La incompetencia del PP en materia económica está siendo, simplemente, supina. Muchos aún se preguntan cómo es posible que la prima de riesgo siga un ascenso imparable si, al fin y al cabo, Rajoy y su equipo de acólitos acaban de anunciar el "mayor recorte" presupuestario de la democracia. Y la respuesta es sencilla. En primer lugar, no se trata de un "recorte" sino de un ajuste fiscal que incluye una nueva subida brutal de impuestos combinada con una reducción de gasto público, casi a partes iguales, con el fin de reducir la brecha de las cuentas públicas en cerca de 65.000 millones de euros extra en dos años y medio.
Las dudas a este respecto son evidentes: por un lado, resulta ingenuo pensar que el Estado logrará recaudar todo lo que prevé con una economía nuevamente en recesión y con los bolsillos del contribuyente medio vacíos; por otro, aun cumpliéndose las hinchadas estimaciones recaudatorias de Montoro, ajustar 65.000 millones en dos años y medio cuando el país está al mismísimo borde de la quiebra sabe a muy poco y, lo que es peor, denota la escasa voluntad del Gobierno de reducir el elefantiásico tamaño del Estado español; por último, lo más grave de dicho plan radica, sin duda, es la filosofía puramente socialista que impera en el equipo liderado por Rajoy, ya que el problema del déficit no es de falta de ingresos, tal y como asevera Hacienda, sino de exceso de gastos.
En segundo lugar, el PP, con sus continuas y sustanciales subidas fiscales, está asfixiando hasta la extenuación al sector privado, la única tabla de salvación con la que cuenta el país para volver a crear riqueza y empleo a medio y largo plazo. Dicho de otro modo, Rajoy, al igual que hizo Zapatero en su día, solo que con mayor vehemencia, está expropiando unos recursos valiosísimos a empresas y familias para seguir sosteniendo a toda costa el gasto desbocado de unas administraciones públicas que, al igual que el sector inmobiliario durante los pasados años del boom, han experimentado una histórica burbuja que, ahora, los políticos de todos los colores se resisten con uñas y dientes a pinchar.
Una de las primeras medidas aprobadas por Rajoy tras su llegada al poder fue subir el IRPF, sobre las rentas y el capital (ahorro), situando a España a la cabeza de Europa en materia de impuestos directos. Sin embargo, lejos de rectificar este sangrante sablazo a los españoles, el plan recién aprobado incluye un aumento fiscal extra sobre las rentas (IRPF), las empresas (Impuesto de Sociedades), el trabajo (cotizaciones sociales), el consumo (IVA), así como toda una retahíla de impuestos indirectos (tasas, tabaco, eléctricas…). A esto no se le llama política fiscal sino, pura y llanamente, cleptocracia. Rajoy se está cargando la economía productiva de España, enterrando cualquier atisbo de posible recuperación con su particular deriva socialista. Ésta y no otra –subir impuestos y recortar poco el gasto– fue la senda emprendida por Grecia, y ahí están los resultados.
En tercer lugar, si bien es cierto que la intervención externa de España tras la solicitud de rescate bancario ha obligado al Gobierno a reducir partidas de gasto que en ningún caso contemplaba –como la paga extra a los funcionarios, dependencia o la prestación de desempleo, entre otras–, el listado de recortes impuesto por la troika aún no ha sido adoptado en su totalidad, de modo que Rajoy ha optado por retrasar algunas de las medidas más impopulares para después del verano –pensiones o despido de empleados públicos, por ejemplo–, en una nueva prueba de irresponsabilidad política, incompetencia económica y, si cabe, incluso cobardía personal. La intervención de España por políticos extranjeros es positiva siempre y cuando el Gobierno cumpla al milímetro todas las recomendaciones tendentes a reducir el gasto y la estructura estatal, al tiempo que se resiste panza arriba a subir impuestos, tal y como acertadamente hizo Irlanda negándose a elevar su provechoso y atractivo Impuesto de Sociedades –uno de los más bajos de la OCDE–.
En resumen, muchos más impuestos y escasos recortes constituyen una combinación explosiva que acaba deteriorando aún más la solvencia del país, lo cual se refleja en una prima de riesgo creciente. Por si fuera poco, una de las medidas estrella aprobadas igualmente por el Ejecutivo consiste en el rescate indiscriminado de CCAA quebradas a través de la creación de un nuevo Fondo de Liquidez que, como consecuencia directa e inmediata, disparará la deuda pública del Estado en otros 18.000 millones de euros, como mínimo. Y ello, bajo la simple –e ingenua– promesa de que los gobiernos regionales cumplirán con el objetivo de déficit y devolverán puntualmente el dinero que ahora adelantan, forzosamente, todos los contribuyentes del país. Un nuevo gasto, del todo innecesario y enormemente contraproducente, que, en gran medida, ha acabado por contrarrestar los positivos, aunque escasos, recortes que establece el plan de ajuste. ¿Y aún se preguntan en Moncloa por qué sube la prima de riesgo? Ver para creer.
