El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha publicado en su blog un artículo donde asegura que “el empleo debe ser para la gente de aquí, priorizando la contratación de residentes, para quienes viven en nuestras Islas. Hay fórmulas. Hay camino. Y vamos a hacerlo”.
Estas ideas proteccionistas para el empleo son tan antiguas como dañinas, provocando siempre más desempleo y, por ende, pobreza. Los seres humanos cuando se organizan en libertad intentan cooperar los unos con los otros de la forma más eficiente posible sin entrar en distinción alguna de raza, residencia o lugar de nacimiento.
Los ciudadanos que residen en Canarias no son diferentes a los de otras regiones o países. Es decir, a la hora de buscar a alguien que coopere con ellos, buscarán a quienes les presten el mejor servicio y de la forma más barata posible independientemente de que sea residente en Canarias o no.
De esta forma, si estamos en nuestras casas y se nos rompe una lavadora buscaremos al mejor y más barato fontanero que encontremos importándonos poco que resida o haya nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o Madrid. Este comportamiento económico no sólo no es malo para el empleo en Canarias, sino que además es el adecuado para poder conseguir una sociedad más rica y, por lo tanto, un mayor bienestar social.
Si el Gobierno de Canarias aprobara mañana una ley que dijera que las empresas canarias (públicas o privadas) tuvieran que emplear únicamente a residentes en las Islas las consecuencias serían las ya expuestas: más paro y más pobreza.
Imaginemos por un momento que a una oferta de empleo se presentan dos personas, una residente en Arrecife y otra en Cuenca. El de Arrecife resulta ser peor que el de Cuenca, pero por la ley aprobada es el que resulta empleado. Si la empresa fuera privada, esto la llevaría a ser menos productiva y, a la larga, a tener que despedir a sus trabajadores y, si fuera pública, a una mayor ineficacia, si se puede, de los servicios públicos en Canarias.
Sin lugar a dudas, en Canarias residen un montón de magníficos profesionales, pero eso no significa que los canarios debamos perder nuestra libertad a la hora de contratar o ser contratados como mejor nos convenga.
El que escribe es residente en Las Palmas de Gran Canaria, trabaja como profesional liberal en Canarias y el resto de España; imparte clases en distintas universidades de la Península y el extranjero. Si los gobernantes de todos estos lugares aprobaran leyes como las que pretende Paulino Rivero el resultado sería sencillo: habría un nuevo parado en Canarias.
