Carlos Rodríguez Braun escribió hace unos años que en democracias con un Estado "social y de derecho" como la nuestra la redistribución no se hacía de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados. Tenerlo en cuenta es clave para entender la inmensa mayoría de las decisiones que adopta este Gobierno y todos los anteriores. Medidas que atentan contra el sentido común, contra su supuesta ideología, contra sus votantes. Da igual. La presión organizada puede con casi todo.
En ese contexto es fácil de entender el anuncio que ha hecho el ministro Wert sobre el impuesto revolucionario que se va a cobrar a Google para subvencionarnos a los medios. El mecanismo es el siguiente. Los agregadores de noticias, un concepto cuya definición legal resulta, cuando menos, complicada, pagarán a CEDRO, y esta SGAE de las fotocopias repartirá como buenamente considere esos ingresos entre los editores. Si Libertad Digital quiere renunciar a esos ingresos nos dará lo mismo; Google pagará de todos modos por reproducir el contenido de este periódico, la ley nos impedirá negarnos a que lo haga y nuestra parte se la quedará CEDRO o la repartirá entre los demás editores.
Google News, el agregador de noticias contra el que apunta la norma, no hace nada que no haga Google en su buscador. También exhibe el titular, un fragmento y en ocasiones una fotografía muy pequeña de las noticias de los medios, y cuando pinchas se va a la página del periódico. La única diferencia es que tiene una portada que, de forma automática, sin criterio editorial, ordena las noticias de forma que a los editores se les hace similar a una portada de un diario digital. Pero no puedes leer ninguna noticia en Google News salvo que sea de agencia y ésta haya llegado a un acuerdo con el gigante de internet para publicarlas ahí y cobrar por ello. Se leen en los medios y éstos son los que se llevan los ingresos.
Pese al parecido entre Google y Google News, la ley está construida para que afecte exclusivamente a ésta última y a servicios que, para su desgracia, se le parezcan y la redacción de la ley no haya excluido de alguna manera. No se sabe, por ejemplo, si Menéame y las demás web que emplean un mecanismo similar estarán afectadas. Pero Google News no hace nada distinto de Google. Y las web indexadas en el buscador, que somos todas, podrían por la misma lógica exigirle compensación por usar esos mismos pequeños fragmentos de información en los resultados de las búsquedas. Es la misma información y los mismos derechos de autor. ¿Por qué no? Porque los editores son un grupo de presión organizado y quienes producimos contenido en internet, que somos casi todos los internautas españoles, no.
La ideíca de Wert, en definitiva, no tiene ninguna lógica detrás ni está justificada de ningún modo. Es resultado de que Google es una empresa extranjera sin demasiada influencia aquí y los grandes editores de prensa españoles, en cambio, sí tienen oídos atentos en el Gobierno. Querían que alguien les pagara para seguir manteniendo una industria obsoleta y lo han conseguido; una batalla en la que se destacó especialmente el defenestrado Pedro Jota, a quien posiblemente El Gobierno no quiso dar el gusto mientras seguía al frente de El Mundo.
Pero esta estúpida ley tendrá consecuencias, aunque quizá no las veamos. Por de pronto, Google podría decidir cerrar el servicio en España si no le compensa esta multa que se le quiere imponer por hacer su trabajo. Si no lo hace, procurará aumentar sus ingresos para compensarlo, por ejemplo, aumentando el porcentaje que recibe de los anuncios que aparecen en otras web, convirtiendo la internet española en un sistema en el que quienes no sean periódicos pagarán una mordida a los editores, con Google y CEDRO de intermediarios.
Pero aunque Google no hiciera ninguna de estas cosas, lo que está claro es que cualquier emprendedor español a quien se le pueda ocurrir una idea genial que la ley considere equivalente a Google News no podrá llevarla a cabo. Así que abandonará el proyecto o si se empeña tendrá que emigrar, no sé, a Silicon Valley, Tel Aviv o cualquier otro lugar donde no te prohíben inventar cosas nuevas. País.
