Una formación política que se enorgullece de unos firmes ideales antiahorro, antiinversión, antiautonomía personal, anticultura económica y antiempresa.
Uno de los éxitos editoriales de la semana pasada fue un libro publicado hace seis años: ‘Mi primer libro de economía, ahorro e inversión‘, de María Jesús Soto. ¿Cómo es posible que una obra escrita hace más de un lustro y que por aquel entonces pasó totalmente desapercibida haya alcanzado ahora tamaña fama extemporánea? Pues por la desproporcionadamente ridícula crítica efectuada por la diputada de Podemos por Castilla y León, Lorena González.
En un vídeo que se convirtió en viral, la representante podemita llega a calificar de “escalofriante” e “indecente” que los niños aprendan merced a esta obra conceptos como qué es y para qué sirve el ahorro, cuáles son los vehículos de inversión más típicos, cómo opera el interés compuesto o qué es una hipoteca.
Como es lógico, resulta perfectamente razonable que uno se oponga a impartir obligatoriamente educación financiera en las escuelas o que se prefieran otros manuales con contenidos y metodologías diferentes. Pero, ciertamente, nada de lo anterior justifica la reacción de repugnancia visceral hacia este libro que ha visibilizado la formación de Pablo Iglesias. ¿A qué se debe entonces tan fuerte rechazo al mero concepto de educación financiera por parte de la formación de extrema izquierda? Al respecto, permítanme plantear dos hipótesis no necesariamente excluyentes sobre el origen de tal oposición: el prejuicio marxista y el prejuicio socialdemócrata. Ambos ciertamente presentes en la génesis ideológica de Podemos.
Para el marxismo, todo valor procede del trabajo y, en consecuencia, todo ingreso pasivo en forma de rentas del capital (intereses, dividendos, alquileres o beneficios) necesariamente procede de la explotación del trabajador. Para el imaginario marxista, el capital no es algo que deba ser extendido a amplias capas de la población (de modo que todos devengamos parcialmente capitalistas-explotadores) sino algo que ha de ser plenamente abolido: en el Estado socialista (fase previa a la distopía comunista), los ciudadanos únicamente viven de lo que cobran por su trabajo y de las prestaciones que el Estado les proporciona. No existen ni pueden existir rentas del capital por el simple motivo de que la clase capitalista ha sido erradicada por la dictadura del proletariado. Desde este prisma, pues, parece consecuente que Podemos no quiera explicar a los niños cómo gestionar sus finanzas: a saber, cómo amasar capital para proporcionar financiación a proyectos empresariales de los que finalmente derivarán plusvalías fruto del expolio del resto de trabajadores. Ni quieren convertir a los niños en explotadores ni que interioricen la ‘perversa’ lógica de funcionamiento del sistema capitalista.
Para la socialdemocracia, la Administración es el motor de la igualdad de oportunidades a través de la institucionalización de un mega-aparato redistributivo llamado Estado de bienestar. La sociedad deviene en última instancia dependiente de los servicios fundamentales que este le proporciona, y toda vía de escape a tales servicios públicos es vista con suspicacia y desconfianza. A la postre, si uno puentea los servicios públicos en favor de los privados, será porque juzgue que —en alguna variable relevante— los privados son mejores que los públicos, y si además es capaz de puentearlo será porque esa persona cuenta con suficiente dinero para ello: he ahí, pues, el germen de una cierta desigualdad de oportunidades (algunas personas pueden acceder a mejores servicios básicos que otras por su superior patrimonio).
O dicho de otra forma, la socialdemocracia rechaza que, al menos en ciertas áreas ‘fundamentales’, cada uno de nosotros nos creemos nuestras propias oportunidades en lugar de que sea el Estado quien las distribuya igualitariamente. Desde este otro prisma, también parece consecuente que Podemos no quiera favorecer conductas dirigidas a independizarse relativamente del Estado de bienestar en la medida en que ello pueda generar desigualdades.
Ambos argumentos contra la educación financiera son, sin embargo, enormemente contraproducentes para asegurar la mejora de vida del conjunto de los ciudadanos y, especialmente, de los más desfavorecidos. Esencialmente por dos razones que atacan de lleno el contenido de los prejuicios marxistas y socialdemócratas contra la educación financiera.
Primero, la base de la prosperidad de cualquier sociedad se halla en la acumulación de capital (físico, tecnológico y humano). Y para poder acumular capital de un modo eficiente, es necesario que los ciudadanos ahorren e inviertan inteligentemente: es decir, que adopten una actitud austera, prudente, diligente e informada ante su administración patrimonial. Los propios marxistas no niegan que la inversión sea la base material del crecimiento continuado: de hecho, desde su óptica, la misión de todo Estado socialista es la de continuar invirtiendo hasta que la productividad del trabajo alcance un nivel tan alto como para que la escasez haya desaparecido. Sucede que los marxistas apuestan por acumular los medios de producción de manera centralizada y monopolística, esto es, a través del Estado, algo que ya sabemos que conduce a la ruina y el fracaso económico generalizado. Para desarrollarnos, no queda otra que descentralizar los procesos de ahorro e inversión, esto es, otorgar a cada individuo autonomía para determinar qué porción de su renta quiere ahorrar y en qué tipo de activos invertir: decisiones para las que resulta esencial gozar de una buena educación financiera.
Segundo, mantener en el analfabetismo financiero a millones de ciudadanos al tiempo que una minoría sigue aprendiendo y mejorando sus habilidades financieras no es, ciertamente, la mejor estrategia para luchar contra la desigualdad de oportunidades. Si los ricos son los únicos que alfabetizan financieramente a sus vástagos, mientras que los pobres o las clases medias no adquieren semejante formación ni en casa ni en la escuela, los segundos siempre cargarán con una desventaja competitiva frente a los primeros a la hora de acceder a la propiedad del capital. La socialdemocracia, por consiguiente, debería reflexionar seriamente acerca de su animadversión hacia la educación financiera, dado que extenderla a un mayor porcentaje de ciudadanos puede ser una vía eficaz para, a largo plazo, ‘democratizar’ el capital, es decir, para no mantenerlo concentrado en las manos de aquellos que, justo por haberse alfabetizado financieramente, saben gestionarlo con inteligencia. La educación financiera es la vía para avanzar hacia una sociedad de propietarios.
En definitiva, el desdén irracional que Podemos está dirigiendo contra este manual de educación financiera solo pone de relieve su desnortada concepción de la economía y de la sociedad: una formación política que se enorgullece de unos firmes ideales antiahorro, antiinversión, antiautonomía personal, anticultura económica y antiempresa. El oscurantismo financiero convertido en un programa electoral contra el crecimiento y la igualdad económica.
