En materia de pensiones, todos las formaciones mostraron su rostro más demagogo.
Los retos económicos a los que se enfrenta España a medio plazo no son menores: primero, nuestro mercado de trabajo es enormemente disfuncional, no solo por su elevadísima tasa de paro estructural, sino también por su altísima tasa de temporalidad; segundo, la productividad, y consecuentemente los salarios, se mantiene estancada; tercero, riesgo de crisis fiscal por la sobreacumulación de deuda pública; y cuarto, insostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. A tenor de la importancia de tales retos, las reformas económicas deberían constituir una prioridad para todos los partidos políticos frente a las elecciones del próximo 28 de abril.
Este domingo, los principales partidos políticos españoles debatieron sobre sus programas económicos en ‘El Objetivo’ de La Sexta: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidos Podemos desgranaron sus principales ideas en tres destacados capítulos económicos —mercado laboral, déficit y pensiones— y delinearon dos grandes orientaciones de reforma. Mientras que PSOE y Unidos Podemos apostaron por rearmar regulatoria y fiscalmente al Estado, PP y Cs abogaron por una cierta moderación, e incluso retroceso, de la intervención estatal.
Primero: en materia laboral, PSOE y Unidos Podemos defendieron la derogación de la reforma laboral y nuevos aumentos radicales del salario mínimo interprofesional: es decir, regresar al modelo laboral previo a 2012 pero con un coste mínimo de contratación todavía más elevado. Teniendo en cuanta que la tasa de paro media entre 1980 y 2011 fue del 16,5% y que la tasa de temporalidad se ubicó con regularidad por encima del 30%, el horizonte contrarreformista no parece especialmente ilusionante. Por su parte, PP y Ciudadanos rechazaron derogar la reforma laboral de 2012 y, alternativamente, apostaron por crear empleo atrayendo inversión empresarial y facilitando el crecimiento de nuestras empresas (PP) así como por una combinación de contrato único, de aumentos moderados del salario mínimo y del complemento salarial como vías para contrarrestar la temporalidad y los salarios bajos (Cs).
En este campo, la alocución del PP fue más valiosa por lo que omitió (no planteó subidas del SMI o incrementos en el coste de la contratación) que por lo que propuso (la generalidad de fomentar la inversión empresarial): es decir, el PP no planteó nada que empeorara abiertamente la situación de nuestro mercado laboral, si bien tampoco exhibió ninguna medida específica para solventar sus peores males actuales (alta tasa de paro estructural, alta temporalidad y salarios estancados). Ciudadanos, en cambio, sí sacó a relucir fórmulas para reducir la temporalidad (contrato único con aumento en el coste del despido para los empleos temporales) o los bajos sueldos (complemento salarial y aumentos graduados del SMI) pero a costa de elevar la tasa de paro estructural. Ninguno de ellos, por desgracia, planteó una genuina liberalización de las relaciones laborales (en materia de indemnización por despido y de negociación colectiva), que sería la forma de atacar a la vez el problema de las altas tasas de paro y de temporalidad.
Segundo: en materia impositiva, PSOE y Unidos Podemos blandieron la misma política tributaria que han venido aplicando durante los últimos meses desde el Gobierno: nuevas subidas impositivas (eso sí, sin especificar cuáles ni cuánto) para continuar cebando el tamaño del sector público. Es decir, más desincentivos a la creación de valor por parte de familias y empresas para aumentar el poder que la élite política y funcionarial ejerce sobre la economía. En el otro lado, PP y Ciudadanos rechazaron tales incrementos impositivos y defendieron, con desigual intensidad, una rebaja fiscal: Ciudadanos lo hizo con la boca pequeña, sin convicción y casi por presión escénica, mientras que el PP volvió a proclamar con rotundidad la necesidad de protagonizar una “revolución fiscal” centrada en la minoración del Impuesto sobre Sociedades y en los gravámenes sobre el ahorro. El problema en este caso es el mismo de siempre: cómo combinar semejante “revolución fiscal” con el ajuste del déficit y la reducción de la deuda pública. No hay propuestas creíbles de ajuste del gasto público —más allá de luchar contra la administración paralela y la chocolatería del loro— y sin ellas toda revolución fiscal quedará enormemente descafeinada. Sin profundos recorte de gasto, la revolución fiscal no pasará de gatillazo fiscal.
Y tercero: en materia de pensiones, todos las formaciones mostraron su rostro más demagogo, si bien con diversos grados de irresponsabilidad. De nuevo, PSOE y Unidos Podemos siguieron huyendo hacia delante, negando en la práctica cualquier problema financiero en la Seguridad Social: ambos prometieron mantener la indexación de las pensiones al IPC y, por tanto, condenar al sistema a la insostenibilidad. Ciudadanos también apostó por la reindexación, si bien reconoció la necesidad de aprobar “grandes reformas” complementarias dentro de la Seguridad Social (vamos, nuevos recortes de las pensiones pero sin concretarlos ante las cámaras). Y, por último, el PP fue el único que se negó a apostar por la indexación única de las pensiones al IPC, pero ni siquiera se atrevió a defender la reforma que ellos mismos aprobaron en 2013 (donde las pensiones se desindexaban del IPC y se vinculaban al Índice de Revalorización de las Pensiones que garantizaba la sostenibilidad a largo plazo del sistema). Jugándose 9,5 millones de votos en este apartado, ningún partido antepuso su honestidad intelectual a su ambición de poder.
En definitiva, el primer debate económico entre los principales partidos españoles nos dejó una retahíla de propuestas genéricas que, en el mejor de los casos, sólo atacan de soslayo los grandes problemas de nuestra economía. PSOE y Unidos Podemos reclaman hipotecar la economía con todavía más impuestos y rigideces regulatorias; PP y Cs rechazan —acertadamente— redoblar el intervencionismo del Estado pero lo hacen sin articular de momento un itinerario creíble para desarmar el estatismo que nos atenaza. El diablo estará en los detalles si es que llegamos a conocerlos antes del 28-A: de momento, ni una sola memoria económica sobre la mesa.
