El problema del déficit público está lejos de haberse solucionado, pese al engañoso triunfalismo del PP.
Gusta Mariano Rajoy de sacar pecho a propósito de la rigurosa austeridad de su Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno de España no ha cumplido sus objetivos de déficit ni uno solo de los años en los que Montoro se hallaba al frente del Ministerio de Hacienda.
Especialmente sangrante fue el desajuste de 2015: las Administraciones Públicas deberían haber cerrado con un desequilibrio equivalente al 4,2% del PIB y, en cambio, concluyeron el ejercicio con uno del 5%. Se trató de una indisciplina especialmente irresponsable por cuanto en 2015 el PP bajó en dos ocasiones el IRPF y, además, reintegró a los empleados públicos la paga extra suprimida en 2012: gastar más e ingresar menos justo el año en que el agujero presupuestario engrosó más.
Precisamente por ello, la Comisión Europea está estudiando en estos momentos si sancionar a España y, precisamente por ello, nuestro país tuvo que renegociar con ella un nuevo calendario para, esta vez sí, cumplir con los objetivos de déficit: así, según el nuevo acuerdo con Bruselas, España deberá reducir su desajuste presupuestario hasta el 3,7% del PIB en 2016 y al 2,5% en 2017. ¿Lo lograremos?
Esta misma semana hemos conocido la evolución del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas (gobierno central, autonomías, corporaciones locales y Seguridad Social) hasta el primer trimestre del año. Para pasar del 5% de 2015 al 3,7% de 2016, deberíamos estar recortando el desajuste a un ritmo del 26% pero, desgraciadamente, éste no sólo no se ha reducido nada, sino que se ha incrementado: más en particular, a cierre del primer trimestre de 2015, el déficit fue del 0,72% del PIB, mientras que en el primer trimestre de 2016 ascendió al 0,74%. La culpabilidad pesa sobre la administración central, la municipal y la Seguridad Social: la primera vio disminuir su déficit muy insuficientemente (menos del 8%, cuando debería estar cayendo casi al 30%), mientras que las dos restantes vieron caer su superávit más de un 30%.
La causa de este mal ritmo de nuestras cuentas públicas se halla tanto en el lado de los ingresos como en de los gastos: los primeros se reducen un 0,1% y los segundos crecen un 0,3%. Especialmente notable es la caída del 9,3% en la recaudación por IRPF (debida a las electoralistas rebajas de 2015) y el incremento del gasto del 1,4% en las prestaciones sociales (sobre todo por pensiones). Fijémonos que ambos factores no son fruto de actuaciones transitorias, sino que se mantendrán estructuralmente a lo largo del año, por lo que su influencia será persistente a lo largo de todo el ejercicio.
Acaso consideremos que tres meses son un período muy corto para extrapolar conclusiones a la totalidad del año: quizá nos hayamos encontrado con algún elemento en los primeros tres meses de 2016 que no existió en 2015 y, sin necesidad de grandes golpes de timón, tales tendencias vayan reconduciéndose durante los próximos meses. Pero no.
Esta semana también hemos conocido otros dos que ahondan en la preocupación: el déficit conjunto de la administración central, autonómica y Seguridad Social (esto es, no incluyendo los ayuntamientos) siguió incrementándose hasta abril del 1,08% al 1,24% del PIB. A su vez, el déficit del gobierno central hasta mayo aumentó del 2,04% al 2,08%, rebasando así el objetivo de esta administración para el conjunto del año.
No parece, pues, que haya un cambio de tendencia que nos permita ajustar automáticamente el déficit un 30%, tal como necesitamos lograr para rebajarlo al 3,7% del PIB. Y tampoco esperen que ese cambio acaezca durante el resto del año: el crecimiento económico -que permitiría incrementar las bases imponibles y la recaudación sin aumentar los tipos impositivos- ha empezado a desacelerarse a partir del segundo trimestre, tal como constató ayer el Banco de España. Por tanto, en los próximos trimestres creceremos menos que en el trimestre en que ya hemos incluido gravemente los objetivos de 2016.
Así las cosas, la única vía para rebajar el déficit del 5% al 3,7% del PIB sería o aumentar los impuestos o recortar los gastos. La primera fórmula se antoja complicada: si, por segunda legislatura consecutiva, Rajoy volviera a contradecir sus promesas electorales de alivios tributarios, el desplome del PP en los próximos comicios (que, probablemente, serán antes de cuatro años) sería incluso mayor que la experimentada hasta ahora. La segunda fórmula no se antoja previsible: practicar este ajuste por el lado del gasto implicaría un recorte de casi 15.000 millones de euros que, para más inri, debería concentrarse íntegros en la segunda mitad del año (con lo cual su efecto sería equivalente al de 30.000 millones durante todo el ejercicio). Recordemos, simplemente, que el impacto de los recortes en el crítico año 2012 ni siquiera alcanzó los 26.000 millones de euros.
En definitiva, el problema del déficit público está lejos de haberse solucionado, pese al engañoso triunfalismo del PP. Rajoy confió en que el crecimiento económico hiciera el trabajo sucio que su incompetente ministro de Hacienda se negó a realizar y ahora, en permanente pre-campaña electoral y con un Congreso lo suficientemente fragmentado como para no convalidar ningún recorte adicional, todavía cargamos con un gigantesco ajuste pendiente de realizar. ¿Hasta cuándo nos aguantará Bruselas? ¿Hasta qué punto continuarán endeudando con impunidad a los españoles?
