Cuando Zapatero llegó a la Moncloa prometió «una reorientación del modelo energético, apoyado en todas las renovables y, en particular, en la energía solar».
Para lograr esa reorientación, anhelada por los dos partidos, se concedieron diversos privilegios, primas y precios artificialmente altos con los que hacer atractivas las inversiones en este sector. La lluvia de ayudas públicas para estas fuentes de energía fue tan grande que todo el que pudo se lanzó a por las licencias que permitían montar chiringuitos renovables, cuya rentabilidad anual rondaba el 20% sin apenas riesgo. Pronto aparecieron las listas de espera para hacerse con las licencias y con ellas la corrupción. Lo que eran formas de producción eléctrica con cierta potencialidad en condiciones muy determinadas se convirtieron, por arte de reales decretos, en formas de producción que uno puede encontrarse en todos los rincones de la geografía española.
El agraciados con esta bicoca justificaba la extracción de recursos del resto de la sociedad hacia sus bolsillos con la reducción de las emisiones de CO2 y con la creación de empleos verdes. Lo primero, aún olvidándonos del debate que existe acerca del calentamiento global, no tenía ningún sentido en el marco del Protocolo de Kyoto, que raciona estos gases con la idea de que se comercien sus derechos de emisión y vayan a parar a sus usos más valiosos.
El argumento de la supuesta creación de empleo tiene, si cabe, menos solidez. En cualquier sector en el que la clase política se comprometa a inyectar decenas de miles de millones de euros se va a producir empleo. La cuestión es cuántos empleos destruye en otros lugares el hecho de que se le retiren coactivamente esos recursos. Y la respuesta es que con ese dinero se hubiesen creado más del doble de empleos en el resto de la economía. Todos los recursos, incluso los financieros, son escasos, y cada reluciente ayuda pública tiene el coste de un apagado ciudadano que se ha quedado sin ellos.
La burbuja renovable ha ido creciendo y de hecho necesita crecer si quiere mantener el empleo, puesto que la mayoría de los contratos se realizan en instalación de nuevos parques. Pero cada nuevo parque genera una energía que hay que subvencionar. Es como una bola de nieve que crece sin parar. De esta manera, el año pasado se otorgararon primas a las renovables por un valor superior a todo lo que costó generar la electricidad durante el año. Tan sólo la energía solar obtuvo 2.688 millones, a pesar de representar apenas el 2,5% de la producción eléctrica. El coste unitario de las energías renovables fue 3,3 veces superior al del resto de las energías.
Visto lo visto, no es extraño que las primas a las renovables supongan ya un tercio de la tarifa eléctrica que paga el consumidor final. El Gobierno se comprometió a acabar con el déficit tarifario por ley y puso un tope anual decreciente que en 2009 establecía un máximo de 3.500. Sin embargo, se llegó a 4.615 por culpa de las renovables, y la diferencia habrá que cubrirla subiendo nuevamente el recibo de la luz, más allá del 37% que le ha subido a los hogares y 77% a la industria entre 1998 y 2009.
El Gobierno ha tardado en darse cuenta de la insostenibilidad del modelo y ahora busca desesperadamente cómo deshacer el entuerto. En una economía desarrollada en la que los salarios son relativamente altos, la forma de generar nuevos empleos es logrando combinar el factor trabajo con otros relativamente más baratos e intensivamente utilizados como la energía.
Así se logra reducir el coste unitario de producción y se abre el mercado del producto a capas de la población que antes no lo consumían, generando inversión y nuevos empleos verdaderamente sostenibles. Si queremos tener una sociedad próspera, unos salarios elevados y evitar innecesarias deslocalizaciones por encarecimiento de la energía, debemos dejar que sean los ciudadanos en el mercado, y no los políticos en el Parlamento, quienes decidan la combinación de fuentes de energía que debemos tener.
Gabriel Calzada es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del Instituto Juan de Mariana (artículo publicado en el suplemento económico Mercados).
