Hablar de las instituciones de justicia sin ser jurista parece un poco osado. Y probablemente lo es. Pero no voy a discutir sobre Derecho Constitucional o Filosofía del Derecho. Solamente quiero abordar la justicia desde el punto de vista del análisis institucional. Y, en ese sentido, creo que nuestras instituciones están afectadas de un daño en su esencia misma. Por supuesto, mi reflexión viene al caso de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y los intercambios de impresiones entre quienes la creen acertada, quienes no, y quienes, simplemente, miran al tendido.
La justicia como palanca de la civilización
De todas las virtudes de las que habló Adam Smith en “La Teoría de los Sentimientos Morales”, fue la justicia la que destacó por encima de las demás. La razón es que, al ser aquella la que canaliza el natural sentimiento de indignación de los hombres frente a una atrocidad, permite por esa razón que la civilización avance. Y de esta manera, se explica que los ciudadanos, eximidos de la obligación moral impuesta por su propia conciencia de vengar las injusticias infligidas sobre los inocentes, puede dedicarse a trabajar en paz, sabedor de que “alguien” se ocupará de ello.
Ese alguien supongo que fue, en primer lugar, el jefe militar, líder de la tribu, quien acometía ese deber de dirimir los conflictos de los miembros del clan. Y con el paso de los siglos, la civilización occidental ha desarrollado un complejo entramado de instituciones de justicia que pretenden, en el fondo, exactamente aquello que proponía Adam Smith. Así que hoy día contamos con tribunales ordinarios, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, que velan por que se haga justicia en nuestro país. Además, España suscribió el Convenio para la protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, lo que nos obliga a someternos a lo que dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero ninguna de esas instituciones funciona si no existe, como condición inicial, independencia de los tres poderes en que se basa el Estado de Derecho: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esa separación garantiza que los intereses políticos no van a manipular las decisiones de los jueces.
El problema de la doctrina Parot
Yo no soy quién para dictar lecciones jurídicas acerca de la bondad o perversión de la doctrina Parot, si la interpretación que se ha hecho a lo largo de las décadas que nos han conducido desde el Código Penal franquista hasta la manifestación del domingo es la adecuada o no. Pero escuchando a unos y a otros, la conclusión en la que coinciden todos los juristas y expertos con quienes he hablado es que un tema tan serio como la condena de terroristas, no se soluciona con una chapuza. Y la responsabilidad no es del Tribunal de Estrasburgo, sino de quienes diseñaron las leyes, quienes se acogieron a una interpretación de la ley, sentando jurisprudencia, en torno a cómo se aplicaban los beneficios penitenciarios y, finalmente, quienes no han ido a explicar al Tribunal de Estrasburgo qué circunstancias particulares del caso español dieron lugar a esa interpretación.
La responsabilidad implica asumir las consecuencias de los actos de uno, se trate de un individuo o de un organismo público o privado. Y esas consecuencias, en el caso de la excarcelación de etarras, pero también de violadores y de otros asesinos que matan sin esconderse tras una idea política, es la indignación y el dolor de las víctimas y familiares de las víctimas, que están desprotegidas frente a la maraña legal.
No se trata de tirar por la ventana el respeto a la ley, ni abominar de todo nuestro sistema legal. Pero sí creo imprescindible plantearse seriamente qué nos ha conducido a esta situación, que es sencillamente la muestra de una justicia fallida, porque no cumple con esa idea smithiana de canalizar el natural sentimiento de indignación de los ciudadanos. Los ciudadanos ya no están tranquilos respecto a que el poder judicial está ahí para velar para que los agresores de inocentes cumplan su condena. Y eso es muy grave por todo lo que significa. Porque, como enseñaba Smith la justicia es la palanca de la civilización y si se quiebra la confianza en la justicia, la sociedad está abocada a un desgaste institucional muy peligroso.
Por eso creo que la primera reclamación que los ciudadanos, partidos políticos y medios de comunicación debería ser la exigencia a quienes manejan el timón de la separación de poderes. Cuando en el Parlamento (poder legislativo) hay una bancada donde se sientan los ministros (poder ejecutivo), el tema de la separación de poderes se torna turbia y una se ve empujada a pensar que esos ministros encabezan a su partido político y que esos parlamentarios no nos representan sino que velan por el número de escaños de esos partidos. Y cuando los miembros de las principales instituciones de justicia de este país son repartidos porcentualmente entre los propuestos por los partidos, no hay ninguna duda de la escasa independencia que pueden tener esos jueces, pertenezcan o no a dicha agrupación política. El sesgo está claro.
Ese es el daño medular de nuestras instituciones judiciales, el primero que habría que abordar para impedir la degeneración de todo lo demás.
