Es normal. A todos nos hace ilusión que algún día llegue a gobernar un político que actúe con independencia y cuente realmente cómo hace lo que quiera que esté haciendo. Dos lemas consagraron la imagen de cristalina independencia del cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos de América. La primera y más famosa era "expulsar a los lobbies fuera de Washington". La segunda consistía en "devolver la ciencia a su legítimo lugar".
Poco más de un año después de su toma de posesión, diversos medios y blogs le acusan de hacer justo lo contrario. Lo simpático del asunto es que la causa de esta polémica es el estudio acerca de los efectos sobre el empleo de las ayudas públicas a las fuentes de energía renovables que realizamos hace ahora un año Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo y un servidor con la colaboración de José Ignacio García Bielsa.
El estudio tuvo una gran acogida en medios académicos y periodísticos internacionales. El Wall Street Journal, por poner un ejemplo, le ha dedicado tres editoriales aplaudiendo el enfoque y sus resultados. Obama llevaba algunos meses vendiendo la idea de que la creación de empleos verdes en el sector de las energías renovables sería una de las principales soluciones para sacar a EEUU de la crisis económica. Nuestro estudio venía a decir que si de crear empleo se trata, uno puede hacerlo poniendo a miles de personas a mover turbinas que generen electricidad, pero que la cuestión es si eso es económicamente viable: cuánto costará falsear la competitividad de esa modalidad de producción energética y cuál es el coste de oportunidad de hacerlo.
Así, las conclusiones mostraban que cada empleo verde creado en España entre el año 2000 y 2008 había requerido más de medio millón de euros en subvenciones, que debido a que la mayor parte de esos empleos eran en instalación de nuevas plantas, el mantenimiento de esos empleos requería un crecimiento astronómico de las ayudas a la producción, que el modelo español había creado una burbuja que amenazaba con explotar, que estábamos poniendo en riesgo el sistema eléctrico, que esos recursos utilizados en subvencionar una producción ineficiente de electricidad hubiesen creado más empleo si los recursos se hubiesen dejado en el resto de la economía y que estábamos provocando una deslocalización forzada en diversas industrias.
Como es lógico y comprensible, las conclusiones de nuestro estudio no gustaron a todo el mundo por igual. Los lobbies a ambos lados del Atlántico que reciben dinero por su vinculación con las energías verdes y los políticos que defienden esas políticas energéticas fundamentadas en subvenciones no recibieron con buenos ojos el estudio.
Varios meses después de la salida de ese informe, sus conclusiones se citaban con mucha frecuencia en los debates en torno a la propuesta de nueva ley energética en el Congreso de EEUU. Alguien debió sentir que este estudio académico podía poner en peligro el pastel de subvenciones que se estaba cociendo en Washington. Todo esto, ya digo, es normal y comprensible.
Lo interesante empieza cuando el Laboratorio Nacional para las Energías Renovables (NREL) publicó un contraestudio en el que fundamentalmente se criticaba la metodología que habíamos usado en nuestro estudio. En EEUU muchos se preguntaron qué hacía un organismo público contestando un estudio académico de otro país sobre una experiencia en materia de legislación energética en ese país extranjero. El hecho no tenía precedentes. Así que el Competitive Enterprise Institute, un think tank defensor del libre mercado, apoyado en la ley sobre la libertad informativa requirió información al Gobierno estadounidense y a la NREL sobre quién lo había encargado, por qué lo había hecho y cuánto había costado el contrainforme.
La respuesta ha llegado medio año después de la petición y contiene unas 900 páginas de correos electrónicos y documentación diversa. Ninguna de las preguntas queda medianamente contestada en esas 900 páginas pero una cosa sí queda clara: varios lobbies, entre los que destacaba el de las empresas eólicas, estaban detrás del estudio del Laboratorio y la supuesta categoría académica del estudio había sido lograda gracias a la revisión del manuscrito por parte de los propios lobbies. Leyendo los centenares de páginas de correos que se han enviado entre sí el ministerio, el laboratorio y los lobbies, uno pierde la cuenta de quién es el Gobierno y quién es el grupo de presión. No es de extrañar que la polémica le esté costando a Obama su imagen de trasparente e independiente.
Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana
