"El mayor riesgo de desviaciones está en las administraciones territoriales" y, por ello, el Gobierno debe idear "medidas" adicionales ante tal escenario. ¿Qué ha dicho Miguel Ángel Fernández Ordóñez? Simplemente, que el desbocado gasto público de comunidades autónomas y ayuntamientos impedirá cumplir con el compromiso de reducir el déficit público al 6% del PIB el próximo año. Es decir, los recortes anunciados no serán suficientes y, por lo tanto, augura nuevas medidas de ajuste fiscal para alcanzar el objetivo previsto.
De este modo, el organismo monetario acaba de desmontar el último gran mensaje de Salgado, consistente en que el déficit del Estado había caído cerca de un 42% interanual hasta agosto. En realidad, la ejecución presupuestaria apenas muestra variaciones significativas en el primer semestre respecto al mismo período de 2009, y gran parte del desequilibrio se está trasladando ahora a la administración territorial. Los números rojos crecen a marchas forzadas en las cuentas autonómicas y municipales, muy acostumbradas al chorro interminable de recursos propio de épocas ya pasadas, en donde la recaudación de impuestos llegaba cual maná caído del cielo.
Los ayuntamientos acumulan pagos por valor de miles de millones de euros a los que ahora no pueden hacer frente, hasta el punto de que un tercio corre el riesgo de entrar en bancarrota este mismo año (2.700 consistorios). La situación de los gobiernos autonómicos no es muy diferente. El Gobierno central está cerrando el grifo de las transferencias como resultado de la menor recaudación, al tiempo que la austeridad brilla por su ausencia en la mayoría de las regiones.
Se trata, pues, de un peligroso cóctel que, unido al insuficiente recorte presupuestario del Gobierno central, convertirá el objetivo de déficit público en papel mojado. De ahí, precisamente, que el Banco de España recomiende al Ejecutivo un Plan B, consistente en nuevas medidas de ajuste, más allá de las anunciadas por Zapatero. Es decir, más subidas de impuestos, recortes adicionales de gasto o bien una combinación de ambas.
Por el momento, Ordóñez se ha limitado a señalar la necesidad de revisar la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria para incluir un "límite de gasto" en las administraciones territoriales, al igual que ya existe un techo de gasto para la Administración Central del Estado. Y el Gobierno parece haber recogido el guante. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha señalado que se trata de "una buena idea", aunque ha recordado que eso depende de cada comunidad. ¿Solución? Zapatero está dispuesto a negociar con el PP un nuevo modelo de financiación local y de "sostenibilidad" sobre las cuentas autonómicas.
Por desgracia, servirá de poco. La clave no radica en imponer techos de gasto, cuyo incumplimiento será frecuente y arbitrario, o en evitar duplicidades administrativas que podrían ser derogadas de forma unilateral en cualquier momento, sino en reformar el actual sistema de reparto territorial de fondos por parte del Estado. El Gobierno central anticipa a autonomías y municipios la parte transferible de ingresos fiscales que prevé recaudar en ese ejercicio. La crisis y unas estimaciones presupuestarias irreales, basadas en un crecimiento económico inexistente, permitieron a ambas administraciones gastar mucho más de lo que les correspondía, algo más de 30.000 millones de euros entre 2008 y 2009 –casi el 3% del PIB. Un dinero que ahora no pueden devolver.
Es imprescindible clarificar el esquema de ingresos y gastos para que cada administración tan sólo pueda gastar lo que recauda, y en caso de pasarse responder ante sus contribuyentes. Más allá del regreso a un gobierno central único, poco probable en el caso de España, el federalismo o el foralismo son las únicas recetas posibles para poner fin a la actual locura de la financiación autonómica y local. Centralizar ingresos y descentralizar gastos es un modelo insostenible, ambas partidas deben ser unificadas.
