La UE pretende convertir en presunto culpable (Borau estará contento) de "contrabando digital" a todo aquel que ose salir de un avión llevando consigo un ordenador portátil, un reproductor de mp3 o un teléfono móvil. De prosperar la propuesta del G8, cualquiera que llegue a un aeropuerto se arriesga a que las fuerzas de seguridad le confisquen temporalmente cualquiera de los dispositivos señalados, u otro susceptible de contener archivos "pirateados".
Es cierto que la propuesta es para tratar de localizar a quienes entren, por ejemplo, con una cantidad inusual de soportes que permitan almacenar canciones, películas u otros archivos que tanto preocupan a las SGAE, DAMA, RIAA y similares de todo el mundo. Pero también lo es que, tal como está hecha, cualquiera puede ser parado en el control del aeropuerto y quedarse por un tiempo sin su portátil o su móvil, por ejemplo. Además, a diferencia de otro tipo de controles en el aeropuerto, revisar el contenido de muchos de estos dispositivos supone una intromisión absoluta en la intimidad. Cabe preguntarse, por ejemplo, quién impedirá que las fuerzas de seguridad lean el correo electrónico o revisen la agenda de contactos.
A eso hay que añadir los problemas adicionales a los que se pudiera enfrentar un viajero que viera cómo alguno de estos aparatos o soportes le es retenido. Cualquier persona podría verse privada por un tiempo, aún sin definir, de un elemento de comunicación tan importante como su móvil, o de una herramienta de trabajo como su ordenador. El daño que producido por la imposibilidad de ponerse en contacto con alguien cuyo número tan sólo se tiene guardado en el teléfono, o por no poder contar en una reunión de trabajo con los documentos o la información guardada en el portátil o un DVD puede ser muy grave.
¿Cómo sabrán los encargados de buscar a esos presuntos "contrabandistas digitales" que un CD es una copia "pirata", y no esa "privada" que permite la legislación de muchos países, o que las canciones que contiene un mp3 han sido compradas por Internet? ¿Y cómo distinguirán si unas canciones tienen los derechos de autor tradicionales y no otro tipo de licencia de las denominadas libres? Cuesta mucho creer que todos los aeropuertos dispongan de listados de todas las obras que existen en el mundo según el tipo de licencia a la que se acojan. Eso por no hablar que, en el primer supuesto, es un poco demencial pretender que se viaje con el recibo de todos los discos, películas o canciones sueltas que se han comprado.
La realidad es que, aunque por el momento todo esto es sólo una propuesta, resulta sin embargo muy preocupante. Que los jefes de Estado y Gobierno se planteen estas cosas demuestra hasta qué punto la industria del entretenimiento y las entidades de derecho de autor en todo el mundo han adquirido una influencia desmesurada. Por lo tanto, no resulta descabellado pensar que este tipo de controles aeroportuarios pueden terminar implantándose en todo el mundo.
Mal andamos cuando la defensa de los intereses de cantantes y cineastas se equipara, por ejemplo, con la lucha contra el terrorismo.