Los diferentes gobiernos deberán aceptar que las aplicaciones de ridesharing son una realidad frente a la que no pueden luchar.
En los últimos años hay un guión que se repite casi al pie de la letra en cada gran ciudad del mundo donde desembarca Uber, la plataforma de ridesharing (aplicaciones de móvil que conectan a conductores que ofrecen servicios de transporte urbano con los pasajeros) más importante del mundo. En todas esas urbes las protestas de los taxistas son inmediatas, llegándose a producir episodios de violencia extrema en lugares como Buenos Aires y otras capitales. Acto seguido llegan los juicios y, en numerosas ocasiones, la prohibición por orden de algún tribunal. En otros casos son los gobiernos locales los que se adelantan a la Justicia y proscriben el uso de estas aplicaciones.
Latinoamérica es la región del mundo donde Uber está encontrando mayores dificultades, si bien se ha topado con problemas también en países europeos como Francia o España. Por el contrario, los diferentes servicios de ridesharing se encuentran ya muy afianzados en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la mayor parte de la Unión Europea, así como en diversos países de la Península Arábiga. Incluso en las dos naciones del Viejo Continente antes señaladas ha encontrado la vía para establecerse sin contravenir las leyes locales.
La polémica con Uber contrasta sin embargo con el crecimiento sostenido de un rival que lidera el sector en la Península Ibérica y varios países latinoamericanos. La compañía española Cabify (que solo opera en España, Portugal y América Latina) desembarca en un número cada vez mayor de ciudades de esas regiones sin generar tanta polémica ni enfrentarse a problemas judiciales similares a los de Uber. Es cierto que el sector del taxi también rechaza este servicio y pide medidas legales para controlar y restringir la actividad de los conductores, pero nunca se ha llegado a casos tan extremos como los que se han dado en torno a la compañía estadounidense.
Presente en 30 ciudades latinoamericanas
Uber solo está presente en seis naciones latinoamericanas (Brasil, Chile, México, Panamá, Perú y Venezuela), donde opera en un total de 15 ciudades. Frente a eso, Cabify funciona en 10 países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay), ofreciendo sus servicios en un total de 30 urbes. Esto implica un total de 12 países y 40 localidades al incluir España y Portugal. Dicha cifra responde a una acelerada expansión geográfica, puesto que en junio del año pasado estaba presente en 8 países y 25 ciudades tras desembarcar en Sao Paulo (ya trabajaba en otros puntos de Brasil) y Panamá.
El éxito latinoamericano e ibérico de Cabify y su contraste con los problemas de Uber no responden a un rechazo de lo estadounidense frente a una compañía hispana. La clave se sitúa en el modelo de negocio. Es cierto que ninguna de las dos plataformas cuenta con vehículos propios y conductores en plantilla, puesto que éstos son choferes independientes que se asocian a las aplicaciones y pagan una comisión por cada trayecto que les contratan a través de ellas. Sin embargo, las similitudes a grandes rasgos acaban ahí.
La aplicación estrella de la firma norteamericana es UberPop, que nominalmente es un servicio ofrecido por particulares para compartir vehículo a cambio de un pequeño pago. Sin embargo, los conductores de Cabify en la mayor parte de los países son profesionales registrados con permiso para realizar esta actividad similar a la del taxi (con diferencias como la de no recoger pasajeros en la calle, por ejemplo). En España funcionan con las llamadas licencias VTC (de alquiler de vehículos de turismo con conductor), que los ayuntamientos pueden otorgar en una cantidad de hasta una por cada 30 licencias de taxi vigentes.
Desde Uber tomaron nota de esto último y volvieron a España utilizando el mismo modelo, con su servicio UberX. Sin embargo, otros como UberPool (con licencias similares, pero pudiendo compartir un mismo servicio varios clientes y que funciona con éxito en lugares como Londres) no son legales en el país.
Nueva regulación en Uruguay
El modelo español no solo interesa a Uber, también a los gobiernos latinoamericanos de los países donde opera Cabify sin que la legislación esté tan clara. El Gobierno de Uruguay acaba de aprobar una legislación que regula la actividad sobre bases similares, estableciendo que los conductores deben registrarse como pequeñas empresas y fijando los impuestos que pagarán tanto éstos como las compañías propietarias de las aplicaciones.
Sea por esta vía o por otra, los diferentes gobiernos deberán aceptar que las aplicaciones de ridesharing son una realidad frente a la que no pueden luchar. Si no están dispuestos a llegar a una liberalización del transporte urbano de pasajeros como la británica, al menos antes o después tendrán que ceder en algún punto ante la evidencia de estas tecnologías disruptivas. No solo los clientes se beneficiarán de un servicio más barato. También se podrá generar decenas de miles de empleos legales en toda la región.
