Estamos ante una pieza más en la estrategia política de impedir regulatoriamente que los ciudadanos se garanticen por sí mismos una vida digna.
La última proposición de ley que presentó Unidos Podemos en el Congreso antes de su disolución fue una ley de suficiencia de ingresos con la que pretende establecer una renta básica universal por la puerta de atrás. En particular, Unidos Podemos promete asegurar que todos los españoles dispondrán de al menos 600 euros mensuales para, de ese modo, garantizarles una existencia “digna”: así, si las rentas que obtiene un ciudadano por su trabajo o por otras prestaciones sociales son inferiores a esos 600 euros (o, si cohabita con otra persona, a 900 euros en conjunto), el Estado suministrará la diferencia hasta alcanzar semejante umbral.
Como digo, se trata de una renta básica por la puerta de atrás —y no de una renta mínima de inserción— porque la prestación no lleva aparejada casi ningún tipo de condicionalidad. La única obligación con la que cargarían los perceptores de este ingreso estatal sería aparecer como demandantes de empleo en los servicios públicos estatales, pero no soportarían “obligaciones adicionales de formación o inserción laboral, que serán en cualquier caso voluntarias”. O expresado de otro modo: aquellos que pudiendo trabajar se negaran a hacerlo seguirían percibiendo esta renta estatal en tanto en cuanto no se ha condicionado a la disponibilidad de sus beneficiarios a cubrir aquellas ofertas de empleos que se les planteen.
Acaso convenga poner en relación esta propuesta —los 600 euros mensuales para las personas sin otros ingresos— con otra de las medidas estrella de Unidos Podemos durante esta legislatura: la elevación del salario mínimo a 1.050 euros mensuales (o 900 euros mensuales en 14 pagas). Como ya hemos expuesto en otras ocasiones, el salario mínimo equivale a prohibir a una persona trabajar por un importe inferior al mínimo establecido legalmente: esto es, prohibir por ejemplo que un parado acepte un empleo de 1.000 euros mensuales.
Nótese, pues, la perversa lógica de la que en última instancia está haciendo gala Podemos: que una persona cobre incondicionalmente 600 euros del Estado (esto es, a costa del resto de los contribuyentes) le garantiza una vida digna pero, en cambio, que trabaje por un salario de 1.000 euros mensuales (saliendo adelante por sus propios medios y aliviando la carga que supone para el resto de la sociedad) lo aboca a una vida indigna. Lo primero, los 600 euros mensuales extraídos coercitivamente del resto de ciudadanos (incluso cuando uno puede y se niega a trabajar), constituiría, según Podemos, una de las mayores conquistas sociales de nuestra historia reciente; lo segundo, los 1.000 euros mensuales obtenidos merced a la generación de valor para el resto de la sociedad, constituye tal degradación moral que merece ser prohibido.
Uno podría entender los motivos para establecer una renta mínima de inserción de 600 euros mensuales dirigida a todos aquellos que sean incapaces de encontrar un empleo o a aquellos que, habiéndolo encontrado, no pueden alcanzar semejante umbral mínimo de ingresos: cada cual intenta ganarse honradamente la vida por sus propios medios y si, por razones que no le son imputables, no alcanza ciertos niveles mínimos, entonces el resto de la sociedad contribuye a ayudarle con la condición de que ponga de su parte para no perpetuarse en tal situación de dependencia. Pero la lógica de ‘es preferible que, pudiendo trabajar, no trabajes y que vivas a costa de los demás’ es una lógica absolutamente parasitaria y antisocial: mejor 600 euros arrebatados al resto de ciudadanos que 1.000 euros creando valor para esos mismos ciudadanos.
¿Cuál es, pues, el origen de tan perversa lógica? Por un lado, la influencia de la teoría marxista de la explotación: para un sector importante dentro de la izquierda, que un trabajador cobre un salario de 1.000 euros mensuales implica que algún capitalista se está aprovechando descaradamente de él (en realidad y siendo rigurosos, para el marxismo, cualquier salario, incluso los de 10.000 euros mensuales, implica que un capitalista se está aprovechando del trabajador) y, en consecuencia, tal situación de explotación económica ha de ser prohibida de raíz. No es que percibir una renta de 1.000 euros mensuales sea indigno (pues se trata de una renta casi un 70% superior a los ingresos ‘dignos’ de 600 euros mensuales que promete abonar Podemos): lo que es indigno es que un capitalista, pudiendo pagar muchísimo más de 1.000 euros mensuales, solo sufrague semejante cantidad para maximizar sus obscenas ganancias. Este sector de la izquierda parece no plantearse ni la posibilidad de que el capitalista no esté explotando a nadie por abonar un salario de 1.000 euros mensuales —no todas las personas generan en cualquier puesto de trabajo un valor añadido superior a 1.000 euros mensuales— ni, tampoco, la posibilidad de que el Estado sí esté explotando a los contribuyentes al arrebatarles parte de sus ingresos para costear las rentas de aquellos que se niegan a trabajar (o de aquellos a los que el Estado les impide trabajar).
Pero, por otro lado, también existe una poderosa razón estratégica para que Unidos Podemos prefiera una renta estatal de 600 euros mensuales a una renta salarial de 1.000 euros mensuales: las personas que viven de su propio salario son personas más independientes del poder político; las personas que malviven de las transferencias públicas son, en cambio, personas mucho más dependientes del Estado (su subsistencia depende de él). Lo primero nos empuja hacia una sociedad de individuos autosuficientes; lo segundo, hacia una sociedad de redes clientelizadas por el propio Estado. Y, como es obvio, una formación política cuya ideología fundacional aspira a expandir el tamaño y los controles que el Estado ejerce sobre la sociedad tenderá naturalmente a preferir un ciudadano dependiente de los poderes públicos que otro autosuficiente e independiente frente a los mismos.
En suma, no estamos ante una proposición de ley que busque garantizar una vida digna a todos los ciudadanos: estamos ante una pieza más en la estrategia política de impedir regulatoriamente que los ciudadanos se garanticen por sí mismos una vida digna para así abocarlos a sobrevivir merced a las dádivas clientelizadoras del Estado.
