Llevo estos 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un ‘delincuente’. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía ‘cuentas corrientes ocultas’, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera.
Estas prácticas son consustanciales a la forma en que Hacienda trata a miles y miles de autónomos, miles y miles de veces más pequeños, y por tanto más indefensos, que yo. ¿Por qué no se habla de esto en los medios de comunicación?
Comunicado de El Rubius en TwitLonger
Todo el mundo centrado en si en Andorra se pagan o no más impuestos que en España, en si los youtubers son unos egoístas, en si de verdad vivirán o no en el Principado pirenaico… pero respecto a lo que el implicado ha dicho en realidad, apenas nadie dice nada.
Estoy seguro de que pagar menos a Hacienda ha sido un incentivo (de eso va esta columna, de incentivos) para la mudanza de estos chicos. Y no me creo que esté “muy contento de haber pagado” la mitad de lo que ganaba en impuestos. Pero nos engañaríamos si pensáramos que el único motivo de queja tiene que ver con el tipo marginal del IRPF.
Algunos comentarios de asesores, abogados o gestores de empresas familiares con los que hemos hablado esta semana.
- “A ellos les da igual lo que a ti te suponga: se sientan en su despacho y desde su silla te requieren lo que se les pasa por la cabeza. Y te piden de todo y tú te tiras semanas buscando documentación que en muchos casos o no necesitan o ya deberían tener”
- “Mi cliente nos pidió que lo hiciéramos todo bien. De hecho, es lo que hace la mayoría. ‘Por favor’, nos dijo, ‘que no haya ningún fallo en nada de esto’. Pues bien, el otro día nos sentamos tres personas que nos dedicamos a esto (fiscalista, asesor, gestor) a hacer la declaración. Y entre los tres no sabíamos cómo clasificar una factura porque la compraventa estaba sometida a varias normas que han cambiado en los últimos meses. Al final, la hicimos pero sin ninguna seguridad de que aquello esté bien”
- “¿Tú sabes el desgaste que esto supone? ¿Y las pérdidas para el negocio? Se supone que mi trabajo es gestionar las empresas de mis clientes. Pero el 50% de mi tiempo se marcha en atender a Hacienda”
- “Entran como un elefante en una cacharrería. Y te tratan igual si has cometido una ilegalidad flagrante que si es un error o un problema de interpretación. Yo lo he hablado con algún inspector sensato, que hay muchos. Pero hay otros que llegan y te dicen ‘Sí, tienes razón que esto podría interpretarse así; pero yo lo interpreto de esta otra forma y me da igual que tu interpretación sea lógica’. Bien, incluso así, acepto la multa. Pero hombre, la consecuencia no puede ser igual que si me salto la norma por la cara. Está claro que he intentado cumplir y que he hecho una interpretación razonable de la ley. Pero les da igual: el resultado es el mismo y su actitud, en muchos casos, también”
- “Muchos de mis clientes pagan incluso aunque sepan que tienen razón. Lo que queremos es que se vayan ya y que el proceso acabe. Pagas para quitártelos de encima”
- “Un caso concreto: una petición de información que nos tuvo varios días trabajando. Vamos a la oficina de la AEAT con todos los papeles. Se los mostramos. Todo en regla. ¿Y sabes lo que hizo? Ni se inmutó: sacó un listado de Excel que tenía impreso con 200 ó 300 nombres… y tachó el nuestro. ¡¡Estaba disparando a todo lo que se movía!! Y si alguno paga por miedo o recurre tarde o ha perdido algún papel… pues eso que se llevan”
- “[Los inspectores] son los únicos funcionarios que cobran en variable”
- “Una cosa anecdótica, pero que no entiendo: muchas notificaciones se envían a través de la Administración Electrónica en fin de semana. Parece una tontería, pero todos nosotros tenemos en el mail un servicio de alerta para estas notificaciones. Y ves el mensajito y ya te han fastidiado el finde: ¿tan difícil es programarlo para que llegue de lunes a viernes? Yo mis correos a mis clientes los programo siempre para que salgan en horario laboral, aunque los escriba un sábado por la tarde”
Antes de sufrir las iras de uno de los cuerpos de funcionarios con peor prensa, diré que tengo muchos amigos, conocidos y familiares que son inspectores de Hacienda. De hecho, diría que es una de las profesiones en las que conozco más gente. Y sé, como me explicaba uno de estos asesores, que un porcentaje elevado (de los que yo conozco, la gran mayoría) son tipos muy sensatos, buenas personas, profesionales íntegros que intentan hacer lo mejor posible su trabajo.
Y seguro que ellos (los inspectores) tienen su propia retahíla de quejas sobre los contribuyentes. Aunque advierto que también hemos hablado con ellos, en realidad llevo toda la vida escuchándoles, y en parte les entiendo.
