El plan Paulson apoyado por demócratas y republicanos en contra de la opinión de un 93% de los ciudadanos estadounidenses no es la panacea que venden Bush, Obama y McCain. La crisis de las subprimes no es la de un mercado libre falto de intervención sino todo lo contrario. En efecto, la Community Reinvestment Act de Jimmy Carter por la que los políticos forzaron la existencia de las hipotecas subprime para "facilitar" a todos el acceso a una vivienda, la garantía pública a Fannie y Freddie para que apoyaran ese experimento de ingeniería social y los tipos de interés que la monopolista Reserva Federal mantuvo por los suelos durante 5 años fueron el caldo público de cultivo de la actual crisis.
La tentación de los políticos suele ser tapar las negativas consecuencias de anteriores intervenciones sobre el libre mercado con nuevas intervenciones que desafortunadamente nos dejan nuevos problemas y rara vez solucionan completamente los viejos. En este caso resulta más que dudoso que la compra de activos de mala calidad por valor de 700.000 millones de dólares pueda resolver la crisis subprime y, sin embargo, parece muy probable que el enorme endeudamiento con el que se financiará el plan hunda el valor de la deuda pública norteamericana y del propio dólar. Al final lo previsible es que el ciudadano estadounidense termine pagando a un precio desorbitado las disparatadas políticas intervencionistas de sus políticos, de algunos financieros y de los dirigentes de la FED.
Si el acuerdo tiene poco sentido al otro lado del Atlántico, aquí no tiene ninguno. Y es que nuestra crisis no es la de las hipotecas subprime; es mucho peor. El PER de la vivienda, el ratio que ayuda a medir la sobrevaloración de los precios de los inmuebles indicando los años que es necesario esperar para recuperar la inversión en vivienda, ha llegado aquí a 35 frente a los 23 que alcanzó en EEUU. En España se construían casi un millón de viviendas en el punto álgido de la burbuja mientras que en EEUU, para una población de 300 millones de habitantes, se construían 1,6 millones. En nuestro país se ha producido una enorme distorsión de la estructura productiva de la que sólo nos recuperaremos para crecer de manera sana tras un doloroso reajuste. Las malas inversiones tendrán que ser liquidadas y tendremos que recolocar los factores de producción donde más se los necesita para comenzar un crecimiento armónico.
Además de provocar todos los efectos negativos del Plan Paulson, un plan español similar impediría la imprescindible reestructuración y alentaría a las instituciones rescatadas a continuar con las malas prácticas que inflaron la burbuja. Necesitamos aislar los activos infectados y no esparcirlos contaminando el resto de la economía. Para colmo, un acuerdo político de estas características dirigiría el escaso ahorro que necesitamos para capitalizar los proyectos viables hacia proyectos que no tienen futuro y deben ser liquidados cuanto antes.
Sin embargo, un gran acuerdo entre el líder socialista y el popular podría ayudarnos a hacer más llevadera la travesía por el desierto si girara en torno a otros principios. Ese trato necesariamente requeriría incentivar el maltratado ahorro de los españoles, recortar al máximo el despilfarro público –tratando de bajar impuestos si fuera posible– y flexibilizar el mercado de trabajo y demás factores de producción para que la reestructuración sea más rápida y menos dolorosa. Esperar un trato como este de dos alérgicos al liberalismo es pedirle peras al olmo. Pero la esperanza debe ser lo último que perdamos cuando nos jugamos tanto.
