Tras el periodo como presidente en funciones, Nicolás Maduro inició su mandato con un bautismo de sangre.
La masacre de El Junquito es el último, por el momento, ejemplo del total desprecio por la vida ajena que siente Nicolás Maduro. La obligación de todo gobernante debería ser la protección de la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Sin embargo, aquel que dijo que Hugo Chávez le habló en forma de pajarito actúa justo en sentido contrario. Como otros sangrientos dictadores, la violencia extrema y el asesinato de opositores son para él una herramienta para afianzarse en el poder.
El mundo entero ha podido ver los vídeos en los que el excomisario Óscar Pérezofrece una rendición pacífica de su grupo ante las fuerzas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y los ‘colectivos’ (paramilitares) chavistas que le habían sitiado. Sin embargo, y siguiendo las siniestras enseñanzas del exdictador peruano Alberto Fujimori, el régimen chavista decidió acabar con sus vidas (Ver más: El régimen de Nicolás Maduro ha cometido una masacre al más puro estilo fujimorista). Como tantas veces ha ocurrido en Venezuela y Cuba, el repetido lema de ‘Socialismo o muerte’ ha demostrado ser en realidad ‘Socialismo y muerte’.
Tras el periodo como presidente en funciones, Nicolás Maduro inició su mandato con un bautismo de sangre. Se produjo como respuesta a las protestas que siguieron a las elecciones de abril de 2013, en las que la sospecha de fraude nunca ha dejado de estar presente. La represión dejó siete muertos, según los datos que ofreció la entonces fiscal general y todavía leal chavista Luisa Ortega Díaz. Desde entonces, la cifra ha crecido de forma exponencial. En 2014, fueron 44 los muertos en las protestas. De ellos, 28 cayeron abatidos por disparos de los ‘colectivos’ y las fuerzas de seguridad, según los datos de la ONG Foro Penal. El año más negro ha sido 2017, con 163 fallecidos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
5.535 muertos a manos de la policía en un año
El uso abusivo de la fuerza con resultado de muerte no se limita a la represión de las protestas. Según los datos recogidos de fuentes oficiales por el Observatorio Venezolano de Violencia, las fuerzas de seguridad acabaron en 2017 con la vida de 5.535 personas, en actos calificados como de “resistencia a la autoridad”. Entre estas se incluye parte de los 505 civiles muertos a manos de la policía y el Ejército en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) del régimen entre julio de 2015 y marzo de 2017, según los datos de la Fiscalía. La finalidad teórica de las OLP es acabar con la inseguridad ciudadana, pero en la práctica han sido un mecanismo represivo especialmente sangriento.
Por comparar cifras, frente a los 5.535 fallecidos en Venezuela en 2017, en Estados Unidos (un país que multiplica por 10 la población de Venezuela y cuyos agentes de la ley destacan en el mundo occidental por su ‘gatillo fácil’) fueron 1.118 los muertos por disparos de policías el año pasado, según los datos de Killedbypolice.net.
El caso de Óscar Pérez y sus seis compañeros muertos este lunes a manos de la PNB y los paramilitares chavistas seguramente quedará clasificado como de “resistencia a la autoridad”. Sin embargo, lo cierto es que querían entregarse. La operación de las fuerzas del régimen no buscaba la rendición, sino acabar con su vida. Prueba de ello es que se utilizó contra ellos incluso armamento bélico de gran poder destructivo. En los vídeos que se han filtrado pueden observarse, por ejemplo, disparos realizados con RPG (lanzacohetes anticarro, conocidos popularmente como bazucas).
Desprecio por la vida de los civiles
No sólo eso. La actuación de las fuerzas de seguridad y los miembros de los ‘colectivos’ chavistas puso en peligro la vida de personas desarmadas, incluyendo niños y mujeres. Cualquier policía del mundo sabe que su prioridad es salvaguardar la integridad física de los civiles que puedan verse afectados por las operaciones. Las fuerzas de Maduro ignoraron este principio tan elemental. En pocos casos se ha llegado a superar ese desprecio a la vida de los civiles. El caso extremo es el de Vladimir Putin durante la crisis del secuestro del Teatro Dubrovka de Moscú. La operación de los comandos de élite del Servicio Federal de Seguridad ruso se saldó con 133 civiles rehenes muertos.
La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz se ha referido a la muerte de Óscar Pérez en El Junquito como una “ejecución extrajudicial”, ha acusado al Gobierno de Maduro de “genocida y violador de derechos humanos” y ha afirmado que ha mostrado “a la comunidad internacional su cultura de muerte” . Su sucesor en el cargo, Tarek William Saab (nombrado por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, ANC), guarda un silencio cómplice con Nicolás Maduro, a pesar de haber sido defensor de los derechos humanos y haber ocupado el puesto de defensor del pueblo.
El actual defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo (también designado por la ANC), mantiene idéntica actitud. Al contrario de lo que indica el nombre de su cargo, Ruiz está al servicio del dictador y su régimen, y no trabaja para defender a los ciudadanos frente a los abusos del Estado.
A Nicolás Maduro le gusta hacer apelaciones al amor, como ya hacía Hugo Chávez, pero tan sólo practica el lenguaje del odio y la violencia. En eso se parece a la URSS y otros países sometidos a regímenes comunistas, en los que los dirigentes hacían constantes apelaciones a la ‘fraternidad’ mientras practicaban todo lo contrario. No sólo eso. El autócrata venezolano ha entrado por derecho propio en la lista de dictadores latinoamericanos que hicieron del asesinato masivo (a través de ejecuciones sumarias tras juicios farsa o sin tan siquiera fingir un rescoldo de legalidad) una herramienta para afianzarse o mantenerse en el poder.
El lugar que le corresponde a Nicolás Maduro en la historia del continente americano es el mismo en el que deben estar Augusto Pinochet, Fidel Castro, Jorge Rafael Videla, Alberto Fujimori, Alfredo Stroessner y Rafael Leónidas Trujillo, entre otros. En menos de cinco años, el dictador venezolano ya es responsable de al menos 726 muertes.
