¿Qué es aquello que los empresarios querían comprar y aquello que los populares deseaban vender?
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se desmarcó hace unos días con un tuit en el que relacionaba al ‘mercado’ con la financiación ilegal del PP valenciano por parte de los empresarios vinculados a la Gürtel. “Es el mercado, amigos”, espetó el número dos de Podemos recogiendo las recientes declaraciones de Rodrigo Rato.
Ciertamente, a un nivel muy superficial, uno podría incluir la corrupción estatal dentro del ámbito del mercado: corrompidos (políticos) y corruptores (empresarios) intercambian favores (concesiones, contratos o regulaciones favorables) por contraprestaciones (dinero, bienes o servicios transferidos por los empresarios a cambio de los favores políticos). Por tanto, si equiparamos ‘mercado’ con ‘intercambio’, desde luego podríamos adscribir la corrupción al ámbito del mercado en la medida en que se produce un mercadeo entre corrompidos y corruptores.
Sin embargo, a poco que profundicemos en el asunto, la afirmación de Echenique se halla sesgadamente vacía de contenido. El mercado es un tipo de institución social, a saber, un “sistema de normas sociales establecidas que estructuran la interacción social”. Cualquier sistema normativo —también al mercado— se define por cuatro elementos constitutivos: agentes (quiénes son los sujetos afectados por la norma), enunciado prescriptivo (qué se debe, qué no se debe o qué se puede hacer), condiciones (cuándo, dónde y cómo es aplicable el enunciado prescriptivo) y sanciones (qué sucede cuando la norma se incumple).
Así pues, equiparar ‘mercado’ con ‘intercambio permitido’ no pasa de ser una generalidad sin demasiada concreción. El mercado es, desde luego, un conjunto de normas que autorizan a intercambiar, pero no es solo eso. Para volver esta definición institucionalmente operativa, habrá que especificarla más: ¿quiénes son los sujetos legitimados para intercambiar? (actores); ¿cuáles son las circunstancias en las que el intercambio está autorizado? (condiciones); ¿cuáles son las consecuencias cuando las normas no se cumplen? (sanciones). Según la respuesta que demos a cada una de estas preguntas, llegaremos a una u otra definición de mercado que pueden ser radicalmente distintas.
El liberalismo, por ejemplo, caracteriza la norma básica que estructura la interacción social del mercado como: “Toda persona adulta tiene derecho a disponer de su propiedad pacíficamente adquirida o a asumir voluntariamente obligaciones contractuales en favor de terceros, y en caso contrario a ser indemnizada por daños y perjuicios”. El mercado no es solo una autorización abstracta al intercambio, sino a intercambios entre adultos (agentes); cuyo objeto tan solo sean las propiedades pacíficamente adquiridas o los contratos voluntariamente suscritos (condiciones), y sometidos a un derecho de reparación en caso de que esas normas básicas sean vulneradas (sanciones).
Nótese cómo, siguiendo esta definición, las prácticas corruptas calificadas como ‘mercado’ por Echenique no encuentran aquí ningún encaje: en la trama Gürtel, el PP valenciano no transfirió a un grupo de empresarios la propiedad pacíficamente adquirida por el propio PP valenciano, sino la propiedad violentamente arrebatada a los contribuyentes valencianos. La corrupción que ha rodeado al PP (o a cualquier otro partido) no se ha debido a que este pagara sus campañas electorales con un dinero que era suyo, sino con un dinero que no lo era. Por tanto, los intercambios entre corruptos y corruptores quedan excluidos del ‘mercado’: más bien, constituyen un ataque de raíz a su funcionamiento.
Por supuesto, el secretario de Organización de Podemos podría proponer otra definición de mercado que le permitiera continuar defendiendo su chascarrillo ideologizado. Por ejemplo, quizá cupiera enunciar la norma básica que estructura la interacción en el mercado como: “Toda persona tiene derecho a intercambiar cualquier bien o servicio que posea sin otra sanción por incumplimiento que aquella que logre imponer por la fuerza”. Esta simplista visión sobre el mercado (que en esencia coincide con la de quienes equiparan los mercados con ‘la ley de la selva’ y que, por tanto, supone equiparar las reglas de juego con el uso arbitrario de la fuerza) permitiría seguir incluyendo la corrupción entre las prácticas del mercado. Pero permitiría hacerlo en la misma medida en que conectáramos la corrupción con la institución del lenguaje (toda corrupción consiste en una negociación dialogada), del derecho (toda corrupción supone llegar a algún tipo de acuerdo) o de la familia (mucha corrupción se efectúa en beneficio de familiares): esto es, únicamente retorciendo el significado y los rasgos característicos de cada una de esas instituciones podríamos conseguir vincularlas con la corrupción.
De hecho, aun aceptando esta simplista definición de mercado, resulta inevitable preguntarse: ¿cuál ha sido el objeto de compraventa en el caso de la corrupción del PP? ¿Qué es aquello que los empresarios querían comprar y aquello que los populares deseaban vender? Pues, claramente, el poder político que detenta el Estado: es decir, la capacidad del Estado (derivada de su legitimación social) para arrebatarles su propiedad o para imponerles unilateralmente obligaciones a los ciudadanos. Es verdad que quienes pagan en esta operación son empresarios, pero por lo que pagan es por disfrutar del poder político temporalmente administrado por el PP: a saber, por el poder de utilizar el monopolio de la violencia estatal para rapiñar las libertades y las propiedades de los ciudadanos en su excluyente beneficio.
Por consiguiente, incluso adoptando una simplista definición de qué es el mercado, ni siquiera la asociación corrupción-mercado sería la única posible: uno podría señalar tanto que el problema de la corrupción reside en la extensión del mercado al ámbito político (versión de Echenique) cuanto que reside en la contaminación del mercado por parte de la política (versión liberal). Por ello, para Podemos, la solución a la corrupción pasaría por desmercantilizar la política mediante gestores más honestos y más controles externos (obviando claramente los incentivos perversos para que los gestores honestos dejen de serlo y las limitaciones cognitivas para que los controles externos supervisen eficazmente cada rincón de la Administración pública); y, por ello, para el liberalismo, la solución a la corrupción pasará necesariamente por despolitizar los mercados eliminando la legitimización social con la que cuentan nuestros gobernantes para intervenir en la economía a su antojo (pues es justo ese privilegio de intervenir lo que el empresariado liberticida desea instrumentar en su propio lucro).
En suma, la corrupción estatal no está relacionada con el mercado, es decir, no está relacionada con una institución donde las personas interactúan para intercambiar sus propiedades legítimamente adquiridas y para alcanzar acuerdos voluntarios. Más bien, la corrupción estatal emerge porque el Estado se arroga la legitimidad para saltarse las reglas de juego de los mercados, esto es, para sustraer violentamente la propiedad de sus súbditos y para imponerles obligaciones sin su consentimiento. Todas las personas sin escrúpulos morales desean parasitar al prójimo en lugar de cooperar con él: y el control ‘de iure’ (políticos) o ‘de facto’ (compradores de los políticos) del Estado es la forma más eficaz para institucionalizar ese parasitismo generalizado. Ahí es donde arraiga la corrupción.
