JOSÉ Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, considera que «es de justicia y un gran logro para Gran Canaria» la posible declaración de BIC del entorno del Oasis de Maspalomas. Esta declaración sería un atentado a la propiedad privada y a la libertad de empresa, y, por lo tanto, al interés general y la justicia. No se trata de la protección de un palmeral, que en cualquier caso no se iba a ver perjudicado, más bien todo lo contrario (por mucho que se haya hecho propaganda con maquetas 3D), sino de un caso más de intervención pública que atenta contra la seguridad jurídica, pues unos empresarios con una licencia dada han visto cómo ésta ha sido revocada por una decisión política que ha paralizado una importante inversión y la posibilidad de crear una gran cantidad de puestos de trabajo en Gran Canaria. Hasta el vicecanciller alemán, según la prensa, ha trasladado su queja al Gobierno, a través del ministro Soria, por la inseguridad que crea este conflicto.
Este dislate, propio de repúblicas bananeras y políticos populistas, ha dañado la imagen de Canarias en el exterior y desincentivado posibles inversiones futuras. Cualquiera que desee realizar una inversión en la zona, construyendo o regenerando un inmueble, se lo pensará dos veces debido a los nuevos y tortuosos trámites burocráticos y podría verse chantajeado por burócratas y políticos para conseguir sus licencias, pues allí donde hay intervención pública este tipo de corrupción suele aflorar. Además, quienes se planteen invertir tienen que saber que aunque se tramiten sus proyectos dentro de la legalidad, estos pueden ser paralizados, demorados o cambiados por decisiones de políticos. Por lo que el deterioro de este lugar y la escasez de oferta turística de calidad están garantizados, pues si algo buscan los empresarios es seguridad jurídica y celeridad en los trámites administrativos.
Por otro lado, la protección del Oasis tendría un efecto perjudicial para la consolidación de una de las mejores zonas turísticas de Gran Canaria, Meloneras. Frente a lo que algunos puedan pensar, la competencia no sólo es buena porque te hace madrugar más temprano, sino que además puede servir para mejorar los resultados de tu propio negocio. Si se regenerara el deteriorado ámbito del Oasis, los grandes beneficiados serían los empresarios de la zona, pues verían cómo todo el entorno atraería a más turistas al convertirse, probablemente, en la mejor zona turística de Gran Canaria.
El caso Oasis es un atentado a la justicia y perjudica enormemente a Canarias y muy especialmente a Gran Canaria. Esperemos que por una vez el Gobierno de Canarias mire por nuestros intereses, ya que el Cabildo de Gran Canaria y su gobierno no lo han hecho, y diga no al BIC del Oasis.
