La publicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el gobierno español la pasada semana ha coincidido con varias declaraciones aparecidas en medios internacionales que ponen sobre la mesa cuestiones muy delicadas.
No coincido con el profesor Manuel Hidalgo cuando considera que “no es momento de ponernos demasiado críticos”. De hecho, él es bastante crítico cuando sostiene que “Este papel ha sido escrito en pocos días por diversas manos y con más versiones corregidas que ministros tiene la Iglesia. O el gobierno de España”. Precisamente por esa razón creo que hay que ser especialmente críticos, porque “este papel” se supone que es “el plan”.
Es decir, es nuestra propuesta a la Unión Europea respecto a nuestra capacidad para invertir adecuadamente esos fondos que todos los países de la Unión Europea, necesitan y esperan con angustia. Pero haré caso a Manuel Hidalgo, a quien respeto y seguiré su consejo.
Pensemos. Un plan ideal sería aquel que involucrara a muchos ministerios y que, además de centrarse en crear empleo, como objetivo prioritario, desarrollara otras áreas como salud, energía o reforzar la excelencia internacional, y que destinara cerca de 500 millones a ello. Podemos entrar en detalle respecto a las actuaciones.
Por ejemplo, en el terreno de la salud se pueden fomentar “acciones dirigidas a incrementar la competitividad y capacidad de I+D+i de empresas e instituciones que operan en los diferentes sectores afines a la sanidad (productos sanitarios, industria farmacéutica, biotecnología, servicios sociosanitarios, instrumental, dispositivos y equipamientos, alimentación saludable, etc.)”.
En energía, las actuaciones podrían estar “orientadas a garantizar el suministro energético, incrementando la contribución de las energías renovables y las tecnologías energéticas emergentes”. Y respecto a la excelencia internacional podrían desarrollarse un conjunto de actuaciones “para impulsar la creación de nuevas empresas de base tecnológica; reforzar la cooperación internacional en actuaciones sostenibles de excelencia; crear una infraestructura científica y tecnológica avanzada, abierta a la utilización por todos los agentes del sistema de ciencia y tecnología, y reforzar programas colaborativos públicos-privados en el marco del Plan Nacional de I+D+i”.
Por supuesto, ese texto no pertenece al Plan de Recuperación de Pedro Sánchez, sino al Plan E de Rodríguez Zapatero. Un plan que resulto catastrófico, no solamente porque cada empleo que creó, costó 160.000 euros al erario público. El Tribunal de Cuentas lo dejaba muy claro en su informe, cuando señalaba que el Plan E presentó pérdidas de hasta 7.800 millones de euros y que incurría en numerosas irregularidades en su aplicación.
Además, para el TC, la adjudicación de contratos seguía criterios «excesivamente genéricos e imprecisos» llevándose a cabo «sin publicidad alguna y de forma directa”. Respecto al éxito desde el punto de vista del empleo, consideraba que solo un 15% de las entidades dio prioridad al empleo como criterio de reparto, los compromisos de creación y mantenimiento de empleo no se habían cumplido y que la duración de los contratos de muchos de los trabajadores fue muy corta.
La genial comparación no es mía sino de mis amigos de Extremo Centro, quienes siempre me inspiran con sus podcast y con sus comentarios.
Así las cosas, es muy difícil fiarse de nosotros. Uno de los diarios suizos más relevantes, siguiendo la estela de lo que publicara la prestigiosa revista The Economista, publicaba el sábado pasado un artículo titulado “¿Es España un Estado fallido y cómo debe tratar la UE a ese miembro?”.
En él, el autor cuestiona la concesión de una ayuda financiera rápida y masiva, por parte de la UE para la España no está actualmente justificada. Las razones que aduce son, entre otras, que políticamente es inestable y tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial harían bien en identificar mejores proyectos que financiar. Quienes viven en Alemania saben que esta es una opinión general, como cuenta Luis Ignacio Gómez.
Parece que no es solamente la economía lo que nos hace parecer como malos socios, sino el caos político. Y esto me preocupa más. Impresiona leer a Benoît Pellistrandi en Telos. El autor percibe la inquietud creciente que, a pesar de que los políticos traten de enmascarar, es un clamor ciudadano. Una inquietud que “dibuja un horizonte de crisis sistémica”.
Menciona el cachondeo de los Presupuestos, la salida del tiesto de lo que denomina “folclore” del independentismo catalán respecto a la Covid, y la lucha encarnizada por el poder. No se equivoca cuando se da cuenta de que todo esto es una pantalla de humo que esconde el intento de zafarse de la responsabilidad de la nefasta gestión de la epidemia por parte del gobierno de la nación. Termina alertando acerca de la descomposición política de España. Creo que lo merecemos.
El jueves y el viernes los españoles vivimos un hecho muy grave que atenta severamente contra la salud de nuestra democracia: el presidente decidió desoír la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y anunció el Estado de alarma en la región, poniendo las fuerzas del orden al servicio de su decisión.
En el argumento que justificaba su acción, utilizó, adrede, cifras de semanas anteriores, para poder señalar que estaba en riesgo la salud pública.
Sus voceros, los medios y estrellas de las redes sociales afines al régimen, se apresuraron a correr la voz de que los madrileños sólo queremos irnos de puente, irresponsablemente, y que Ayuso está más pendiente de la economía que de la pandemia.
No es el puente, es el Estado de derecho.
Si Donald Trump hubiese hecho lo mismo en cualquier condado estadounidense, las mismas voces que defienden a Sánchez pedirían la cabeza de Trump y asegurarían que es un destructor de la democracia. Ya no es el derroche o la falta de un plan de recuperación económica. Es el Estado de derecho lo que está en juego, el respeto a la ley. La base misma de la democracia.
