Es el caso de la negociación colectiva, un modelo por el que desde hace décadas el Gobierno impone a trabajadores y empresarios todo tipo de condiciones laborales, aumentos salariales incluidos, previo acuerdo de los denominados "agentes sociales" (CCOO, UGT y CEOE).
El resultado de este esquema puramente socialista se puede observar a diario en las calles: cientos de miles de empresas cerradas y casi cinco millones de parados desde que estalló la crisis económica. Y es que fijar por ley algo tan sensible y sustancial para la supervivencia de la empresa como es el rango salarial de los empleados supone un corsé permanente que, en tiempo de dificultades como el actual, termina por ahogar la escasa rentabilidad del negocio.
Una de las grandes tragedias de la economía española es su reducida competitividad, y ésta deriva a su vez del rígido marco laboral-sindical vigente en España desde los tiempos de Franco. Alemania es muy consciente del déficit estructural que asfixia la productividad potencial del país y alimenta sin cesar las ya abultadas listas del paro. De ahí que una de sus condiciones para asegurar el rescate de España -llegado el caso- radique en reformar esta arcaica "negociación colectiva" a fin de que los salarios evolucionen en función de la productividad de cada empresa y no en base a unas previsiones de inflación anual totalmente arbitrarias, sesgadas e inútiles desde el punto de vista de la eficiencia dinámica de la economía.
Hace escasos días, Zapatero parecía dispuesto a dar su brazo a torcer para complacer a Merkel y asegurarse así un plan de salvamento financiero. Sin embargo, a la hora de la verdad amenaza con recular nuevamente para contentar a sus amigos, aliados y camaradas los sindicalistas. No obstante, acabar con la negociación colectiva supondría el inicio del fin de las actuales centrales sindicales y, por tanto, los jugosos privilegios y prebendas asociados al cargo.
La reunión celebrada este pasado miércoles en La Moncloa entre Gobierno, CCOO y UGT se resume, simplemente, en tres frases: "España siempre ha tenido un modelo que ha vinculado los salarios y la productividad" (Valeriano Gómez, ministro de Trabajo y ex ugetista); existe "bastante sintonía" con Zapatero (Ignacio Fernández Toxo); "el modelo de determinación de salarios que opera en España es el más conveniente para el interés general" (Cándido Méndez). Es decir, casi todo seguirá igual si Merkel no lo remedia.
Por desgracia, a esta lamentable postura se suma el hecho de que tampoco existe una oposición coherente y responsable en esta materia. Así, el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, tuvo la ocurrencia y desfachatez de defender un nuevo modelo en el que los salarios se fijen –también por ley– en función de la tasa de paro en lugar de la inflación. Un sindicalista más que sumar a la lista de afiliados de Méndez y Toxo.
¿Resulta tan difícil entender que los salarios, al igual que el resto de condiciones laborales, sin excepción, deben ser fijados directamente entre trabajadores y empresarios? Pero cuidado. No entre todos los trabajadores ni todos los empresarios, entendidos ambos como colectivos homogéneos susceptibles de ser representados por patronal y sindicatos. Ni mucho menos. Esta materia corresponde en exclusiva al ámbito de cada empresa en particular, es decir, a cada empresario y sus respectivos empleados. Urge eliminar la negociación colectiva, permitiendo así que el tratamiento de dichos temas se lleve a cabo libremente en el seno de cada compañía o pyme.
Y es que, tal y como advertía Hayek:
La tasa general de empleo dependerá del grado de correspondencia entre la distribución de la demanda y de la oferta. Y es, precisamente, la distribución de la oferta la que deberá adaptarse a la distribución de la demanda. Pero dicho ajuste en la estructura productiva dependerá, a su vez, de la flexibilidad de los precios relativos, ya que son éstos, y particularmente los salarios, los únicos capaces de producir ese cambio continuo de la distribución de la oferta para adaptarse a la distribución de la demanda. Es esta incesante adaptación de los salarios relativos a las magnitudes siempre variables, en las cuales la demanda igualará a la oferta en cada sector, lo que se han empeñado en impedir los sindicatos.
