El gobierno nos amenaza con multas por el uso legítimo de la electricidad, nos llama irresponsables por “derrocharla” y restringe su oferta. El aparente problema que plantea el gobierno no es nuestra culpa, sino una amalgama de regulaciones y controles sobre un sector que sería próspero de no ser por su intervención.
¿La electricidad es un bien que el actor económico valora? ¿La electricidad es escasa? Evidentemente que sí. Si la electricidad es escasa y la valoramos, entonces es susceptible de ser comerciada en el libre mercado. ¿Cuál es el problema pues? Que la producción de electricidad se considera un monopolio natural y que el estado lo ha de manipular para que sus costes no sean excesivos. A ésta, que era la visión tradicional, ahora el gobierno ha añadido otro factor para ampliar su control y recaudación, esto es: proteger el consumo doméstico y responsable para penalizar “el derroche de energía”.
¿Cuál es el precio justo que ha de pagar el consumidor de electricidad? ¿Qué significa un consumo responsable y derrochar la energía? Esto lo podríamos aplicar a todo y afirmar tranquilamente que hemos de hacer un uso responsable en la compra de camisas para no agotar la producción de algodón, de lápices para no acabar con la madera, no consumir más de las calorías necesarias para aumentar nuestra esperanza de vida (¿acaso sabe usted la suya?), etc.
No es el estado quien decide sobre nuestros asuntos personales, sino nosotros mismos mediante nuestras acciones destinando más dinero a un bien y rebajándolo en otro. Nuestra acción en el mercado hará que lo que más valoramos, más producción y alternativas tenga, y por lo tanto, tenga precios más baratos. La acción del consumidor marca el precio al empresario final de energía. A la vez, el proveedor del empresario que nos sirve hará lo mismo con su cliente. Y así hasta llegar al fabricante de la materia prima. Y si la materia prima falla el empresario buscará otras fuentes alternativas. Todo este proceso es el que crea precios reales y recursos sostenibles en la estructura productiva de la economía. La producción de energía se rige por los mismos principios que la creación de quesos o cualquier otro bien económico.
En el libre mercado los precios marcan el deseo del consumidor. Bajo la distribución y monopolio estatal los precios están marcados por los caprichos del político que no tiene idea alguna de la información tácita que desprende el mercado.
Al incluir controles, precios máximos, monopolios por ley y niveles de producción sólo desincentivaremos al empresario para producir el bien final deseado, o directamente, lo estaremos echando del mercado (efecto crowding out). Evidentemente esto sólo generará una producción “sub–óptima”, que en el caso de la electricidad, significa apagones e insuficiencia eléctrica. A la vez, también, estancará la innovación esterilizando el sector. Y ésta es la fórmula del gobierno. No es ilógico para el gobierno culpar a los demás de sus errores, porque sino, no podría tomar más control y dinero del sector privado.
Para marear la perdiz muchos gobiernos han intentado hacer una privatización del sector energético muy vaga, cara e insuficiente. Liberalización no ha de significar sólo que los consumidores puedan elegir su suministrador de electricidad o crear un mercado de derivados en el que nadie confía (Mercado Ibérico de la Electricidad, MIBEL). Esto sólo es una cortina de humo. Liberalizar significa que el estado no haga intervención alguna ni guarde privilegios en la producción de energía.
Un mercado abierto y libre es el que nos llevará a una auténtica riqueza del sector donde la empresa, cualquiera que sea su medida, podrá innovar y producir al mejor precio lo que el consumidor busca. Y sino, lo hará la competencia. Si lo dejamos todo en manos de la distribución estatal y ésta falla, algo que pasa siempre, no habrá alternativa ni competencia que nos salve.
