No hay ninguna razón ni filosófica ni práctica que justifique la existencia de veinte televisiones propiedad de las comunidades autónomas, además de las dos cadenas estatales analógicas y sus derivados digitales. Cuando un servicio es prestado a los ciudadanos por la iniciativa privada, la existencia de competidores que se financian con fondos públicos es un absurdo y un agravio comparativo que sólo tiene razón de ser en el deseo de los políticos por controlar los medios de comunicación.
Nada habría que objetar si el PP y el PSOE crearan cada uno su cadena de televisión con dinero de sus afiliados, pero hacerlo a costa del bolsillo de todos los ciudadanos que ya reciben un servicio mejor y más barato por parte de operadores privados es un lujo inadmisible, sobre todo en medio de una catástrofe económica como la actual.
Las televisiones autonómicas son tan innecesarias como TVE y, en conjunto, mucho más gravosas, por sorprendente que pueda parecer conociendo las pérdidas astronómicas de la televisión estatal. En la mayoría de los casos son un cementerio de elefantes para los políticos desahuciados y un vehículo excepcional para regalar dinero a los amigos a costa del contribuyente, con la única condición de que los gobernantes de turno aparezcan diariamente no menos de cinco veces, aunque sea inaugurando los mingitorios de un centro de la tercera edad.
Habría que cerrarlas todas previa subasta o, mejor aún, regalárselas directamente al grupo PRISA. Con la sagacidad empresarial propia de la casa, en un par de años no quedaría ni una. Eso que saldríamos todos ganando.
