Sánchez se refugia en pintorescos e ineficientes impuestos (presuntamente) medioambientales.
Al parecer, el Gobierno de Pedro Sánchez planea incrementar el impuesto de matriculación sobre los automóviles con motor de combustión. Se pretende así penalizar la adquisición de este tipo de coches y, en términos relativos, mejorar el marco fiscal de los vehículos eléctricos.
Muchos liberales han criticado esta subida impositiva echando mano del argumentario habitual: a saber, que los impuestos son un robo y que este en particular, además, va a repercutir especialmente sobre las clases medias. En este caso, sin embargo, me parece que aciertan en la crítica (es un error subir el impuesto de matriculación) pero por las razones equivocadas (un impuesto que pretenda corregir las externalidades negativas no es automáticamente un robo).
Me explico: los impuestos, en general, son injustos e ineficientes. Son injustos en tanto en cuanto suponen arrebatarle a una persona la riqueza que ha creado cooperativamente en el mercado: si alguien, en un entorno de libre competencia, produce bienes o servicios que el resto de personas valoramos lo suficiente como para entregarle un flujo enorme de ingresos, sería un robo parasitario el que le sustrajéramos sin motivo tales rentas. Además, dado que reducen los incentivos a que las personas generen valor, también comportan pérdidas irrecuperables de eficiencia.
Distinto es el caso, empero, de aquellos beneficios que algunos agentes económicos cosechan por no estar haciéndose cargo de la totalidad de los costes que generan con su actividad, esto es, cuando no internalizan todas las externalidades negativas que generan. En este supuesto, parte de los beneficios de una persona proceden no de generar valor para terceros, sino de expropiárselo al imponerles un daño que no está siendo objeto de compensación (a todos los efectos, no internalizar una externalidad negativa es lo mismo que recibir una subvención a costa de los demás).
Además, precisamente por lo anterior, este tipo de impuestos contra las externalidades negativas no tienen por qué ser ineficientes, dado que contribuyen a que las personas reduzcan su ritmo de actividad, es decir, reduzcan su ritmo de generación de esas externalidades negativas (que es justo lo que buscamos).
Sin ir más lejos, la última estimación del FMI al respecto calcula que la Unión Europea está “subvencionando” los combustibles fósiles (debido principalmente a sus externalidades negativas no internalizadas) por importe de 289.000 millones de euros anuales (el ‘ranking’ lo encabeza China con 1,4 billones de dólares anuales). Por ello, todos los pasos que se den para eliminar esa subvención encubierta (aunque sean mediante impuestos que graven la contaminación) no han de ser criticados sino bienvenidos desde un punto de vista liberal. O, al menos, no han de ser criticados salvo que conozcamos una alternativa preferible. Y en este caso esa alternativa preferible existe: el impuesto sobre la generación de CO2.
Incrementar el impuesto de matriculación a los vehículos con motor de combustión es una medida extremadamente ineficiente para combatir la contaminación. ¿Por qué hemos de presuponer que, bajo cualquier contexto económico, un coche eléctrico contamina menos que un coche no eléctrico? Primero, la producción de las baterías de los coches eléctricos genera una enorme cantidad de polución global (debido a que los metales de los que está compuesta se extraen en países con estándares medioambientales laxos y, por tanto, mediante técnicas muy contaminantes).
Segundo, la electricidad de la que se abastecen los coches eléctricos se genera mediante centrales que en muchas ocasiones (como sucede con las de ciclo combinado o las termoeléctricas) usan intensivamente combustibles fósiles (y por tanto contaminan). Penalizar sin más la adquisición de un coche con motor de combustión frente a un coche eléctrico es tan arbitrario como penalizar los ‘smartphones’ frente a los ordenadores portátiles. Para poder determinar qué bien crea más externalidades negativas, resulta necesario contabilizar antes toda la contaminación que ha sido generada en su fabricación y en su uso: y el único mecanismo barato, descentralizado e incentivador que conocemos para contabilizar tales costes (sociales) de oportunidad es el sistema de precios.
De ahí que en lugar de un muy ineficiente impuesto a la matriculación de vehículos, incapaz de discriminar entre volúmenes de contaminación generados en la fabricación y el uso de cada vehículo, deberíamos apostar más bien por un impuesto sobre el CO2 que internalice el coste social de la contaminación derivada de cada decisión que adopten los agentes económicos y cuya recaudación, además, no se utilice para cebar el tamaño del sector público sino que se redistribuya a modo de cheque per cápita entre los ciudadanos.
Sí, necesitamos internalizar los costes sociales de la contaminación: es decir, necesitamos dejar de subvencionar los combustibles fósiles. Y a falta de un mercado de derechos de emisión con costes de transacción lo suficientemente bajos como para volverlo operativo, un impuesto (pigouviano) sobre el CO2 puede ser la manera más transparente, sencilla y eficiente de conseguirlo. Pero Sánchez, de momento, no está recurriendo a este genuino impuesto medioambiental para corregir las externalidades negativas de la contaminación, sino que se refugia en otros pintorescos e ineficientes impuestos (presuntamente) medioambientales para, mientras se cuelga de un modo inmerecido la medalla ecologista, hacer caja para el fisco a costa de vaciar la cartera de los ciudadanos.