Incentivos
Pero, ¿y los incentivos? Pues perversos y corrosivos. Para todos, también en muchos casos para aquellos que en teoría se benefician de ellos.
Hay tres quejas que se repiten constantemente. Que están en los dos párrafos de El Rubius. Y que deberían hacernos pensar a todos:
— Leyes ambiguas. Normas que no se entienden, cambios legislativos muy importantes que se cuelan en una disposición transitoria de una ley que no trata sobre eso, cambios de criterio que convierten en ilegal lo que hasta ese momento se había admitido sin problemas… En resumen: inseguridad jurídica.
Yo no creo que todos los empresarios o autónomos quieran “hacerlo todo bien”. Pero sí me creo que son mayoría los que prefieren evitarse cualquier problema legal, incluso a un coste algo superior. Y muchas veces no saben cómo hacerlo: no saben cómo “hacerlo todo bien”. La ley tributaria en España es compleja. Y lo es a propósito.
El legislador quiere que no sea sencilla, por dos motivos: 1) porque el desconocimiento provoca en muchos casos incumplimientos involuntarios que abren la puerta a sanciones; y 2) porque una ley clara, cerrada, sin ambigüedades, le da tranquilidad al contribuyente que ante una inspección sabe que puede decir “está todo en regla”. Con una norma confusa o sujeta a múltiples interpretaciones, la capacidad para amenazar (chantajear) de la Administración se dispara.
El político es feliz así. Pilla al que cumple, tiene en vilo al que se salta la norma… pero también aumenta su nivel de presión sobre el que quiere ser honrado, que nunca puede tener la certeza de que ha cumplido como debe.
— Desequilibrio en las partes. Impunidad. Otro ejemplo práctico: un contribuyente frente a Hacienda. Le abren una inspección. El tipo está convencido de que lo hizo todo bien. El inspector duda. ¿Cree Hacienda que puede ganar? Al 50%. La Administración pierde en primera instancia: ¿y si recurre? ¿Y si también pierde el recurso? ¿Y si vuelve a recurrir otra vez?
Tras seis-siete años, los tribunales le dan la razón al contribuyente. A veces, incluso, con duros reproches a la actuación de Hacienda. Hay sentencias que da miedo leer por lo que dicen de inspectores que se extralimitan en su función o por los derechos conculcados del contribuyente. Y la pregunta es ¿cuál es el resultado para las dos partes de esta historia? ¿Qué gana el que gana y qué pierde el que pierde?
El que gana [el empresario o autónomo] se lleva en la mochila seis-siete-ocho años de preocupaciones; de no dormir; de no contar con un dinero que es suyo; de pérdida de tiempo y dinero en asesores, abogados, gestores. Y, como mucho, gana que le devuelvan lo que pagó de forma indebida y los intereses que fija la propia administración.
¿Y el que pierde [el inspector]? Incluso aunque haya actuado de forma indebida, aunque la sentencia le ponga de vuelta y media, aunque haya sido arbitrario e injusto: el que pierde vuelve a su despacho de la AEAT al día siguiente, coge la carpeta del caso perdido, la mete en un archivador… y abre un nuevo procedimiento.
Y todo esto sin entrar en el tema del variable y del premio por recaudar: una cuestión muy polémica, pero que está ahí. ¿No es lo decisivo? Probablemente no, porque tampoco supone un porcentaje del sueldo tan elevado. Pero está claro que habría que pensárselo dos veces: tanto si debe mantenerse como el diseño del sistema
— Miedo. Sí, es lo primero que transmiten los pequeños empresarios, autónomos (no otra cosa son los youtubers) o gestores de empresas familiares. Miedo a todo: a no hacerlo bien y a hacerlo bien. A un procedimiento largo, porque siempre son largos. A la sensación de que son culpables mientras no demuestren lo contrario. Al coste de litigar, muchas veces ligado al principio de “primero paga y luego reclama”. A notificaciones que no se entienden. A esos PDF que te descargas de la web de la AEAT y que son infumables hasta en el formato (¿tan difícil es usar un tipo de letra, espaciado u organización algo más user friendly?). A procesos que creían cerrados o prescritos y que se reabren con un argumento peregrino.
Hay una frase terrible. La apuntábamos antes. Ese “he aconsejado a mi cliente que pague, aunque tiene razón” o “mi cliente me ha dicho que le da igual si está todo en regla, prefiere abonar la multa y olvidarse de todo esto”. Digo que es terrible porque implica que hay cientos de contribuyentes que renuncian a sus derechos sólo por no acabar perdidos en un laberinto burocrático o por miedo a que una interpretación novedosa de la norma convierta en ilegal lo que siempre se había permitido.
