Uno de los métodos para recopilar la información del IPC es la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF). Su deficiencia es la misma que tienen todas las encuestas, que la gente no acaba de decir la verdad. Algunas preguntas pueden invadir la intimidad o desvelar secretos y más en un país donde el 23% de la economía está sumergida y quienes están en ella no tienen interés alguno en divulgar estas rentas no declaradas. También tiene la dificultad de las mediciones realizados en los comercios cuando hay variaciones de productos. Cuando desaparece un producto del mercado ha de ser sustituido por otro en el índice. El problema es cómo saber qué producto es un bien sustitutivo exacto e igual de representativo que el que ha desaparecido en la última medición. La elección final no deja de ser arbitraria.
Otro problema en el cálculo del IPC es la poca representatividad de algunos grupos sociales. Sólo a modo de ejemplo, el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas pesa aproximadamente un 23% en el índice. Esto, evidentemente, deja fuera a todos los jóvenes, y no tan jóvenes, que viven con sus padres, mientras que el grupo de las bebidas alcohólicas y tabaco, productos donde el gobierno más impuestos ha cargado, sólo suponen poco más del 3%. Viendo otras estadísticas, podríamos concluir que ese 3% puede ser más de la mitad del gasto de los jóvenes. Y aunque también consumen, se excluyen las personas que residen en hogares colectivos e instituciones como conventos, residencias de ancianos, prisiones…
Por otra parte, el IPC excluye de su cómputo algunos impuestos, tasas pagadas a la administración pública, multas o recargos. Curiosamente, todos son pagos al Estado. Aunque los suban el IPC se queda igual. El índice tampoco contempla otros gastos de consumo pese a su gran peso en nuestra economía, como los de la economía sumergida, el comercio electrónico que ya representa casi el 10% del PIB, la venta ambulante como la que se hace en los mercadillos, los bienes introducidos en la economía hasta que no se consideran "representativos" o el alquiler de casas de vacaciones. Si usted alquila un carísimo apartamento en la costa durante un mes, por ejemplo, no computa en el índice, pero las rebajas sí. Sólo les falta incluir los periódicos gratuitos y las liquidaciones de stock.
Asimismo, tampoco computa la mayor preocupación de casi todos los españoles: la vivienda de propiedad, ya que ésta se considera una inversión y no un gasto. Algo muy conveniente para el gobierno ya que el precio medio de la vivienda se disparó desde la entrada del euro más de un 150%.
Aunque sólo tuviéramos en cuenta que los españoles destinamos un 40% de nuestras rentas al pago de una vivienda, esto bastaría para dejar al índice de precios oficial en un formalismo irreal que sólo sirve para engañarnos. El Gobierno, que se proclama como la organización más transparente de la sociedad, es el primero que nos miente, siempre. Por el contrario, otras organizaciones que sí tienen un interés directo en las mediciones reales de lo que nos gastamos, como la CEACCU, han llegado a la conclusión que, desde la entrada del euro, los precios han subido un 60%. Según el gobierno, un 17,5%.
Ya nos lo advirtió Ludwig von Mises hace sesenta años que "cualquier ama de casa sabe más sobre las variaciones de los precios que afectan a su hogar que los informes estadísticos… [Y es que] ella, no es menos ‘científica’ ni más arbitraria que los rebuscados matemáticos que usan sus métodos para manipular los datos del mercado."
