En la catilinaria pro-Rubianes los artistas se muestran escandalizados por el episodio de censura sufrido por este payaso –por utilizar su propia definición–, aunque cualquiera puede entender, incluso ellos, que nada de eso es cierto. Si Rubianes hubiera querido habría representado su obra de teatro en el Español, con Gallardón en primera fila, a pesar de la yihad españolista desatada en su contra. Porque cagarse en España, en realidad, tampoco es tan grave en estos tiempos. De hecho, un aguerrido lince marxista de la sierra madrileña lo hace diariamente y no sólo no se le censura, sino que el Ministerio de Medio Ambiente le está buscando novieta y una solución habitacional.
Pero más allá de las cuitas personales de ciertos artistas con flojera intestinal, la gente debería considerar lo absurdo de que se financie con su dinero una actividad artística que puede ser albergada perfectamente en cualquier sala privada. El dinero que el Estado nos expropia no debiera ir ni al bolsillo de quien se cisca en España ni al de quien la ama con locura. Los artistas deberían someterse únicamente al dictado del público, que es el certifica a través de miles de decisiones individuales el éxito o el fracaso de una idea. En Madrid hay varias decenas de espacios escénicos de propiedad privada. En esos teatros pueden todos los rubianes seguir enriqueciendo el arte universal, sin necesidad de fagocitar el bolsillo de quienes no tenemos la menor intención de enaltecer nuestro espíritu con sus creaciones. Dicen los artistas en su pamphlet que se oponen a "cualquier interferencia política y mediática en el terreno abierto y libre de la cultura". Con las abundantes "interferencias" financieras a su favor no parecen tener en cambio el menor problema. Al contrario, les encanta ser "interferidos" con profusión. ¿Pero hay acaso mayor intrusión del estado en la cultura que convertirse en su principal mecenas?
Los políticos, culpables de lo que podríamos llamar "pensamiento inmediato" suelen presentar sus desvaríos intervencionistas hablando únicamente de los beneficios que su acción proporciona a la sociedad. Olvidan interesadamente poner también sobre la mesa los perjuicios que cada decisión redistribuidora provoca necesariamente. En el año 2006, por ejemplo, el estado gastará 214,47 millones de euros a la música, la danza, el teatro y la cinematografía, de los cuales 65 millones irán destinados a la "protección" (sic) del cine español. Sin duda el esfuerzo repercutirá favorablemente en la faltriquera de los que se dedican a estas actividades subvencionadas, al contrario de quienes sufragamos este festival redistributivo con nuestros impuestos, que podríamos destinar esa millonada a cuestiones más productivas como pagar la hipoteca o directamente al ahorro. Seguiríamos siendo insultados por los inmarcesibles apóstoles del talante cultureta, sin duda, pero al menos nos cabría la pequeña satisfacción de que no lo harían con nuestro propio dinero.