Las soluciones
La solución no es sencilla. Hablar de “leyes no ambiguas” o de “simplificación legislativa” queda muy bien, pero luego la realidad económica es complicada. Aunque en este punto es en el que yo soy más crítico: se podría hacer mejor desde ya. La normativa tributaria es un carajal… pero un carajal buscado y perseguido para que el contribuyente esté más expuesto. Esto no es culpa de los inspectores, sino del legislador (y aquí la lista incluye a villanos de todos los partidos).
Y sí, sabemos que existen las consultas vinculantes y otros instrumentos que la Administración pone a disposición del contribuyente. También hemos escuchado muchas historias de inspectores que intentaron ayudar al contribuyente a descifrar una norma. Pero es que estas historias no deberían ni existir: ¿de verdad es tan complicado diseñar un sistema tributario que no sea incomprensible y genere este pánico?
Acortar los plazos de los procedimientos también parece muy fácil de decir, pero no tanto de hacer. Entre otras cosas porque esos plazos también benefician al contribuyente. Aunque más al contribuyente pirata que al honrado. Otra frase que se repite a menudo al hablar con abogados o asesores es que las normas parecen hechas para fastidiar al que quiere hacerlo bien y darle ventaja al que vive en la oscuridad.
Por supuesto, lo de los incentivos no es sencillo. Pagar por variable es un clásico en las empresas y a los liberales en general nos encanta, porque parece que alinea los intereses. Pero si no hay un castigo por el otro lado, puede ser peligrosísimo: por ejemplo, con esos bonus que empujan a los CEO a tomar apuestas enormes que, si salen bien, cobran ellos y si salen mal, paga el accionista. El problema aquí es que castigar a un inspector porque pierda un caso tampoco parece que sea la solución.
Si decidimos que este tipo de retribución es adecuada, creo que sería mucho más sensato diseñar un esquema más equilibrado: por ejemplo, una bolsa con un porcentaje lo recaudado de más en toda España, que se reparta entre las oficinas de la AEAT con varios criterios que tiren en direcciones opuestas. Algo del tipo: un 5% de lo que se saque en inspecciones en toda España va a parar a un bonus que se repartirían los mejores inspectores.
¿Y qué cuenta para repartir ese bonus? 1) Porcentaje de éxito en las inspecciones (es decir, abrir muchos casos, en plan ametralladora, penalizaría); 2) Total recaudado en función del personal de cada oficina; 3) Los casos perdidos restan (con una penalización más que proporcional para los recursos perdidos; una cosa es abrir un caso dudoso y otra el encarnizamiento tributario sólo por cabezonería); 4) Reparto más por oficinas de la AEAT que por inspectores; 5) Porcentaje de contribuyentes de esa oficina que pagan en tiempo y forma (es decir, incentivar que cada oficina ayude a sus contribuyentes a cumplir sus obligaciones sin retrasos ni errores), etc…
Ningún sistema sería perfecto. Pero seguro que podemos encontrar algo que no nos deje con esa sensación de indefensión tan absoluta que ahora relatan los implicados. Esa idea de que ellos siempre ganan, sea cuál sea el resultado del proceso.
Porque, además, éste no es un problema sólo tributario. Cuando surge este debate, todos pensamos: “Otro que no quiere pagar”. Pero nunca pensamos “Otro chico joven que tiene una buena idea y no abre una empresa en España por miedo, porque ha escuchado en casa muchas veces a su padre empresario quejarse de los líos y los sufrimientos con Hacienda”. Tampoco nos imaginamos: “Otro directivo de una empresa familiar que deja pasar una buena inversión porque tiene tres procedimientos abiertos y los próximos dos meses necesita estar centrado al 100% en resolverlos”. Ni nos viene a la cabeza: “Otra empresa que no puede contratar un par de trabajadores para ampliar su negocio porque gasta el 10-15% de su presupuesto en pagar a asesores o fiscalistas”. Y, por supuesto, ni de broma aceptamos: “El Rubius se va a Andorra porque allí paga menos, pero también porque la relación entre la AEAT y los contribuyentes está completamente viciada. ¿Cuántos otros empresarios o autónomos o residentes extranjeros dejan España cada año por este tema”.
Luego hablamos de productividad o de facilidades para los empresarios. Y les hacemos una web para que suban la documentación de creación de la sociedad. Como si ésa fuera su principal preocupación. El Rubius es sólo el caso más llamativo de un problema de fondo mucho más grave. Pagar impuestos se ha convertido en un sufrimiento y no sólo por los tipos. Pregúntenle mañana a cualquier empresario si preferiría pagar el 20% con la legislación actual o el 25-30% con una norma que se pudiera cumplimentar en un día y que Hacienda le diera el “OK a todo” en una semana. ¿A ver qué responde?
