Los miembros de esta organización parecen tener una mente maquiavélica. Para ellos, el fin justifica los medios. Así, da igual que la información sobre estas cuentas se haya conseguido pagando a unos criminales para robar los datos, da igual que se haya vulnerando el derecho internacional y da igual que ciudadanos españoles vayan a la cárcel. Todo está justificado si se logra ejemplarizar al resto de la población para que no trate de proteger sus ahorros frente al infinito apetito estatal.
Estos señores ni siquiera se plantean por qué "gente normal", como definían fuentes de la Agencia Tributaria a las personas denunciadas, se ve en la tesitura de convertirse en ciudadanos al margen de la ley. No se plantean que cuando la presión fiscal no para de aumentar, el ciudadano corriente tiene que realizar la dura elección entre dejar que el estado confisque sus ahorros o esconderlos para poder mejorar las condiciones de vida futuras de sus seres queridos. La perversión es máxima cuando el ciudadano no puede actuar conforme a la más elemental norma moral y al mandato legal al mismo tiempo.
Las grandes fortunas, a quienes algunos incautos esperaban encontrar detrás de estas cuentas, no tienen estos dilemas. Ojalá el resto podamos decir algún día lo mismo. Los sucesivos gobiernos han preparado nuestro sistema legal para que los millonarios tengan instrumentos de ahorro e inversión que les evitan los elevados impuestos a los que estamos condenados el resto de los ciudadanos. Ellos pueden proteger sus ahorros montando una SICAV o, si son tipos sin escrúpulos, lograr rentas subvencionadas pagadas por el Estado con cargo a la cartera del hombre corriente, por montar huertos solares y otros chiringuitos parecidos.
Los escolásticos españoles del Siglo de Oro mantenían que si el Rey no quería convertirse en Tirano tenía que mantener los impuestos dentro de los límites de lo aceptado por los legítimos dueños. Ya en nuestro siglo John Train ha defendido que si aceptamos que la posesión pacífica de la propiedad, el derecho a obtener y conservar lo producido y el derecho a la legítima defensa frente al robo son derechos humanos en el sentido que son consustanciales a la existencia de una sociedad que podamos considerar civilizada, en el momento que los impuestos pasan de ser un pago para soportar los asuntos estrictamente comunes a convertirse en confiscatorios, lo único que están haciendo los evasores es ejercer sus derechos naturales y preservar la civilización de los atropellos de gobernantes que han perdido cualquier legitimidad. Nuestras autoridades no tienen que meter a la "gente normal" en la cárcel sino ganarse la legitimidad que tienen las autoridades de países como Liechtenstein.
