Si los agricultores cobran precios bajos por sus productos es porque los consumidores también pagamos precios muy ajustados por esos productos.
Las protestas de los agricultores extremeños por su precaria situación económica han espoleado dos tipos de interpretaciones. Por un lado, los hay que sostienen que los campesinos se están quejando por el incremento del salario mínimo interprofesional hasta 950 euros mensuales en 14 pagas: si sus márgenes de beneficio ya son extraordinariamente estrechos, un alza adicional en sus costes de producción terminará empujando a muchos de ellos al cierre. Por otro, todos aquellos que se niegan de plano a admitir siquiera la posibilidad de que el salario mínimo pueda abocar a algunos trabajadores al desempleo (o a algunos pequeños empresarios a la bancarrota) buscan una explicación alternativa: el problema de los estrechos márgenes de los agricultores extremeños no reside en el aumento de sus costes laborales sino en que los precios a los que venden sus mercancías son artificialmente bajos merced al enorme poder de mercado con que cuentan los distribuidores.
Por ejemplo, desde Podemos, se nos recuerda que el kilo de naranjas tiene un precio de 0,23 euros en origen pero, en cambio, se vende a 1,55 euros en el supermercado: 6,7 veces más. ¿Quién se apropia de toda esa enorme diferencia? Los distribuidores: si estos pagaran más a los agricultores por su materia prima, los agricultores podrían a su vez abonar holgadamente el salario mínimo a sus trabajadores. No es, pues, un problema de baja productividad, sino de parasitación de la productividad ajena.
El problema de esta última hipótesis —que lo tiene todo para ser una epopeya de extrema izquierda: agricultores que, al ser explotados por multinacionales, son incapaces de pagar salarios dignos a sus trabajadores, motivo por el cual el Gobierno también ha de fijar precios mínimos de venta en el agro— es que no se apoya en evidencia concluyente. Si de verdad los distribuidores multiplicaran los precios finales de los productos, sus cuentas anuales deberían exhibir unos beneficios enormes logrados con márgenes unitarios gigantescos, esto es, deberían mostrarnos que compran las mercancías a sus proveedores a unos precios mucho menores de aquellos a los que las revenden a los consumidores y que, además, ese proceso de intermediación no consume apenas recursos y, por tanto, solo proporciona beneficios extraordinarios e infladísimos a quien lo realiza. Pero, al menos para los distribuidores más conocidos y con mayor potencial poder de mercado, sucede todo lo opuesto.
En 2018, los ingresos por venta de Mercadona alcanzaron los 22.234 millones de euros, de los cuales 16.706 millones de euros constituían el coste de su aprovisionamiento: es decir que, como mucho y en términos medios, Mercadona (el primer distribuidor español) elevaba los precios con respecto a los costes en un 33% (nada cercano al 500%, 600% o 700% que algunos nos venden). Pero es que, además, después de hacer frente a todos los otros gastos propios de su actividad de distribución minorista, el beneficio antes de impuestos de la cadena de supermercados se reducía a 759,2 millones de euros. O dicho de otro modo, por cada euro que vendía Mercadona a los consumidores, únicamente ganaba 3,4 céntimos de euro. Asimismo, Carrefour (segundo distribuidor de España) vendió en el conjunto del planeta mercancías por valor de 76.000 millones de euros que había adquirido a un coste de 60.850 millones, esto es, encareció un 25% los productos con respecto al coste de adquisición a sus proveedores: un monto que, tras cubrir todos sus restantes gasto operativos, redujo sus beneficios antes de impuestos a 496 millones de euros: un margen de beneficio del 0,6% por unidad vendida (menos de un céntimo por cada euro de ingresos). Peor fue, eso sí, la situación de DIA (tercer distribuidor español): ingresos de 7.288 millones de euros sobre unos costes de aprovisionamiento de 5.817 millones que finalmente degeneraron en unas pérdidas antes de impuestos de 111,9 millones de euros; esto es, por cada euro vendido, DIA perdía 1,5 céntimos. Difícil concluir, pues, que este conjunto de distribuidores se estén forrando a costa de multiplicar los precios a los que compran la mercancía a sus proveedores.
En este sentido, si acudimos a la última estimación de formación de precios de la naranja que efectúa el Ministerio de Agricultura, comprobaremos que, aun cuando los precios de las naranjas se multiplican desde 0,25 euros el kilo (a su entrada en la central hortofrutícola) hasta 1,43 euros en su venta al consumidor final, los beneficios que obtienen los distintos intermediarios totalizan solo el 5% del precio de venta final. Es verdad que, de acuerdo con el ministerio, hay algunos tramos de la cadena de valor que tienen márgenes de beneficio más altos que el resto (atribuye un margen del 19% a los comercializadores en origen), pero ni son márgenes disparatados ni implican necesariamente poder de mercado (dependerá del capital que tengan inmovilizado para desarrollar su actividad). En todo caso, si de verdad existiera un injustificado poder de mercado en algunos tramos del mercado, la solución pasaría por introducir más competencia en ellos, no por controlar precios manteniendo los oligopolios.
En definitiva, salvo que alguno de los que atribuyen infladísimos beneficios a los intermediarios sea capaz de aportar evidencia concluyente de esos beneficios extraordinarios, la narrativa no dejará de ser un mero relato conspiranoico que desconoce que el valor añadido de un kilo de naranjas en origen no es el mismo que el de un kilo de naranjas en destino: tanto es así que, pese a que los precios del segundo son superiores a los del primero, los consumidores preferimos pagar esos superiores precios antes que ir al origen a comprarlo. Ese es el valor que se ha generado y ese es el valor que desde Podemos deciden obviar.
No nos engañemos: en general, y salvo algún margen que acaso pueda ser estrechado vía mayor competencia, si los agricultores cobran precios bajos por sus productos es porque los consumidores también pagamos precios muy ajustados por esos productos (precios que no solo remuneran la materia prima, sino también todo el valor añadido hasta presentarla en destino). Subir los precios en origen no reducirá unos inexistentes márgenes gigantescos de los distribuidores, sino que elevará los precios finales en destino. Y si ese es el mensaje de Podemos —“para poder pagar el salario mínimo en el campo, queremos que todas las familias paguen precios mucho más altos en su cesta diaria de la compra”— que lo diga a las claras en lugar de convertir a unos indeterminados intermediarios en los chivos expiatorios de su particular película de terror.
