzana envenenada para su sucesor en el Palacio de la Moneda, que será quien tenga que afrontar el gasto que comprometa la actual mandataria.
Austeridad mezclada con keynesianismo
Esta oleada de adjudicaciones prevista por Bachelet podría chocar en apariencia con los mensajes que ha enviado el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, que asumió su cargo sólo dos días después del discurso de Bachelet. Eyzaguirre se ha comprometido a presentar un presupuesto austero para 2018, en un gesto de juego limpio destinado a no atar las manos al próximo gobierno. Sin embargo, la contradicción no es tal, puesto que el ministro sí acepta aumentar el gasto en obra pública, si bien centrado en determinadas regiones y sectores.
Eyzaguirre se muestra en esto partidario de la idea de muchos keynesianos según la cual el gasto en obra pública promueve el crecimiento económico. Este tipo de pensamiento es el que está detrás de políticas aplicadas en numerosos países con resultados muy negativos, al endeudar innecesariamente a las administraciones. Es cierto que la construcción de infraestructuras (que no debe correr necesariamente a cargo del Estado) puede tener efectos positivos para la economía, pero no se debe a que el gasto público la active. La razón es que, realizada de forma racional, puede favorecer la actividad empresarial e industrial de determinadas zonas. Si no es así, se trata de un mero gasto inútil y puede disparar la corrupción (como ocurrió en Españadurante los años previos a la crisis).
Estrategia electoralista
Es cierto que los 2.354 millones de dólares que pretende adjudicar Bachelet en los pocos meses que le quedan de mandato no lastrarán la economía chilena ni supondrán un alza del gasto público considerable. En este sentido, existen otras partidas (como la gratuidad de los estudios universitarios, por ejemplo) que lastrarán mucho más las cuentas públicas. Sin embargo, no son un motivo para presumir de que le preocupe la economía y, sobre todo, suponen una actuación que en buena medida atará las manos de quien le suceda en la Presidencia. Con una cantidad tal de obra pública comprometida, el futuro inquilino de la Casa de La Moneda verá muy restringida su capacidad de aprobar nuevas concesiones que considere prioritarias.
Más que de una apuesta por mejorar la economía, puede tratarse de una mera estrategia electoralista en un momento en el que las proyecciones son muy malas para el candidato oficialista, Alejandro Guillier. Según todos los sondeos, la victoria de Sebastián Piñera está prácticamente asegurada. En ese contexto, Bachelet podría estar tratando de arañar votos para Guillier vendiendo la idea de que invierte mucho para mejorar las infraestructuras del país y que, además, gracias a ello mejorará la economía. Esto último no es baladí, puesto que las previsiones de incremento del PIB chileno son muy bajas. A pesar de haberlas revisado al alza, la semana pasada el Banco Central de Chile situaba sus previsiones de crecimiento de la economía del país en una horquilla de entre 1,25% y 1,75% para 2017.
