La tecnología, la longevidad y la productividad no son amenazas, son oportunidades para las que España debe prepararse.
«If I could only stop my mind from wonderin’ what I left behind and from worrying ‘bout this wasted time”. Don Henley.
Se acaba 2019 y la sensación en España es de otro año perdido en el que se evitan las reformas esenciales para fortalecer España de cara al futuro.
La preocupación política y la incertidumbre electoral no son excusas validas cuando el Gobierno en funciones ha tenido todas las oportunidades de llevar a cabo reformas estructurales con el apoyo de los partidos que defienden la cordura económica. Es triste ver cómo, de nuevo, el Gobierno cierra los ojos ante la desaceleración y se entrega a la política monetaria del Banco Central Europeo para que riegue de liquidez y tipos bajos los desequilibrios acumulados.
El Gobierno ha pasado un año echándole la culpa de la desaceleración, el paro y la pobre creación de empleo a los demás, al brexit y la guerra comercial mientras en Reino Unido el paro caía al nivel más bajo en 45 años, 3,6%, personas trabajando a nivel récord (32,8 millones) y salarios creciendo al 3,6%, y en Estados Unidos el paro bajaba a mínimos de 50 años, 3,5%, con salarios creciendo un 3,1% anual.
En España los datos del mes de noviembre ya eran negativos (los peores desde 2016) y, además, eliminando la estacionalidad el dato de paro (-1,7%) fue el peor desde 2013. En términos interanuales, la creación de empleo en España en 2019 es la más baja desde 2014, casi 180.000 empleos menos que en 2017.
Mientras el Gobierno y sus socios se pelean a ver quién promete gastar más, los ingresos fiscales ya reflejan la desaceleración, creciendo solo un 1,6% hasta noviembre (2,1% en términos homogéneos) comparado con un 4,6% estimado por el Ejecutivo y muy lejos de la cifra necesaria para cumplir las estimaciones más suaves de déficit.
Esta desaceleración es también evidente en la cifra de beneficios empresariales de 2019, y la recaudación de impuesto de sociedades, que cae un 18,9% en términos homogéneos en el último periodo analizado.
Lo peor de este año perdido, como el anterior, es que se están tomando las medidas equivocadas para fortalecer la economía (subir los impuestos al trabajo) y el Gobierno parece estar esperando a que Bruselas acepte nuestro nuevo desequilibrio presupuestario desde la política de hechos consumados, es decir, esperar que se resignen y nos dejen incumplir de nuevo nuestro objetivo de déficit, algo que perjudica gravemente nuestra credibilidad.
En todo el periodo de tacticismo electoral y promesas vacías no se ha hablado de mejorar la productividad, atraer inversión y enfrentarnos a los retos del futuro. Más bien lo contrario. Las líneas maestras de los acuerdos que se proponen para la investidura mantienen una visión extractiva y confiscatoria de la economía, que fía toda la ejecución presupuestaria a enormes subidas de impuestos a los sectores de alta productividad para regar de subvenciones y gasto político a los sectores de baja productividad.
No podemos olvidar que, en términos tributarios, tener una empresa en España sale un 57% más caro que en el Reino Unido, un 25% más oneroso que la media de la Unión Europea (UE) y un 22% peor que la media de la OCDE (Paying Taxes 2019).
Los grandes retos a los que se enfrenta España no se van a solventar desde una fiscalidad extractiva y una política anti-empresarial. España tiene empresas muy pequeñas, frágiles y poco rentables -incluso las mal llamadas «grandes empresas»-, como muestra el informe de la Central de Balances del Banco de España. Por ello urge fortalecer el tejido empresarial, no saquearlo, si queremos mejores salarios, productividad y estado de bienestar.
Debemos enfrentarnos a las oportunidades que brinda la tecnología atrayendo inversión y permitiendo que las empresas crezcan. Un país donde las start-ups, en su mayoría, no llegan a nada no puede ser un objetivo, pero es mucho más peligroso un país que intenta aniquilar a las tecnologías disruptivas y la innovación cuando tiene éxito. La mejora de la productividad no se va a llevar a cabo intentando poner escollos al cambio.
España debe, además hablar menos de «gasto en I+D» y más de patentes y empresas creadas con las mismas. Ya antes de la crisis, por cada patente que solicitaba España, Alemania llegaba a 24, Francia a 8, Holanda a 7 e Italia a 4. Por cada patente nacida en España, en Estados Unidos afloraban 34, en Japón 22.
Debemos atender al reto demográfico desde una perspectiva seria, no ideológica. Las pensiones del futuro no se van a pagar con aire, es por ello por lo que el reto demográfico debe atenderse con políticas serias de natalidad, apoyo a las familias, no saqueo fiscal, y sobre todo atrayendo inversión internacional que cubra el cambio de la pirámide de población por factores culturales con capital e inversión de alto valor añadido y mayor productividad.
Las pensiones se pagan con más empleo y mayor inversión. Los países más robotizados tienen menor desempleo, mejores salarios y mejor calidad de empleo que los menos robotizados. No caigamos en las trampas distópicas intervencionistas.
España puede beneficiarse de la transición energética con una política que sea seria, orientada a fortalecer la industria -no a hundirla- y nuestra capacidad exportadora, y que tenga como factor esencial la competitividad. Solo desde un éxito rotundo en inversión, empleo y crecimiento conseguiremos ser un ejemplo de transición energética.
La tecnología, la longevidad y la productividad no son amenazas, son oportunidades para las que España debe prepararse. Ninguno de estos retos se afronta desde una fiscalidad extractiva y una visión intervencionista de la política económica. Caer en el error de pensar que la deuda va a ser barata siempre y la liquidez abundante y lanzarse a aumentar desequilibrios no solo es irresponsable, es profundamente anti-social con nuestros ciudadanos y las generaciones venideras.
