Era el propio gremio del taxi quien quería secuestrar el mercado para así explotar sin miramiento a los consumidores.
¿Cuántas veces ha escuchado por boca del ‘lobby’ del taxi aquello de “cuando Uber o Cabify controlen el conjunto del mercado, dispararán sus precios y entonces los consumidores lamentarán haberles otorgado todo el poder”? El argumento era tramposo, pero al menos se basaba en una idea correcta: los mercados monopolizados (u oligopolizados) tienden a disparar sus precios en perjuicio del usuario final y en favor de aquella compañía que copa el sector.
El embuste de la consigna, pues, no era ese, sino el sugerir que Uber o Cabify pueden llegar a convertirse en monopolios dentro de un mercado de transportes que esté suficientemente liberalizado. Los monopolios suelen ser el resultado de barreras regulatorias de entrada que impiden a los insurgentes (los nuevos competidores) plantar cara a los incumbentes (los empresarios establecidos): o dicho de otro modo, mientras los legisladores no restrinjan el acceso al mercado para proteger a Uber o Cabify, estas compañías no tendrían ninguna capacidad para controlarlo. Toda persona con un vehículo particular, adscrito a alguna plataforma de intermediación y valoración (no solamente Uber o Cabify, también las propia Mytaxi o cualquiera que se creara a su imagen y semejanza), podría prestar tal servicio y, por tanto, competir con aquellos conductores a su vez adscritos a Uber o Cabify.
De hecho, es justamente al revés: ha sido el colectivo incumbente del taxi el que históricamente ha buscado restringir regulatoriamente la competencia insurgente dentro del sector para así poder imponer precios abusivos a los usuarios. Para ello, han presionado en un doble sentido al legislador: por un lado, lo han presionado para limitar la competencia, tanto interna (congelación del número de licencias) como externamente (medidas anti-VTC); por otro, lo han presionado para que fije precios más altos que aquellos que prevalecerían en un mercado competitivo. Como es obvio, ambos cabildeos han de ir de la mano: si el legislador no restringe la competencia y, al tiempo, las tarifas del taxi aumentan, los usuarios tenderán a utilizar aquellos competidores cuyas tarifas no se hayan reguladas/cartelizadas; a su vez, si el legislador restringe la competencia pero no incrementa las tarifas, los taxistas no podrán maximizar sus ganancias a costa del parasitismo del usuario.
Pues bien, durante los últimos días, acaso por causalidades del destino, hemos asistido a un doble movimiento en forma de pinza dirigido a estrangular a la competencia dentro del sector y a elevar las tarifas que impone el taxi a sus usuarios. Lo primero ha venido de la mano del decreto anti-VTC, convalidado ayer mismo por el Congreso (aunque pendiente de un ulterior desarrollo legislativo), por el que se faculta a autonomías y ayuntamientos a cargarse las autorizaciones VTC dentro de cuatro años: es decir, los taxistas ya respiran aliviados por el descenso futuro del número de competidores. Lo segundo, al menos en el caso de la ciudad de Madrid, ha sido promovido esta semana por el equipo de Carmena: una subida del 5,1% en las tarifas de taxi a partir de 2019.
Garantizado el arrinconamiento regulatorio de los competidores, los taxistas ya gozan de absoluta impunidad para disparar sus tarifas. Algunos propagandistas, eso sí, tratan de blanquear semejante sablazo contra el usuario arguyendo que solo se está modificando la estructura de la tarificación: a saber, que se elevan las tarifas en un 5,1% a cambio de suprimir algunos de los suplementos que hasta la fecha venían cobrando los taxistas (por ejemplo, el suplemento de un euro a partir del quinto viajero). No hay, según argumentan, ninguna subida neta del precio.
Pero se trata de un argumento completamente falaz: primero, no todos los suplementos se suprimen (por ejemplo, el recargo de 6,7 euros por viaje en Nochebuena y Nochevieja se mantiene); segundo, otros suplementos que sí se suprimen se reclasifican dentro de otros conceptos del precio final (por ejemplo, el suplemento de tres euros por viajes con origen en Atocha o Chamartín se integra en la bajada de bandera, que pasará a ser de 7,5 euros), y tercero, aun cuando se suprimieran los cinco suplementos que existen actualmente en Madrid —cosa que, como decimos, no sucede—, los taxistas apenas verían reducidos sus ingresos medios diarios entre un 1% y un 1,5% (cálculo del propio Ayuntamiento de Madrid). La subida de tarifas del 5,1% desborda, con mucho, cualquier pérdida que vaya a derivarse de la parcial supresión de los suplementos.
En definitiva, es verdad que, como anunciaban los taxistas, cuando alguna empresa o coalición de empresas se queda con la totalidad del mercado de transporte de viajeros, los precios se dispararán. Lo que se callaban convenientemente es que eran ellos, el propio gremio del taxi, quienes querían secuestrar el mercado para así explotar sin miramiento a los consumidores. Tan pronto como han logrado que los políticos cedan a sus exigencias anti-VTC, han dado el siguiente paso en su plan extractivo: disparar las tarifas del taxi con la ímproba colaboración del podemismo capitalino.
