La tasa de natalidad en España es una de las más bajas del mundo. Actualmente se encuentra en 10,4 nacimientos por cada mil habitantes o, lo que es lo mismo en términos de fertilidad, 1,3 hijos por mujer, ocho puntos por debajo de la tasa de reposición. Si la natalidad no crece de manera significativa en los próximos años (y nada lleva a pensar que vaya a repuntar sino más bien lo contrario) la sociedad española será la que cuente con mayor número de ancianos de la Unión Europea en el año 2050. Sólo la mitad de la población (un 52%) se encontrará en edad activa, mientras que más de un tercio (un 36%) serán mayores de 65 años.
Nuestro sistema de pensiones estatales no es un fondo, sino un modelo piramidal condenado a la quiebra tan pronto como la base de la pirámide (los jóvenes cotizantes que entran) se estrecha. Los negocios piramidales están expresamente prohibidos por las leyes, las mismas que se salta a la torera el Estado en lo referente a algo tan importante como las pensiones de jubilación.
El sistema, que es tremendamente injusto y debería ser ilegal, funciona sólo cuando acceden al mercado laboral nuevas y numerosas remesas de trabajadores. El dinero que aportan se dirige automáticamente a liquidar pagos en forma de pensiones en la parte alta de la pirámide. Esa es la razón por la que, a este sistema, se le conoce como “de reparto”. No existe capitalización, sino redistribución forzada de renta entre generaciones. El trabajador no acumula durante su vida laboral, se lo entrega al Estado y éste sólo devuelve parte, si es que alguna vez devuelve algo. Las normas las pone el propio organizador de la pirámide, de ahí que continuamente se estén endureciendo los requisitos para acceder a una pensión estatal.
Con las proyecciones demográficas actuales las pensiones estatales colapsarán en los próximos 25 años por falta de cotizantes y exceso de beneficiarios.
