942.758 millones de euros, o, lo que es lo mismo, el 92,2% de un PIB decreciente, un 2,1% más en relación con el trimestre anterior. Eso es lo que debe el reino de España a fecha de hoy. Y no lo digo yo, lo dice el Banco de España, pero podría decirlo la tía Tula. Lo bueno de los números es que, cuando son ciertos, no importa de donde vengan, como no importa demasiado recordar a estas alturas que el Gobierno se había fijado como endeudamiento máximo para este año el 91,4%. Estamos a mediados de septiembre y ya lo han superado con creces. Como puede comprobarse, el mismo cuento del déficit pero en números absolutos y no en diferencial entre ingresos y gastos.
Doy los datos sin mucho apasionamiento. Sé que muchos se echaron el pasado viernes las manos la cabeza, se mesaron los cabellos con desesperación y se dijeron a sí mismos: "¿cómo es posible que estemos llegando a esto?, ¿no decían que la cosa mejoraba?, ¿pero no habían hecho unos ajustes estructurales que iban a impedir que la deuda siguiese escalando hasta la estratosfera?" Bien, es posible que hayamos llegado a esto, -y a más que llegaremos si "esto" continua así- porque el Gobierno de Rajoy no ha cambiado ni una coma de la política económica suicida que, en la segunda legislatura de Zapatero, nos condujo a la ruina. Quizá hasta soy demasiado benévolo cuando digo lo de "ni una coma", el Gobierno sí que ha introducido modificaciones en la política económica, pero para hacerla más socialista y letal. Así, donde antes se pagaba un 18% de IVA ahora se paga un 21%, donde antes no se pagaban tasas ahora se pagan, donde antes no había regulación, ahora la hay. En definitiva y por abreviar, Rajoy y Montoro, Montoro y Rajoy han llevado el zapaterismo a su últimas y devastadoras consecuencias económicas, al nirvana socialdemócrata perfecto. Y eso tiene un coste del 92% de deuda soberana y se cobra un doloroso tributo en forma de desempleo por las nubes y de déficit público fuera de control. El resultado final es la actividad económica por los suelos o directamente sumergida, lo que nos lleva al principio de este círculo vicioso en el que damos vueltas como un hámster en la noria de su jaula desde el ya lejano año 2008.
La única reforma posible, la que habría aligerado las onerosas cargas que padece el erario público, está aún pendiente, y es más que probable que nunca se acometa. Esa reforma toca a la estructura misma del Estado, a su tamaño y a sus competencias. Tenemos, y no me cansaré de repetirlo, un Estado elefantiásico que no nos podemos costear. Un Estado heredero de la borrachera de crédito que infló la burbuja inmobiliaria primero y el sector público después. Me consta que es políticamente incorrecto decirlo, pero es la cruda verdad, una verdad con la que tendremos que congraciarnos aunque no lo reconozcamos públicamente. El Estado lleva demasiado tiempo viviendo por encima de nuestras posibilidades. Tiene muchas más atribuciones de las que puede permitirse con la recaudación ordinaria, un sinnúmero de políticos y un océano de empleados a quienes hay que pagar puntualmente todos los meses.
El problema, nuestro problema, es que lo primero -las atribuciones del Estado- las hemos convertido en derechos por las buenas. Y no, no son derechos. Nada que se ejerza a costa de un tercero contra la voluntad del tercero merece el nombre de derecho. No existe nada parecido a una sanidad "gratis" o una educación "gratis", siempre hay alguien con nombre, apellidos y domicilio fiscal que la paga, generalmente sin pretenderlo y, lo que es peor, sin intención de utilizar el servicio. Ese alguien ya no da más de sí, trabaja medio año o más para el Gobierno y aún así éste se ve necesitado de cuadrar las cuentas pidiendo prestado por ahí. Se dice a menudo que esto es insostenible, cierto, no es una frase hecha, esto es insostenible en el tiempo nos guste o no. Llegará un momento en el que el Gobierno vea como se le cierra el crédito externo -abierto ahora de falsete gracias a los oficios de Mario Draghi- y entonces el tinglado implosionará, habrá que presentar la suspensión de pagos y los que ahora pregonan a los cuatro vientos la inviolabilidad de los "derechos sociales" comprobarán con amargura que no eran tales, sino caprichos redistributivos que sólo un país rico puede permitirse. El nuestro lo fue y aún en cierta medida lo es, pero cada vez menos. Se persigue a los fabricantes de riqueza, a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores del sector privado. A estos héroes cotidianos se les machaca a impuestos y a folios y más folios de regulaciones, la mayor parte de las mismas arbitrarias y estúpidas. Así es imposible no ya prosperar, sino simplemente sobrevivir con lo puesto.
Podría argüirse, como hacen los optimistas incorregibles, que estamos en el fondo del valle y que a partir de ahora todo va a ser una veloz remontada. La propia CEOE se ha apuntado al mantra haciendo su propia previsión. La patronal prevé que dentro de un año se esté creando empleo. Me permito dudarlo. Por dos razones. La primera porque nada invita a pensar que el zapaterismo montoriano vaya a remitir, más bien todo lo contrario, y ahí tenemos el renovado paquete de alzas fiscales con el que Hacienda nos felicitará la Navidad. La segunda porque me parece puro wishful thinking. La previsión de la CEOE no se fundamenta en nada sólido, solo en las buenas vibraciones que le transmite el marco macroeconómico. Hágase un favor, busque en Google previsiones similares hechas hace uno, dos o tres años y compruébelo por usted mismo. Sí, de primeras es duro de enfrentar, pero las previsiones no sirven para nada o, mejor dicho, sirven para tomar decisiones equivocadas. Esto es lo que hay. No lo olvide. Noventa y dos… y sumando.
