En su respuesta al Gobierno de Rajoy, Puigdemont no va a tener margen para la ambigüedad.
Carles Puigdemont vivió este martes el que él seguramente pensaba que iba a ser el mayor día de gloria de su carrera política, y tal vez de su vida. Pero, lejos de ganarse un puesto en el Olimpo del independentismo catalán, lo que realmente vivió fue tal vez su jornada más negra. Con su estrategia de proclamar de forma implícita la independencia de Cataluña para, sólo ocho segundos después, dejarla en suspenso de forma explícita, no logró contentar a los suyos. El enfado era público y notorio entre los miembros de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), los ultraizquierdistas que con sus 10 diputados han sido hasta ahora el apoyo parlamentario sin el cual no hubiera podido gobernar. En cambio, logró despertar al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que decidió pasar a la acción.
Ciudadanos, socio parlamentario del Partido Popular (PP) de Rajoy, llevaba pidiendo desde el mismo 1 de octubre que el Gobierno activara el artículo 155 de la Constitución Española. En privado, destacados miembros del PP mostraban frustración por el hecho de que el jefe del Gobierno no pasara a la acción en ese sentido. Lo que no lograron la formación de Albert Rivera ni sus propios compañeros de filas populares, lo consiguió un Puigdemont en su intento de poner en práctica un trilerismo político que le permitiera salir relativamente indemne de la situación en la que él mismo se había metido.
Puigdemont, contra las cuerdas
El Gobierno español, en Consejo de Ministros, ha aprobado comenzar a activar el artículo 155, que le permite intervenir en una comunidad autónoma para obligarla a cumplir con la Constitución y otras leyes o proteger el interés general. Para ello, va a “requerir formalmente al Gobierno de la Generalidad para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor”. En su respuesta Puigdemont no va a tener margen para la ambigüedad, y cualquiera de las dos contestaciones posibles tendrá consecuencias negativas para él.
Si la respuesta es negativa, la ruptura en las filas independentistas será total. No sólo le abandonará de forma definitiva una CUP ya profundamente enfadada. Tanto el derechista Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDeCAT), al que él pertenece, como la izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de su vicepresidente, Oriol Junqueras, corren serio riesgo de fractura entre quienes desean una declaración de independencia efectiva y quienes apuestan por una “patada hacia delante” para intentar forzar una negociación o al menos lograr algo que consideren una ‘salida digna’.
Si, por el contrario, contesta que sí ha declarado la independencia, Puigdemont tendrá que hacer frente a consecuencias políticas y judiciales muy graves. No sólo seguirá en marcha el mecanismo del artículo 155, que le dejaría sin poder político real y podría significar a corto plazo el fin de su carrera como presidente autonómico. Tendría además pocas opciones de evitar acabar ante los tribunales y, muy probablemente, condenado.
Y mientras el horizonte se vislumbra cada vez más negro para Puigdemont, los elementos se han alineado para favorecer a Rajoy. Si el Parlamento catalán hubiera aprobado la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de forma clara, su imagen y la de España hubieran quedado muy dañadas. El 10 de octubre de 2017 hubiera quedado fijado en la Historia como uno de los grandes hitos del independentismo catalán, aunque al final no hubiera logrado conseguido sus fines.
Además, el riesgo de que la DUI hubiera puesto en marcha un proceso revolucionariopor parte de la CUP y otros sectores radicales del secesionismo era muy real. Y responder a eso hubiera requerido de un uso de la fuerza que hubiera podido dañar la reputación internacional de España, sus fuerzas de seguridad y el propio Gobierno de Rajoy.
La sociedad civil como punta de lanza frente al independentismo
Otros factores han jugado a favor de Rajoy y en contra de Puigdemont. La sociedad civil contraria al independentismo, en Cataluña y el resto de España, ha salido de su silencio tras décadas de estar callada. El aturdimiento del independentismo ante ese fenómeno ha sido evidente. Que un millón de personas, en su inmensa mayoría catalanes, se manifestara de forma festiva en Barcelona es algo que no habían previsto Puigdemont y sus aliados. Ellos y sus altavoces mediáticos corrieron a decir que los manifestantes no eran catalanes o les señalaban como ultraderechistas. Saben que ha perdido fuerza el relato que habla de un pueblo catalán monolítico que desea la república independiente.
No es sólo una cuestión de números, también lo es de la fuerza simbólica de algunos personajes que se han enfrentado al independentismo. Mario Vargas Llosa, un icono universal de la alta cultura gracias a su Nobel de Literatura, se ha convertido en el gran altavoz mundial por la unidad de España y el Estado de derecho. Josep Borrellrepresenta, en su calidad de expresidente del Parlamento Europeo, la identificación de la unidad española con los valores europeístas.
La gran empresa se ha convertido, en la legítima defensa de sus intereses y de los de sus accionistas, en una carga de profundidad contra el secesionismo catalán. Durante años los independentistas han tratado de vender la idea de que su soñada República Catalana sería una arcadia económica que se convertiría en un foco de prosperidad. Algunos incluso llegaron a prometer que sería “uno de los motores económicos de Europa”. Los hechos demuestran que la realidad va en sentido contrario.
Se ha abierto un proceso peligroso
Rajoy tiene ahora todo a favor para dejar contra las cuerdas a Puigdemont y desactivar el independentismo catalán. Pocas veces se encontrará ante una coyuntura más favorable para hacer frente a un nacionalismo que se ha convertido en el gran problema de la democracia española en los últimos 40 años. Ha abierto, sin embargo, un peligroso proceso al pactar con el PSOE para poner en marcha una reforma de la Constitución. Si se hace mal, para dar más poder a unos gobiernos autonómicos controlados por los nacionalistas en varias regiones de España, el reto independentista no tardará demasiados años en volver.
